Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

La presidenta Laura Fernández ratificó sus cuestionamientos contra el Poder Judicial y aseguró que mantiene su afirmación de que se produjo un “golpe de Estado institucional” contra la institucionalidad costarricense. La mandataria hizo las declaraciones al ser consultada sobre las repercusiones que generaron sus palabras y las críticas recibidas durante el plantón realizado este jueves en San José.

Ante la pregunta de si se retractaría de sus afirmaciones o si continuaría con sus cuestionamientos al Poder Judicial, Fernández respondió cuestionando la existencia de datos concretos sobre eventuales afectaciones económicas derivadas de sus declaraciones.

“¿Usted tiene algún dato de cuáles son las empresas, las inversiones, las afectaciones o lo que está haciendo es una suposición de su parte?”, preguntó la presidenta.

La periodista de Teletica insistió en que medios internacionales habían informado sobre el tema y planteó si, desde su perspectiva, sus declaraciones podían generar incertidumbre política y económica.

Fernández rechazó esa interpretación y aseguró que los indicadores económicos que maneja su Gobierno muestran un escenario favorable.

“No, no me parece”, respondió la mandataria, antes de enumerar varios indicadores que, según afirmó, mantienen una evolución positiva.

“Los datos que yo tengo de crecimiento de las inversiones, de crecimiento del empleo, de crecimiento del turismo, de crecimiento de las exportaciones, de crecimiento del dinamismo de nuestra economía, gracias a Dios, van por buen camino”, sostuvo.

Sin embargo, la presidenta decidió profundizar en el concepto que había utilizado días atrás y aseguró que no se trataba de una expresión de la que pretendiera retractarse.

“Lo que yo dije de que se estaba dando un golpe de Estado a la institucionalidad de Costa Rica, es absolutamente cierto”, afirmó.

Fernández explicó que, desde su perspectiva como politóloga, pueden existir golpes institucionales cuando uno de los poderes del Estado utiliza sus atribuciones para afectar la independencia o autoridad de otro poder.

“Cuando los poderes del Estado, el Legislativo, el Judicial o el Ejecutivo, generan golpes utilizando las leyes, utilizando su propio poder, a la independencia o a la autoridad que cada uno de estos poderes debemos de tener, eso se llaman golpes de Estado institucionales”, argumentó.

La mandataria dirigió entonces su crítica hacia una decisión de cuatro magistrados de la Sala Constitucional, a quienes cuestionó por una resolución que, según su interpretación, habría excedido las competencias establecidas por la Constitución y las leyes.

“Cuando cuatro magistrados de la Sala Cuarta generan un voto que viola abiertamente lo que pueden hacer según nuestra Constitución y según las leyes, eso es un golpe a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa”, afirmó.

Fernández también vinculó su argumento con la legitimidad electoral de la actual composición del Congreso. Recordó que 31 diputados pertenecen a la fracción oficialista y fueron elegidos mediante elecciones que calificó de libres y democráticas.

La presidenta destacó además el nivel de participación registrado en las últimas elecciones y aseguró que el abstencionismo disminuyó en más de 10 puntos porcentuales.

“Hubo una participación enorme del pueblo de Costa Rica”, afirmó.

También sostuvo que, desde hace 44 años, ningún presidente de la República había contado con una fracción oficialista de un tamaño similar.

A partir de esos datos, Fernández defendió que su Gobierno tiene un mandato electoral que debe ser respetado y cuestionó que magistrados que no son elegidos directamente por la ciudadanía puedan adoptar decisiones que, según ella, interfieran con las competencias de los representantes electos.

“Cuando a mí me elige más de 1,2 millones de personas con una fracción legislativa de ese tamaño y vienen cuatro magistrados, que no los eligió el pueblo, a sacar una resolución que no se las permite la Constitución y ninguna ley de la República, por supuesto que yo, como presidente y persona que cree firmemente en la democracia y en la división de poderes, me preocupo”, declaró.

La mandataria insistió en que considera que levantar la voz frente a lo que interpreta como una amenaza a la división de poderes forma parte de sus responsabilidades.

“Es mi deber levantar la voz por lo que no está bien”, afirmó.

Fernández también rechazó las acusaciones de quienes participaron en el plantón realizado el día anterior y que, según relató, señalaban que ella pretende ejecutar un golpe contra el Poder Judicial.

La presidenta sostuvo que, por el contrario, su administración ha intentado mantener canales de diálogo con las autoridades judiciales.

“Yo he abierto las puertas de la Casa Presidencial”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó una reunión con Patricia Solano, cuya salida posterior, según Fernández, generó una versión de que el encuentro había sido hostil. También aseguró que posteriormente invitó nuevamente a representantes del Poder Judicial al Consejo Nacional de Seguridad, pero que dejaron las sillas vacías y no asistieron.

Fernández agregó que su Gobierno presentó 11 proyectos de ley relacionados con la lucha contra la delincuencia y cuestionó que representantes del Poder Judicial no hubieran participado, según su versión, en la elaboración de esas iniciativas.

La presidenta vinculó además la discusión con los esfuerzos de ajuste presupuestario que, según afirmó, han debido realizar todas las instituciones públicas.

“Lo que sí dicen que es un golpe a ellos es pedirles que se soquen la faja”, señaló.

Fernández sostuvo que ella misma fue la primera mandataria a la que se le pidió realizar un ajuste presupuestario y aseguró que su administración ya ha aplicado recortes en las instituciones gubernamentales.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la plata alcance”, manifestó.

Al cierre de sus declaraciones, la presidenta negó tener intención de atacar, cerrar o debilitar al Poder Judicial y aseguró que su posición responde a una defensa de la institucionalidad y de la división de poderes.

“Yo no tengo ningún deseo ni de atacar al Poder Judicial, ni de cerrarlo, ni de violar ninguna ley”, concluyó.