Un informe de la Fundación LED reveló que en 2020 hubo 141 casos de limitaciones a la libertad de expresión

La Fundación LED publicó su informe anual titulado “Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión”, y en la edición 2020 se reveló que el año pasado se registraron al menos 141 casos en los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública.

“La pandemia de Covid-19 no ha sido solo un fenómeno epidemiológico, sino que por sus dimensiones se ha constituido en un factor disruptivo en las relaciones sociales, culturales y económicas, con impacto en la salud física y psicológica de las personas, cuyo alcance todavía es imposible de calcular”, comienza el informe al que accedió este medio.

En esa línea, la organización aseguró que “la comunicación social experimentó un cambio trascendental en la vida cotidiana sobre todo en los inicios de la pandemia. Los medios y plataformas digitales nunca han tenido como en la primera mitad del año 2020 un rol tan relevante en la articulación de las relaciones humanas; difundiendo la evolución de la crisis, las políticas sanitarias adoptadas, las medidas de prevención y las instrucciones para organizar a la sociedad fomentando estrategias compartidas por la comunidad internacional, intercambiando experiencias y acelerando la cooperación científica en busca de una cura”.

Respecto de los casos en los que se afectó la libertad de expresión, la Fundación los divide en siete categorías: 1 - Ataques, agresiones físicas, amenazas, intimidaciones institucionales a Periodistas o Medios de Comunicación; 2 - Periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente; 3 - Ataques y/o agresiones físicas a Periodistas; 4 - Amenazas o intimidaciones a Periodistas; 5 - Restricciones al Acceso a la Información Pública, Hechos de Censura; 6 - Ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación; 7 - Denuncias y/o manifestaciones y/o Declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en la República Argentina.

El informe reveló que en 2020 hubo 34 casos de Categoría 1; 27 de Categoría 2; 13 de Categoría 3; 32 de Categoría 4; 17 de Categoría 5; 5 de Categoría 6; y 13 de Categoría 7.

En detalle, los autores del informe 2020 aseguraron que “el año del Covid-19, generó cambios sociales de gran magnitud que modificaron muchas de nuestras conductas personales, intrafamiliares, comunitarias. La centralidad y omnipresencia de internet para la comunicación brindó excelentes herramientas para morigerar los efectos negativos de la pandemia, pero también ha generado un fuerte debate en casi todas las latitudes sobre la influencia de internet en la profundización de aspectos nocivos como la desinformación o sobre la utilización de censura y monitoreo sobre la opinión de los ciudadanos a través de las redes sociales, entre otros aspectos que se plantearon riesgosos para el ejercicio pleno de los derechos civiles y las libertades ciudadanas”.

“Fake news, infodemia, aislamiento social, ciberpatrullaje de redes sociales, censura, aplicaciones de trackeo de contagios impuestas desde los estados para el seguimiento de los ciudadanos afectados o en contacto con enfermos de Covid-19, fueron solo algunos de los temas que tomaron relevancia y que caracterizaron el debate público el año que pasó”, se resaltó.

En tanto, el informe explicó que “el impacto y la huella que cada uno de ellos ha dejado sobre la libertad de expresión, la libertad de circulación, el derecho de protesta, la libertad de pensamiento y opinión fue determinante y ha marcado un debate renovado en nuestro país sobre la necesidad de fortalecer la democracia con compromiso de todos y sin excepción”.

“En Argentina en particular el ciberpatrullaje implementado por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y la creación de distintos organismos estatales destinados a regular contenidos en redes sociales, a través “observatorios de medios”, se constituyeron en los aspectos más negativos dejados por el año de la Pandemia sobre las libertades individuales. La creación de NODIO, un observatorio estatal en el ámbito de la defensoría del público, seguido por la implementación de un observatorio municipal en la Ciudad de Rosario para el seguimiento de contenidos digitales y una ley provincial que dio luz al observatorio de medios en la provincia de Santa Cruz son claros ejemplos de los intentos de regular contenidos de internet y monitorear la opinión ciudadana”, sostiene el trabajo realizado por la Fundación LED.

En ese sentido, los autores del texto destacaron que “en distintas provincias argentinas el ciberpatrullaje culminó con ciudadanos encarcelados por su opinión, como en la provincia de Misiones o periodistas multados por opinar sobre las medidas sanitarias, como en el caso de la localidad de Pichanal en la provincia de Jujuy y el del periodista Diego Masci condenado por publicar un video en su sitio web de una ex ministra provincial en San Luis, entre otros. También en la provincia de Formosa las restricciones para la ciudadanía y la prensa a expresarse fueron fuertemente limitadas. Muchas marchas de reclamo en distintas ciudades de la Patagonia terminaron con ciudadanos intimados, sufriendo maltrato policial o multas abultadas por circular sin permiso cuando expresaban su descontento”.

“Por otra parte, en un contexto particular, donde rigieron severas restricciones para la circulación, los trabajadores de prensa y los ciudadanos en general han visto alteradas y afectadas sus posibilidades de ejercer libremente su labor”, enfatizó el informe

Por otro lado, los autores aclararon que “muchos de los casos que se reportan en el informe, por su gravedad o por su alcance, han sido informados a los ámbitos internacionales correspondientes como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) o la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entrado el presente año, uno de ellos ocupó la atención de la Fundación LED por las restricciones impuestas al ingreso a la provincia de Formosa a periodistas y medios de otros puntos del país y que ameritó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de garantizar la libertad de prensa y restablecer la libertad de circulación e ingreso de los periodistas en dicha provincia”.

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que desde 2011 se dedica a proteger y difundir el derecho a la libertad de expresión y al seguimiento de las políticas públicas en materia de pauta publicitaria, acceso a la información y transparencia.

El informe completo:

La edición 2020 del Informe LED “Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión”, está integrada por un breve análisis del contexto que ha influido sobre el ejercicio de este derecho fundamental a lo largo del año. La información detallada de los casos que fueron analizados y registrados como limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión durante el año 2020, se presenta en un capítulo dedicado a detallar de manera cronológica todos los hechos que llegan a conocimiento de la fundación, por los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública.

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