
Un grupo de opositores de Nicaragua solicitó al fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, que investigue y procese penalmente a Daniel Ortega y Rosario Murillo por presuntos asesinatos de tres ciudadanos estadounidenses ocurridos en el país centroamericano entre 2018 y 2019.
La petición fue firmada por Alfredo Gutiérrez, Félix Maradiaga, Jaime Arellano y Medardo Mairena, representantes de Liberales Nicaragua, el Movimiento Campesino de Nicaragua y Ruta del Cambio. Según una nota de difundida por diferentes medios, la carta fue entregada el 21 de octubre.
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Los opositores solicitaron además que la investigación alcance a subordinados de Ortega y Murillo, y que las autoridades estadounidenses empleen los mecanismos legales disponibles para llevar a los eventuales acusados ante tribunales de ese país, entre ellos órdenes de arresto, notificaciones internacionales y recompensas por información.
La misiva identifica los casos de Eddy Antonio Montes Praslin, Sixto Henry Vera y Ariana Enid Martínez García, a quienes los firmantes presentan como ciudadanos estadounidenses asesinados en Nicaragua. El documento sostiene que existen antecedentes y bases jurídicas para que la Fiscalía de Estados Unidos evalúe la apertura de una investigación.

“Estamos buscando justicia para las víctimas y tocando todas las puertas que puedan abrir un camino para sus familias”, dijo Maradiaga, presidente de Ruta del Cambio, en declaraciones compartidas a Infobae. El dirigente añadió que la iniciativa busca reunir pruebas y sostener la demanda “hasta que los responsables rindan cuentas”.
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El caso central de la petición es el de Eddy Montes, un ciudadano estadounidense y veterano de la Marina de Estados Unidos que murió el 16 de mayo de 2019 mientras permanecía encarcelado en el penal La Modelo, luego de su detención por participar en las protestas cívicas contra el gobierno nicaragüense.
De acuerdo con Maradiaga, Montes murió por el disparo de un custodio penitenciario. “Estaba preso, bajo la responsabilidad de un Estado que tenía la obligación de proteger su vida”, afirmó el opositor, quien también estuvo detenido en Nicaragua y es originario de Matagalpa, la misma ciudad de la que procedía Montes.
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Maradiaga señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó en su momento la muerte del preso político, aunque sostuvo que la familia todavía espera el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

La carta también solicita investigar el asesinato de Sixto Henry Vera, ocurrido en Managua en junio de 2018. Según el planteamiento de los firmantes, la versión policial sobre ese crimen fue cuestionada después de que familiares de uno de los señalados presentaran documentación que indicaba que estaba hospitalizado desde antes de los hechos.
El tercer expediente mencionado es el de Ariana Enid Martínez García, asesinada en Matagalpa en septiembre de 2019. Maradiaga precisó que en ese caso hubo una condena contra el autor material. Sin embargo, indicó que existen testimonios sobre amenazas y expresiones políticas durante la agresión, además de señalamientos sobre posibles vínculos del agresor con estructuras oficialistas.
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Los firmantes piden que se evalúe la cadena de mando estatal
La solicitud plantea que las autoridades estadounidenses revisen si hubo responsabilidad de Ortega y Murillo, y otros funcionarios dentro de las estructuras estatales señaladas por organismos internacionales por la represión contra opositores.
“La investigación tiene que alcanzar a los responsables, cualquiera que sea su rango”, sostuvo Maradiaga. “Un uniforme, un cargo o la cercanía con la familia gobernante no deben servir para eludir la justicia”, agregó.

El dirigente explicó que la presentación de la carta no implica que exista una orden de captura ni que la Fiscalía estadounidense haya resuelto formular cargos. Afirmó que las autoridades deberán evaluar la jurisdicción, examinar documentos, entrevistar a testigos y determinar si hay fundamentos para avanzar con un proceso judicial.
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También advirtió que una eventual detención fuera de Nicaragua dependería de órdenes válidas, de la cooperación de otros países, de los procedimientos de extradición y de las decisiones que se adopten sobre posibles cuestiones de inmunidad.
“No estamos anunciando que la Fiscalía estadounidense haya decidido formular cargos o emitir órdenes de arresto”, remarcó Maradiaga, quien describió el proceso como complejo y potencialmente prolongado.
Los opositores argumentan que la ciudadanía estadounidense de las tres víctimas abre una vía legal que debe ser examinada fuera de Nicaragua, ante el control que, según denuncian, Ortega y Murillo mantienen sobre las instituciones del país.
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La nota de prensa concluye con un pedido para que Estados Unidos amplíe la investigación sobre los subordinados de los dos dirigentes nicaragüenses. Los firmantes anunciaron que continuarán con la documentación de testimonios y antecedentes para dar seguimiento a la solicitud.
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