Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, dos de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Mar del Plata, están cada vez más cerca de ir a juicio político por haber decidido la absolución de Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62), acusados de asesinar a Lucía Pérez el 8 de octubre de 2016.
La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió por unanimidad la acusación a los magistrados por negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta en el juicio por el femicidio de la chica de 16 años. Aldo Carnevale, el otro juez integrante del Tribunal cuestionado, quedó exento del juicio político por haber renunciado a su cargo.
Los argumentos del Tribunal Oral Nro. 1 de Mar del Plata fueron que “la adolescente no era virgen, tenía experiencia sexual previa y un carácter fuerte” y que “Lucía no estaría con nadie sin su consentimiento”. El 12 de agosto de 2020 el Tribunal de Casación Penal de la Provincia anuló el escandaloso fallo de la absolución y ordenó la realización de un nuevo juicio.
Por el “mal desempeño en sus funciones” en mayo de 2019 un grupo de legisladores nacionales presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia un pedido de jury contra los jueces del Tribunal. Lo mismo la Procuración de la Provincia, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y a eso se sumó ahora la Bicameral, conformada en febrero pasado bajo la presidencia del diputado peronista Mario Giacobbe.
“Dan cuenta las denuncias de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio”, dice el fallo de la Bicameral, que considera demostrada “supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores” y que la sentencia “responde a un criterio androcéntrico (...) ya que no contemplaron la inclusión de la perspectiva de género por delitos sexuales, que dejaron pasar por alto”.
Según concluyeron los 12 integrantes (cinco senadores y siete diputados) de la Comisión, “los magistrados en lugar de juzgar la responsabilidad de los acusados por drogar y asesinar a una niña, juzgaron forzadamente la personalidad y la vida y actitudes previas de la de ella” y que lo hicieron así para “justificar lo que de manera arbitraria finalmente resolvieron, invirtiendo el onus probandi, en perjuicio de la propia víctima, en lugar de avocarse estrictamente a la conducta de los acusados”. Para la Bicameral el fallo es “androcéntrico, prejuicioso, estereotipado y ausente de la visión de género”.
“La familia de Lucía recibió muy positivamente esta decisión de los representantes del pueblo de la Provincia que han decidido llevar a juicio a los jueces que participaron en lo que fue el primer juicio aparente por el femicidio de Lucía. Personalmente celebro que el poder político se haga eco de un reclamo social respecto de un Poder Judicial que en algunos de sus integrantes se encuentra ausente la perspectiva de género y persisten estereotipos propios del patriarcado”, comentó a Infobae Cristina Monsterrat Hendrickse, abogada de la familia Pérez ante el jury.
“Es un paso adelante, quedan varios más, pero nuestro objetivo es que se fije una fecha para el nuevo juicio y que se logre la destitución de estos magistrados que todavía siguen tomando decisiones en relación a los pedidos de los acusados”, comentó la representante legal de la familia de Lucía a este medio.
La familia de Lucía, de hecho, pidió hoy mismo que la Corte Suprema fije fecha del juicio político. A diferencia de la Nación, en Provincia la Bicameral tiene potestad para elevar la denuncia de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, presidido por Daniel Fernando Soria. Por lo que ahora empieza un sumario para evaluar la denuncia y eventualmente llegar al jury.
“Estamos en víspera de un juicio político”, dijo a Télam Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, quien consideró que “el fallo que habían emitido parecía escrito por la defensa de los acusados, era aberrante”. Y agregó: “Estamos contentos, queremos que avance el jury y se los destituya; y que el nuevo juicio para juzgar a los femicidas de Lucía tenga fecha”.
El camino hacia el juicio político sigue ahora con el traslado a los magistrados acusados para que, en el plazo de 45 días, usen su derecho a defensa y, luego, se tratará la admisibilidad de la acusación; es decir, si se dispone o no la suspensión de los magistrados mientras avanza el debate definitivo.
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