Un nuevo escándalo relacionado al tratamiento del coronavirus y la salud salió a la luz en la Argentina. Después del caso del vacunatorio vip ilegal descubierto en Santiago del Estero, esta vez el escenario de una nueva estafa fue en Córdoba capital, donde se detuvo a dos bioquímicas y se imputó a otras tres personas, acusados de realizar tests de PCR falsos a cambio de importantes sumas de dinero.
La justicia de Córdoba investiga una serie de hechos ilegales perpetrado por un grupo de especialistas de la salud durante la segunda mitad de 2020. Según informó el diario La Voz, un grupo de bioquímicos y un enfermero realizaban pruebas falsas de PCR a cambio de montos de entre 6.000 y 11.000 pesos, de acuerdo “a la cara” del cliente.
La mayoría de las víctimas eran personas que temían salir de sus casas para acudir a un hospital a hacerse el test PCR u otras que necesitaban un certificado de salud para realizar un viaje al exterior.
Por el momento, el fiscal Gustavo Dalma solicitó la detención de dos bioquímicas, llamadas Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero, quienes serían las líderes de la banda que realizaba los tests ilegales.
Además, hay otros tres imputados en la causa que todavía permanecen en libertad: Florencia Galetto, novia de Villalón, su padre, el bioquímico Rodolfo Adrián Galetto y un enfermero llamado Javier Luján Zapata.
De acuerdo a lo investigado por la fiscalía, el modus operandi de la banda comenzaba en Vilallón, quien trabaja en una compañía automotriz y era la encargada de conseguir los insumos para los testeos y de reclutar a los potenciales clientes en ese ámbito.
De acuerdo a la Causa, tanto ella como Lucero, acudían a los domicilios de los clientes para someterlos a un examen PCR donde se detectaría si se contagiaron o no de coronavirus. En ese mismo encuentro aplicaban la tarifa del análisis, que variaba de acuerdo al cliente. Las tarifas oscilaban en precios acordes a los establecidos por los centros de salud privados que realizaban la misma tarea.
Después de 24 horas, las dos especialistas entregaban unos certificados vía Whatsapp donde el resultado de los tests era siempre negativo. Esa documentación contaba con sellos y certificados falsos de laboratorios reales de la provincia, que hoy se constituyen como damnificados en la causa.
Esos comprobantes tenían pixeladas las direcciones y teléfonos de los laboratorios. En tanto, esos mismos establecimientos ni siquiera se enteraban de la realización de esos análisis.
La encargada de falsificar los documentos y los sellos habría sido, de acuerdo a la justicia, la novia de Vilallón, Galetto.
La investigación también se centra en posibles testeos que las dos bioquímicas sí realizaron a través de contactos con el hospital San Roque sin que las autoridades supieran de eso. En esa parte de la trama aparecerían Lucero y Zapata, quienes son empleados de ese centro de salud.
El hospital San Roque realizaba, de hecho, esos análisis de manera gratuita pero, de acuerdo a las sospechas de la fiscalía, las dos bioquímicas también cobraban por esas supuestas muestras, en su rol de intermediarias.
Hasta el momento se presentaron ante la Justicia sólo cinco damnificados. De todos modos, la fiscalía considera que al menos hay unas 50 personas que fueron engañadas por las dos bioquímicas y que perdieron dinero por un análisis que nunca fue realizado.
En tanto, también se investiga el rol de Rodolfo Galetto, quien preside un laboratorio en Río Cuarto y se lo sospecha de haber suministrado los insumos para la toma de muestras de las presuntas víctimas de la estafa.
Por el momento, ninguna de las dos detenidas realizó declaraciones ante la Justicia. Se espera que tanto ellas como los otros tres investigados lo hagan en el transcurso de la semana.
El caso salió a la luz cuando un hombre contrató el servicio de las dos bioquímicas para someter a un análisis a su hijo, quien tenía síntomas similares a los del contagio de covid-19.
En su momento, el hombre le comentó a un médico amigo que el resultado estaría en 24 horas, a lo que el especialista le respondió: “Es trucho”. Tras buscar en internet, el hombre se comunicó con un laboratorio de Villa María que aparecía en el certificado y desde ese establecimiento desconocieron por completo la maniobra y el testeo mencionado.
En cuestión de pocas horas, el hombre y el laboratorio realizaron la denuncia y la causa pasó a manos de la Unidad Judicial de Delitos Económicos de Córdoba.
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