En La Pampa, un brote de 160 contagios de COVID-19 originó un escándalo que involucró a miembros de la Justicia local y que llevó al gobernador Sergio Ziliotto a comunicar que la provincia será querellante en la investigación.
A los jueces Miguel Vagge y Pablo Balaguer, y al fiscal general Guillermo Sancho, se les abrió una causa por violar la cuarentena (art. 205) el pasado 20 de julio, luego de organizar un asado para celebrar del Día del Amigo. Junto a ellos, el abogado Marcelo Molín y el comerciante local Carlos Ruiz Pérez también fueron denunciados.
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Durante las últimas horas, Ruiz Pérez se transformó en el protagonista de un llamativo episodio mientras brindaba una entrevista radial con LU100. Allí, el comerciante de General Acha se dispuso a explicar qué había hecho previo a conocer la noticia de que dio positivo de coronavirus: “Tenía varias actividades, arreglar unas cuentas con una compañera de la facultad. No fui hasta el campo de ella. Tenía que ir a ver una soja que la estaban ofreciendo, manchada...”.
Mientras Ruiz Pérez continuaba con el relato, su mujer lo interrumpió: “¿Carlos, estás al aire? Tenemos una orden de allanamiento con la casa llena de policías”, se escuchó de fondo. El comerciante, en vivo, le repitió a los periodistas locales: “Tengo una orden de allanamiento con la casa llena de policías. En este momento tengo una orden de allanamiento”.
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“Es una barbaridad que el Estado se haya presentado como querellante”, indicó el comerciante en una entrevista con El Diario de La Pampa. Allí agregó: “Estuve dos días con un poco de dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza y congestión nasal, como de un resfrío leve. Nunca tuve fiebre, ni dolor de cuerpo, ni ningún síntoma grave. Para ser franco, sino fuera por mi mujer que es odontóloga, y que me insistió hasta el cansancio, la verdad no hubiera recurrido a Salud Pública...porque nunca pensé que estaba contagiado de coronavirus”.

Ruiz Pérez fue quien comunicó todos los nombres que habían participado de un asado que duró mucho más del horario permitido para las reuniones privadas. El comerciante, tras enterarse de que había dado positivo, debió relatar por dónde había andado los días previos y enumerar el listado de las personas con las que había mantenido contacto. Fue allí cuando mencionó los apellidos de Vagge, Balaguer, Sancho y Molín.
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“En ese listado incluí un asado que tuve acá en General Acha, con un grupo que me junto siempre, el día viernes anterior a todo esto. Son gente que está el frente de mi oficina, que me junto siempre, y yo ese día puse como condición que iba si había más de 10 personas, no iba. Y así fue”, reveló.
“Hay algunos que se molestan que yo lo haya mencionado porque se tienen que quedar en cuarentena. Es ahí donde yo mando un mensaje de WhatsApp explicándoles por qué los había nombrado”, contó Díaz Pérez, quien en ese instante reiteró que “varios de ellos estaban enojados porque se tenían que quedar en cuarentena”.
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El abogado José Mario Aguerrido patrocina a los cinco mencionados y confirmó este martes que todos presentaron una oferta de reparación a través del pago de una multa, de la cual no se supo el monto exacto. “Esta es una salida legal. No es que el que tiene plata hace lo que quiere”, alegó el letrado.

“Dada la cantidad de causas se permiten salidas alternativas, como el pago de una multa, para evitar la tramitación de una acción. Hay una oferta de reparación. Esta norma se ha venido aplicando en forma automática en prácticamente todas las causas”, dijo Aguerrido.
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Ruiz Pérez aseveró que los jueces, el fiscal y el abogado dieron negativo al test de coronavirus. “Y aprovecho para aclarar que ni el hijo de Molín, ni la hija de Balaguer, estuvieron en ese encuentro como dicen. La hija y la esposa de Balaguer llegaron en un momento, porque era la casa de Balaguer donde estábamos, saludaron y se fueron a otro ambiente, porque era un encuentro de amigos. La verdad es que estoy muy desorientado con todo esto”, agregó.
Respecto a que el Estado se presente como querellante en esta causa, Ruiz Pérez completó: “Me parece una barbaridad. Espero que ahora el Estado se presente en las 18 mil causas abiertas que hay por violación al artículo 205. Han hecho de esto una caza de brujas sin sentido. Es una locura. Yo no tengo problemas con nadie, en contra mío no creo que sea todo esto. Habernos matado de semejante manera, cuando lo que tendrían que haber hecho es investigar bien porque yo estoy seguro de que no me contagié en Pellegrini. Insisto, me parece una caza de brujas que no tiene sentido, no sé qué es lo que quieren”.
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La investigación está a cargo del Andrés Torino, quien durante estos días deberá decidir si acepta la petición o continúa adelante con la causa.
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