La situación de la niñez en el país: las principales consultas a la línea 102 son por maltrato y negligencia

Así lo revela un informe oficial del Gobierno. Córdoba, San Juan y Chaco encabezan el listado de llamadas por hechos de violencia

En 2020, unas 38 mil consultas se radicaron en la Línea 102 de protección de los derechos de la niñez.
En 2020, unas 38 mil consultas se radicaron en la Línea 102 de protección de los derechos de la niñez.

El alerta que disparó el caso de M., la niña de siete años que fue sustraída de su familia por el cartonero Carlos Alberto Savanz en Villa Lugano, expone la crítica realidad del sector de la población más expuesto a las situaciones de vulnerabilidad. Junto con unas condiciones de pobreza que oscila en torno al 63% entre los más chicos, los niños, niñas y adolescentes del país son blanco de múltiples tipos de violencias y privaciones. Un informe oficial reveló que la mitad de los llamados a la Línea 102 –el servicio telefónico gratuito de promoción de derechos de la niñez– son por maltrato físico y negligencia.

Los datos se desprenden de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), a cargo de Gabriel Lerner. Son 38.619 llamadas recibidas en la Línea 102 en relación a pedidos de asesoramiento y consultas vinculadas por derechos sobre la infancia, que van desde preguntas sobre situaciones de violencia a trámites vinculados al DNI, la Asignación Universal por Hijo, entre otras.

De acuerdo a ese registro, que recopila la información desde enero a septiembre del año pasado, la mayor cantidad de consultas fueron por maltrato físico (4.165) y negligencia (3.698). Le siguen los hechos donde los niños y adolescentes son testigos de violencia intrafamiliar (2.102), otro tipo de consultas legales (1.888) y las situaciones de abandono o ausencia de una persona adulta responsable (1.715).

Solo considerando los casos de violencia, el maltrato físico y la negligencia ocupan la mitad de las inquietudes de la población que se comunica con la línea de emergencia. Hubo en total 14.301 consultas registradas por algún tipo de daño ejercido sobre los chicos y adolescentes. El abandono ocupa el cuarto lugar de las preocupaciones, con el 12% del total de la muestra, y le siguen el abuso sexual infantil (9,5%) y el maltrato psicológico (8%). Situaciones como la negligencia o el maltrato emocional son jerarquizadas puntualmente por la Senaf, ya que suelen “dejar marcas” en la infancia que afectan al desarrollo integral de las personas.

En relación a los motivos relacionados con el caso M., se informaron 559 llamados acerca de niños en situación de calle, 187 casos sobre extravío, 178 sobre vulneración del derecho a la vivienda y 177 vinculados a la “fuga del hogar”.

La Línea 102 se convirtió en una referencia durante la pandemia, ante el cierre de instituciones clave que colaboran con la protección de los derechos de la niñez, como la escuela y otros establecimientos educativos. Este tipo de servicio a veces representó la única entrada posible de consulta y de confidencialidad en tiempos de cuarentena. Abril, mayo y agosto fueron los meses de mayor actividad en las consultas, coincidente con el período más duro de aislamiento obligatorio.

“La convivencia en espacios reducidos y cerrados en situaciones desfavorables tanto económicas, sociales y laborales, han generado o agravado las situaciones de violencias a niñas, niños y adolescentes”, señala el informe.

Si bien los datos analizados representan apenas una aproximación sobre el estado de la niñez, dan cuenta de dos aspectos: la penetración de la Línea 102 en la población, por un lado, y las prioridades sociales en relación a los derechos de la niñez, por el otro. Por ejemplo, suelen detectarse los casos de maltrato más visibles e identificables, mientras que existe una subrepresentación de los casos de abuso sexual infantil debido al secreto y el entorno de manipulación de los victimarios. También aparecen subestimadas (y naturalizadas) las carencias en la alimentación y de la vivienda, teniendo en cuenta que unos 6 de cada 10 niños en el país están bajo la línea de pobreza. Además, los chicos y chicas la usaron poco durante el 2020: solo el 2% se comunicaron con la línea.

La información recopilada es otro indicador que refleja políticas públicas. A tono con los peores resultados en indicadores sociales, la provincia con mayor cantidad de consultas relevadas es Formosa (5.915), seguida por Jujuy (3.649), Chaco (3.608). Por peso poblacional, en términos cuantitativos, los primeros cinco distritos se completan con la Provincia de Buenos Aires (4.168) y la Ciudad de Buenos Aires (3.362). Si se consideran solo las llamadas por hechos de violencia, las provincias con mayor proporción de situaciones denunciadas son Córdoba (90%), San Juan (78%), Chaco (70%), Tucumán (55%) y CABA (51%) .

Además, hasta el caso M., unas 19 provincias habían incorporado el Programa Línea 102. Distritos como Santa Fe, San Luis y Chubut carecían de este servicio nacional y adoptaron otro tipo de líneas de atención regionalizadas. “La implementación de la Línea 102 requiere de la decisión y del compromiso institucional, de la consolidación de un equipo de trabajo y además de una instalación tecnológica y comunicacional. Estas dimensiones para algunas provincias son un gran desafío y es por eso que aún no cuentan con el servicio”, señala el informe de la Senaf.

Las personas en situación de calle en la Ciudad

La conmoción detrás del caso M. puso en el centro de la atención a los niños y niñas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. La niña estaba expuesta a una extrema vulnerabilidad: dormía sobre un colchón de goma espuma en una carpa junto a su mamá debajo de la autopista Dellepiane, en la villa Cildañez de Parque Avellaneda. La vivienda precaria estaba elaborada por dos tablas de madera, una tela, la lona de una pileta y un cobertor de nylon.

El Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CPPSC), realizado en abril de 2019 por organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales, concluyó que unas 7.251 personas no contaban con un techo propio. De ese total, 871 niños, niñas y adolescentes y al menos 40 mujeres embarazadas estaban en esa situación; y unas 5.412 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el Gobierno de la Ciudad; es decir, dormían directamente en la calle.

Al haber sido realizado hace dos años, se presume que el número de personas que no tienen techo aumentó considerablemente en pandemia. Es que la crisis económica y la falta de políticas públicas para atender a la población vulnerable influyen en la caída hacia los márgenes del espacio público. Así se observó entre 2017 y 2019, cuando creció un 23% la población sin viviendas en la Capital Federal. Fueron 1.461 afectados más que se encontraron, por primera vez, en la calle.

En el último relevamiento de la CPPSC, 802 personas dijeron que estaban en la calle por pérdida de empleo y 550 por incapacidad de costear una vivienda. El resto advirtió que la razón fue por conflictos de pareja, familiares o el consumo problemático de sustancias. Además, unos 2.314 de los encuestados afirmaron no poder acceder al subsidio habitacional del Gobierno porteño por aspectos administrativos.

La vivienda de M., bajo la autopista Dellepiane en el barrio porteño de Villa Lugano.
La vivienda de M., bajo la autopista Dellepiane en el barrio porteño de Villa Lugano.

Para Marisa Graham, la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, la desaparición de M. pone de manifiesto “el déficit de políticas públicas en materia de niños en situación de calle” que en la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por “bajos subsidios y pocas plazas disponibles en paradores”.

La Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ) denunció que el presupuesto destinado a la protección de las personas de calle se mantuvo congelado sin aumentos en la Ciudad de Buenos Aires. La meta es asistir a 19.600 familias con subsidios habitacionales, aun cuando se estima que haya una mayor cantidad de personas en emergencia. En su conjunto, las partidas presupuestarias asignadas a la función de vivienda en las villas de emergencia se redujo un 67,9% en relación al 2019, de acuerdo a la ACIJ.

Lo que ocurre en Ciudad de Buenos Aires no es una excepción entre las dirigencias políticas. “El problema de personas que habitan las calles en las grandes ciudades y sus suburbios es extendido en el mundo, más agudo aún en aquellos países cuyo índice de pobreza es elevado, y donde se hacen presente con agudeza las desigualdades sociales”, apuntó la defensora Graham.

Desde el Gobierno porteño defienden la gestión en inversión social. Según su visión, uno de cada dos pesos del presupuesto porteño se destina a esa área, en rubros como salud, educación, trabajo, cultura, vivienda y cloacas.

La Ciudad tiene una serie de dispositivos de asistencia socio-sanitaria, como los centros de día y noche para alojamiento de personas en situación de calle: el Centro de Atención Integral a la Niñez la Adolescencia (CAINA) y los paradores “La Boquita” y “La Balsa”. Desde allí se gestiona la atención de la salud física y psicológica de la población afectada, y se promueve la inscripción en talleres recreativos y artísticos, gestiones educativas y se trabaja en los vínculos afectivos desde un acompañamiento integral.

Por la pandemia, los paradores y centros empezaron a funcionar las 24 horas y, según el gobierno porteño, se reforzaron las recorridas por los barrios con un “equipo móvil”, que atiende las solicitudes de alojamiento informadas por los propios afectados o los vecinos. Estos equipos trabajan articuladamente con el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la intención de elaborar estrategias para cada caso en conjunto con la guardia jurídica permanente de abogados, y los equipos de Monitoreo y Asistencia Territorial, entre otros.

“Destinamos más de 2.000 millones de pesos a las políticas de niñez y adolescencia, incluyendo su alimentación y su cuidado físico, pero también el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales”, advierten en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MDHyH), a cargo de María Migliore. Otro concepto relevante en materia de asistencia son los $3.700 millones destinados a los “damnificados de cualquier tipo de emergencia social”, como las que afrontan las personas en situación de calle o familias con alta vulnerabilidad social.

Además, aclaran, la inversión en infraestructura “tuvo la mayor prioridad de los últimos 25 años”, con un total de $12.700 millones en 2018 y un acumulado de 54.400 millones de pesos entre 2016-2020. En el año pasado, unos 28.800 millones de pesos se destinaron como partidas a la cartera de Migliore. “Hace 13 años que el área de Desarrollo Humano no tenía el peso que en 2020 tuvo dentro del presupuesto de la Ciudad”, concluyeron.

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