Ante la decisión de un organismo científico dependiente del CONICET de llevar adelante un plan para erradicar a la población de conejos silvestres en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, dos sociedades protectoras de animales se presentaron en la Justicia Federal y entregaron una propuesta alternativa para evitar que las autoridades terminen con la vida de esta especie.
La idea del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) es la de acabar con estos mamíferos mediante la fumigación con gas fosfina, pero la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf) se opusieron a esa medida.
En cambio, estas dos organizaciones propusieron la colocación de trampas, la castración de los ejemplares capturados y su relocalización en otro predio, para poder controlar así el hábitat en el que viven.
Es que, según el Cadic, los conejos construyen madrigueras que ponen en riesgo los cimientos del edificio de la institución, ubicada en las inmediaciones de la bahía de Ushuaia, además de generar daños ambientales al ecosistema de la zona.
Este conflicto de posturas derivó en un recurso de amparo que presentaron Afada y Araf ante el Juzgado Federal de la capital de Tierra del Fuego, a cargo del juez Federico Calvete, para frenar el proyecto del ente científico.
Las sociedades protectoras aseguraron que la erradicación amenaza la “fauna silvestre y la diversidad biológica”, y que la sustancia pensada para la fumigación resulta “altamente tóxica para cualquier ser vivo”.
En ese contexto, las asociaciones presentaron como variable un plan de “control poblacional ético de los conejos”, consistente en la colocación de jaulas “especialmente diseñadas” para atrapar a estos animales.
Después, un veterinario se encargaría del procedimiento quirúrgico de castración de “los ejemplares machos y hembras”, y los conejos se llevarían hasta “un predio donde se alojarán definitivamente”, de acuerdo con lo que se planteó en esta propuesta.
El costo del operativo debería ser solventado por el Cadic, si bien las organizaciones ofrecieron “hacerse cargo de financiarlo” si el organismo estatal manifiesta no contar con los fondos suficientes.
Esta idea alternativa llegó a manos del juez Calvete, quien decidió correrle traslado a la institución científica “por el lapso de tres días”, además de notificar a ambas partes que “podría abrirse una instancia conciliatoria, a fin de aunar criterios respecto del conflicto planteado”, confirmaron fuentes judiciales a la agencia Télam.
Por su parte, el Cadic emitió un comunicado antes de la presentación del amparo judicial, en el que insistió en que los conejos “destruyen la vegetación, eliminando el hábitat de especies nativas y dejando expuesto el suelo a la erosión del viento y las lluvias.
Para este centro de investigaciones, estos mamíferos representan “un riesgo sanitario ante el contacto con animales domésticos o con las personas” y “para la seguridad de las aeronaves”, ya que el lugar se encuentra próximo a un aeropuerto.
Respecto al método para contener la plaga, el organismo precisó que se utilizará “una fumigación pasiva y extracción manual”, a través de un procedimiento que “no implicará riesgo para la seguridad ni la salud de humanos”.
En cambio, las asociaciones sostienen que las pastillas de fosfuro de aluminio que se utilizarían para ese proceso son “altamente tóxicas para cualquier ser vivo” y están clasificadas “en categoría IA (extremadamente tóxicas) por la Organización Mundial de la Salud”.
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