La justicia hondureña condenó a 11 exmiembros de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), quienes fueron encontrados responsables de una serie de delitos cometidos durante un operativo ejecutado en noviembre de 2023 en Villanueva, Cortés, en perjuicio de dos ciudadanos de origen filipino.
La resolución fue dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, luego de valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral y público.
La información fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas, quien explicó que los exagentes fueron declarados culpables de distintos delitos, por lo que las audiencias de individualización de penas se desarrollarán en fechas separadas.
Los condenados son Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio Gonzales, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.
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Operativo irregular
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2023 en una vivienda ubicada en la colonia Real del Puente, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés.
Las investigaciones establecieron que los entonces miembros de la Dipampco ingresaron al inmueble sin contar con una orden judicial válida y ejecutaron una serie de acciones que vulneraron los derechos fundamentales de las víctimas.
Según la tesis fiscal, durante el operativo los ciudadanos filipinos fueron sometidos a actos de intimidación, violencia física y psicológica, además de ser privados ilegalmente de su libertad.
Las autoridades sostienen que posteriormente los agentes procedieron a despojarlos de dinero y otras pertenencias de valor mediante el uso de la fuerza y amenazas, configurando el delito de robo con violencia e intimidación agravada.
Uno de los aspectos más graves revelados durante la investigación fue la presunta colocación de evidencias falsas para justificar la intervención policial y construir una narrativa que permitiera presentar a las víctimas como responsables de actividades ilícitas.
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Los fiscales argumentaron que los agentes manipularon documentos y alteraron elementos de prueba con el propósito de legitimar actuaciones que se realizaron fuera del marco legal.
Delitos acreditados por el tribunal
Tras analizar el conjunto probatorio, el tribunal determinó la responsabilidad penal de los acusados por varios delitos, entre ellos allanamiento de domicilio cometido por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada continuada, privación ilegal de la libertad realizada por funcionario o empleado público, falsificación de documentos públicos y tortura.
La declaración de culpabilidad representa uno de los casos más significativos en materia de rendición de cuentas dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, debido a la gravedad de los hechos y a la naturaleza de los delitos acreditados durante el juicio.
La gravedad de las acusaciones provocó cuestionamientos sobre los protocolos operativos utilizados por algunos cuerpos policiales y abrió un debate sobre la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos.
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La desaparición de la Dipampco
El proceso judicial coincidió con una reestructuración de las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno hondureño.
Como parte de esas reformas, el presidente Nasry Asfura ordenó la cancelación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), decisión adoptada durante una sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
La medida respondió a la intención de reorganizar los esfuerzos estatales dirigidos al combate de estructuras criminales, especialmente aquellas vinculadas a la extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios en el país.
En sustitución de la Dipampco, el Gobierno dispuso la creación de una nueva División Antiextorsión adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con la finalidad de fortalecer las capacidades investigativas y mejorar los mecanismos de supervisión institucional.
Las autoridades han señalado que la nueva estructura busca priorizar la inteligencia criminal, la investigación científica y la coordinación interinstitucional para enfrentar las redes delictivas de manera más efectiva.
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Expectativa por las condenas
Tras el fallo de culpabilidad, la atención se centra ahora en las audiencias de individualización de penas, donde se determinará la condena que deberá cumplir cada uno de los exfuncionarios involucrados.
Las condenas podrían representar varios años de prisión, considerando la naturaleza de los delitos acreditados, particularmente aquellos relacionados con tortura, privación ilegal de libertad, falsificación de documentos públicos y robo agravado.
El caso también es visto como una prueba para el sistema de justicia hondureño en materia de combate a la corrupción, protección de los derechos humanos y fortalecimiento del Estado de derecho, especialmente cuando los acusados forman parte de organismos encargados de garantizar la seguridad pública.
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