En una mano exhiben la foto de su familiar, en la otra, un cartel escrito con letra imprenta: #NoLosLiberen. No es un pedido, es una súplica. Son los familiares de las víctimas de femicidios y la concesión de arresto domiciliario para aquellos delincuentes que integran grupos de riesgo y tienen posibilidades de contraer coronavirus los tiene aterrados.
Como no pueden visibilizar su reclamo en las calles debido a la cuarentena total, lo hicieron a través de las redes sociales con fotos y videos. En el grupo de Facebook “Atravesados por el femicidio”, las imágenes se multiplican. Además hay videos, entre ellos, el de Hugo Capacio, papá de Dayana, apuñalada, degollada y prendida fuego por su novio y el de Beatriz Regal, la mamá de Wanda Taddei. “Sería importante que, en este momento tan difícil, los jueces y juezas evalúen correctamente y no dejen salir femicidas ni violadores: hay personas que lo único que pueden hacer es dañar aún más a nuestra sociedad”, dice la mujer.
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Circula, además, un comunicado donde exponen su punto de vista y su disconformidad ante el fallo de la Cámara de Casación bonaerense, que ya confirmó la prisión domiciliaria a 2.300 presos. Por eso, a modo de repudio, convocaron a un cacerolazo nacional para este jueves 30 de abril a las 20 horas.

Según el juez de Casación bonaerense, Víctor Violini, los listados de los presos “en riesgo” fueron confeccionados por las autoridades de Justicia provincial y se aclaró que se les daba el arresto domiciliario a aquellos que estaban presos “por delitos leves, no los delitos graves”.
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“Si el delito se cometió con violencia, si era de índole sexual o de género o algún tipo de peligro extra, en donde no tenía armas pero lastimó a alguien para cometerlo, tampoco se le concedió”, sostuvo Violini.
Sin embargo, el 23 de abril, la Justicia excarceló a Pedro Olmos (68), quien está cumpliendo prisión domiciliaria en Burzaco, a 50 cuadras de donde abusó de una chica de 13 años. Fue gracias a un fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense firmado por el juez Víctor Violini -el mismo que aseguró que no iba a liberar presos por “delitos graves”-, que lo declaró como persona de riesgo frente al coronavirus.
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A pesar de las declaraciones del juez, durante los últimos días se produjeron algunas excepciones con respecto a la concesión de arrestos domiciliarios y eso preocupa a los familiares.
En Mar del Plata, por ejemplo, el femicida Héctor Barroso (62) fue beneficiado con prisión domiciliaria por buena conducta y riesgo de contagio de coronavirus porque es hipertenso. Su condena finaliza el 1 de diciembre de 2029.
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Otro caso es el de Olguer Hugo Zuñiga Cervantes. De Nacionalidad peruana, el hombre cumplía su condena de un año y medio en la cárcel de Marcos Paz por robo y violencia de género contra su hija de 7 años. Hace tres semanas se le otorgó la libertad asistida ya que forma parte del grupo de riesgo por padecer HIV. Esta mañana, sin embrago, volvió a ser detenido en su vivienda de Parque Patricios por golpear a sus sobrinos.

“Estoy sorprendido pero, sobre todo, con mucho miedo", dice Hugo Capacio que, el 8 de mayo de 2017 (exactamente el día en el que se cumplían 5 años del femicidio de su hija) recibió un audio desde la cárcel en el que el femicida le contaba cómo la había matado. Sufrió un infarto, tuvo que someterse a dos cirugías de corazón y perdió su trabajo. "¿Quién va a controlar a los presos? ¿Hay suficientes tobilleras electrónicas para todos? ¿Funcionan bien? ¿Quién me asegura que no lo voy a tener parado en la puerta de mi casa?”, sostiene el hombre en charla con Infobae.
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“Esta noticia nos partió al medio. Repudiamos la decisión porque creemos en el Estado. Así como nosotros estamos obligados a cumplir con el confinamiento, los presos deben cumplir con su condena y permanecer en la cárcel”, dice Eva Domínguez, cuñada de Vanesa Celma a quien, en 2010 y tras una discusión con su pareja, la sacaron de su casa prendida fuego. Estaba embarazada de 8 meses. Le hicieron una cesárea de urgencia, salvaron al bebé pero ella murió.
En diálogo con Infobae, Jimena Aduriz, la mamá de Ángeles Rawson, advierte que nadie está exento de que le pase lo mismo que le pasó a ella. “Hasta hace siete años yo vivía con mi hija. Este pedido de prisión domiciliaria nos preocupa tremendamente y nos remueve como familiares de víctimas. Les pedimos a todos que nos apoyen con nuestro reclamo porque no queremos que nadie tenga que estar de este lado para entender lo que se siente”, arranca.
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Según Aduriz otorgar el arresto domiciliario es un riesgo para toda la ciudadanía. “El índice de peligrosidad que manejan estas personas es enorme. Son capaces de hacer cualquier cosa. Por supuesto que nadie desea que se contagien de coronavirus, pero no por eso tienen que abandonar las cárceles. Lo que se necesita es mejorar el sistema sanitario de los penales”, concluye.
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