Desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), un gran porcentaje de argentinos ha visto disminuidos sus ingresos debido a que muchos jefes y jefas de hogar no pueden salir a trabajar. En ese contexto, y con el objetivo de compensar la pérdida o disminución económica, el Gobierno Nacional dispuso a través del Decreto 310/2020 la figura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El monto del IFE es de $10.000 pesos y las personas que lo solicitan deben cumplir distintos requisitos. El principal: estar desocupado o tener un trabajo informal. También se incluyó a monotributistas de las categorías más bajas o empleadas de casas particulares, además de los que ya recibían la AUH.
De los casi 14 millones de argentinos que se inscribieron para recibir el IFE, unos 8,9 millones lo recibieron. Se excluyó a las personas que tenían un ingreso formal, un familiar que ya cobraba un sueldo o algún bienestar económico (lo que surgió de cruzar los datos con la AFIP). Sin embargo, durante las últimas horas, se detectaron ciertas irregularidades.
En la provincia de Salta, más precisamente en la localidad de Guachipas, se desató un escándalo. Fue luego de que se supiera que el concejal Héctor Cari se había inscripto al IFE y lo había cobrado. El dato llegó a oídos de la la fiscal Verónica Simesen de Bielke quien, tras iniciar una investigación, radicó una denuncia de oficio por fraude a la administración pública, ante el Juzgado de Garantías Nº 4 a cargo de Diego Nicolás Rodríguez Pipino.
En diálogo con Infobae, Simesen de Bielke detalló la situación. De acuerdo con la fiscal, como Guachipas es una localidad muy pequeña, lo que dispuso ANSES fue que los pagos se hicieran a través del Correo Argentino. Para evitar que las aglomeración de personas en lugar cerrado, se colocaron unos tablones en la puerta del correo y se iba llamando a los ciudadanos uno a uno. En la fila, y para sorpresa de todos, apareció Cari.
La presencia del concejal fue advertida a distintos medios locales y la fiscal tomó cartas en el asunto. “Rápidamente dispuse una investigación. ANSES me corroboró que Cari cobró el primer pago y que estaba a disposición el segundo, lo cual me llamo la atención porque significa que el control no es muy riguroso”, explicó a este medio.
De acuerdo con la fiscal, Cari manifestó que alguien, no sabe quién, lo inscribió en el IFE. “Eso es imposible. Yo misma he verificado cuáles son los requisitos y, además de todos los datos personales, se requiere la clave de ANSES. Luego, intentó encubrir la maniobra mediante la presentación de una nota ante el Concejo Deliberante en la que puso a disposición el dinero”, dvirtió Simesen de Bielke, que espera la elevación a juicio.
En Salta, 322.416 personas son las que perciben el ingreso de los $10.000, cuyo tercer pago comenzará el 10 agosto; esto es, aproximadamente un 25% de la población total de la provincia.
Los funcionarios públicos no pueden acceder a este beneficio y Cari no sería el único. Varios medios locales que advierten que distintos funcionarios intentaron acceder al IFE. La mayoría son concejales, pero en la lista también figura un diputado y el intendente de El Quebrachal, en el departamento de Anta.
En un trabajo casi artesanal, el sitio Buufo Salta hizo un cruce entre los datos de los Concejales, Intendentes y Diputados de la provincia y la página de la ANSES. “Se controlaron más de 300 DNI de funcionarios públicos. Lo que encontramos fue que varios concejales, un diputado y un intendente solicitaron y/o habrían cobrado el IFE, a sabiendas de que los empleados estatales estaban excluidos de su alcance”, sostuvo uno de los periodistas que participó de la investigación.
En muchos casos los salarios que perciben concejales no estarían registrados en el sistema, con lo cual los radares de la ANSES, AFIP o UIF no los alcanzaron. Tras tomar conocimiento de esta información, la fiscal Verónica Simesen de Bielke confirmó a este medio que va a abrir una nueva investigación.
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