La justicia de San Juan destinó en los últimos meses 1.800.000 pesos para comprar zapatillas, ollas y comida para merenderos y comedores de la provincia. ¿Cómo lo hizo? Con el dinero recaudado de las multas que pagaron quienes fueron condenados por violar el aislamiento obligatorio.
Zapatillas, elementos para cocinar y comida fue lo que recibieron 27 instituciones hasta ahora y en los próximos días lo harán otras seis, según el cronograma de la Oficina Judicial del procedimiento especial de flagrancia que depende de la Corte Suprema de Justicia de San Juan.
“Una de las tareas que tenemos como Oficina Judicial es administrar las reparaciones simbólicas que se aplican en las causas judiciales. Tenemos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y en esta etapa de la pandemia tomamos como política darle un destino social a ese dinero para las partes más vulnerables”, le explicó a Infobae Matías Senatore, director del organismo.
Desde que se inició el aislamiento obligatorio en San Juan fueron condenadas 979 personas por violar la cuarentena, según datos oficiales registrados hasta el miércoles. Fue mediante el sistema especial de flagrancia. Son los delitos que se detectan en el momento en que se están llevando a cabo y el sistema prevé plazos cortos para juzgar el caso. En San Juan se dictó la primera condena del país por violar la cuarentena.
Las 979 personas recibieron una pena que pudo ser de cumplimiento efectivo porque tenían antecedentes previos o en suspenso, por lo que no fueron a prisión. Fue en juicios abreviados en los que reconocieron su culpa y pactaron la condena con la Fiscalía. Las condenas fueron por incumplir el artículo 205 del Código Penal que castiga con seis meses a dos años de prisión a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Si bien el artículo no permite el pago de multa -en rigor se llama reparación simbólica- lo que ocurre en muchos casos es que se aplica una probation, que es suspender la causa judicial durante un lapso de tiempo en el que el acusado hace tareas comunitarias y paga un monto de dinero como reparación por el daño causado. “Eso se hace para los casos que no son graves, es decir en los que no se pone en riesgo la salud de la población. Si la persona no tiene antecedentes se puede acordar una probation”, explicó un fiscal de flagrancia que trabaja en esos casos.
Hoy los casos graves son, por ejemplo, las personas que ingresan ilegalmente a la provincia porque San Juan no tiene circulación comunitaria del coronavirus y desde que se inició en marzo la pandemia hasta hoy tuvo 22 casos, de los cuatro están activos. En esos casos se aplica una condena. Los expedientes en los que se puede dar una probation son, por ejemplo, las fiestas clandestinas.
El valor de una multa depende del acuerdo que hagan las partes y de lo que proponga el acusado según su capacidad económica. Pueden ir de los cinco mil a los 50 mil pesos. Hubo casos de multas de 200 mil pesos. El dinero, una vez que el juez avala el acuerdo entre la fiscalía y el imputado, pasa al Poder Judicial de la provincia.
“Los merenderos y los comedores que están inscriptos en el Ministerio de Desarrollo Social presentan sus necesidades y a partir de allí usamos el dinero de las causas para satisfacer eso. En esta etapa de pandemia pensamos en ese tipo de lugares porque sus necesidades han crecido”, contó Senatore.
Hasta ahora se utilizaron, según información de la Oficina Judicial, 1.006.428 pesos para 27 instituciones. Se compraron y entregaron 234 pares de zapatillas para chicos, tres mil recipientes para guardar comida, juguetes, kits de limpieza, utensilios de cocina como ollas o cucharas y comida como leche, azúcar, arroz, polenta, yerba, chocolate y otros. También se entregó dinero en efectivo.
Otros 222.500 pesos en mercaderías se entregarán en los próximos días a seis instituciones y hay 558.000 pesos en reparaciones ya fijadas en las causas judiciales y que cuando se acrediten tendrán el mismo fin. En total, 1.786.928 pesos de multas por violar la cuarentena con un destino social.
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