El cobro de talachas en cárceles de Guatemala suma al menos $7,568,498.41 en denuncias entre enero de 2025 y mayo de 2026

El diputado José Chic citó al Congreso de la República de Guatemala al director del Sistema Penitenciario Jorge Guillermo López Dellachiessa, al primer viceministro de Seguridad Estuardo Roberto Solórzano Elías y al presidente relator del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura Franck Ríos para exigir explicaciones por el cobro de talachas en las cárceles, una práctica que durante la audiencia fue vinculada con extorsión, corrupción interna y financiamiento de estructuras criminales, y que según lo expuesto acumula al menos Q57.672.000 en denuncias registradas entre enero de 2025 y mayo de 2026.

El dato más alto de la sesión lo presentó Franck Ríos, presidente relator del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura: su oficina recibió 178 denuncias por cobros ilegales en centros de privación de libertad desde enero de 2025 hasta la fecha de la citación. Según Ríos, esos reportes describen exigencias de Q5.000 a Q30.000 y, en casos excepcionales, de Q75.000 a Q200.000 como cuota única de ingreso.

Esa estadística equivale a un promedio de Q18.000 por denuncia y a un impacto económico estimado de Q3.204.000 mensuales, según Ríos. De las 178 denuncias, 110 corresponden a 2025 y 68 a 2026; si la tendencia se mantiene, este año podría triplicarse el total del anterior.

El 65% de las denuncias proviene del área metropolitana y el 20% de Renovación Uno, según Ríos. El funcionario aclaró que su oficina no tiene una estimación de los casos no denunciados porque los expedientes se procesan con montos específicos y bajo garantía de confidencialidad.

El sistema penitenciario reportó menos denuncias y dijo que el 90% de los cobros ocurre entre reclusos

La cifra oficial del Sistema Penitenciario fue menor. López Dellachiessa sostuvo que la Inspectoría General y la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria registraron 80 denuncias en 2025, con Q2.600.000 exigidos, y 35 denuncias entre enero de 2026 y la fecha de la citación, con Q390.000 denunciados.

El director remarcó que esos montos corresponden a dinero exigido, no necesariamente pagado, y señaló que el centro con más problemas es el Preventivo de la Zona Dieciocho, con aproximadamente 100 movimientos diarios entre ingresos y libertades. También reconoció que sí existen denuncias por talachas dentro de las cárceles, aunque con una estadística menor a la del mecanismo contra la tortura.

Según la versión de López Dellachiessa, el 90% de esos cobros se genera entre privados de libertad y el resto involucra a guardias. Como respuesta, en el Preventivo de la Zona Dieciocho fueron movidas cinco personas identificadas como encargados de sectores, mientras que en Pavón hay alrededor de 30 privados de libertad aislados y siete trasladados, incluidos dos voceros generales de las granjas.

Ante la pregunta sobre cuántos casos fueron llevados al Ministerio Público, López Dellachiessa indicó que presentaron cuatro denuncias, todas con participación de personal de guardia. Esa respuesta concentró una de las diferencias más claras entre los registros internos del sistema y los datos del mecanismo de prevención.

Ríos explicó que los cuadros estadísticos de ambas instituciones “nunca van a ser iguales”, porque muchas personas que denuncian ya intentaron acudir primero a los controles internos y desistieron por temor a represalias, ante antecedentes de connivencia de agentes penitenciarios. Añadió que su oficina investiga directamente con el Ministerio Público y que ya existen más de 40 procesos de investigación en el período mencionado.

El presidente relator del mecanismo dijo además que el canal más utilizado para recibir denuncias es WhatsApp, disponible las 24 horas. También señaló que ya existen boletas de depósito documentadas dentro de carpetas de investigación y recordó que el cobro de talachas cuenta con una figura penal específica en el artículo 214 bis del Código Penal, incorporada a propuesta de la oficina y aprobada por el Congreso.

La discusión por Renovación Uno y el anexo B de la Zona Dieciocho marcó la audiencia

La discrepancia sobre Renovación Uno produjo uno de los momentos de mayor tensión. Mientras Ríos aseguró que el 20% de las denuncias proviene de ese sector, López Dellachiessa respondió que allí “no tenemos ingresos” y que no registran talachas.

Chic rechazó esa versión y recordó un homicidio ocurrido el 21 de mayo de 2026 en esa prisión. López Dellachiessa contestó que la población acusaba al recluso asesinado de continuar con extorsiones desde la cárcel y que otros privados de libertad lo golpearon por esa razón.

El primer viceministro de Seguridad Estuardo Roberto Solórzano Elías informó que fueron trasladados tres privados de libertad de alta peligrosidad del anexo B del centro preventivo de la Zona Dieciocho, en un operativo conjunto con policías, sistema penitenciario, inteligencia civil y el Ejército. Según Solórzano Elías, ese traslado permitió retomar obras suspendidas.

El funcionario indicó que el espacio estará listo en dos meses y medio para personas detenidas por delitos y faltas menores. La medida busca evitar que esas personas ingresen al preventivo principal, donde operan estructuras ya asentadas.

López Dellachiessa añadió que el sistema mide el efecto de su estrategia con dos indicadores: motines y fugas. Sostuvo que, salvo el motín de enero en Renovación Uno, no han vuelto a registrar otro episodio desde que reforzaron medidas internas y promovieron la línea anticorrupción 1533 en centros penitenciarios, redes sociales y material informativo distribuido durante las visitas.