El Acuerdo de París frustró la ampliación del aeropuerto de Heathrow: ¿puede la lucha contra el cambio climático torcer decisiones políticas?

El fallo de la justicia británica que no autorizó la construcción de una tercera pista en Heathrow, Londres, uno de los aeropuertos más importantes del mundo, marca un precedente histórico: por primera vez una sentencia toma los compromisos asumidos por un país en el Acuerdo de París para denegar el permiso.

El tribunal de apelación consideró que el gobierno británico no tuvo en cuenta sus compromisos internacionales de lucha contra la crisis climática cuando planificó la ampliación del aeropuerto londinense. "El Gobierno debería haber tenido en cuenta el Acuerdo de París. No se realizó una declaración de planificación nacional como exige la ley", sostuvieron los jueces.

El proyecto fue cuestionado por años por organizaciones ambientales junto a gobiernos locales, incluido el de Londres. Esta decisión, que no será apelada por el gobierno nacional encabezado por Boris Johnson, significa además que el Acuerdo de París puede ser utilizado legalmente en contextos nacionales para torcer decisiones de la política. Y esto constituye un antecedente a nivel mundial, tanto desde el punto de vista legal como en materia de decisiones de inversión.

“Si bien la sentencia se refiere a las políticas nacionales del gobierno del Reino Unido, sus implicaciones son globales. Por primera vez, un tribunal ha confirmado que el objetivo de temperatura del Acuerdo de París de proseguir los esfuerzos para mantener el calentamiento por debajo de 1,5ºC tiene efecto vinculante. Este objetivo se incluyó basándose en pruebas abrumadoras sobre el riesgo catastrófico de superar esa barrera de calentamiento”, sostuvo Margaretha Wewerinke, profesora adjunta de Derecho Internacional Público en la Universidad de Leiden.

Con ella coincide Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), experto en litigios ambientales: “Este fallo demuestra que el Acuerdo es una herramienta para los ciudadanos. Aunque no hay una pena a nivel global, los ciudadanos adquieren derechos de exigir que el plan que presenta su gobierno sea cumplido”.

¿Cómo funciona esto? El Acuerdo de París establece que los países firmantes se comprometen con acciones voluntarias a reducir sus emisiones contaminantes para que el calentamiento global se detenga en 1,5ºC. Esto se denomina Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Y no se trata de cartón pintado, o al menos así lo advierte este fallo ya que analiza el plan del gobierno británico y concluye que esta obra de infraestructura no cumple con esos estándares que el país se ha propuesto así mismo. Cabe agregar aquí que esos planes deben ser más ambiciosos a lo largo del tiempo y renovarse cada cinco años.

En la Argentina dos fallos mencionan al cambio climático, aunque no es su único argumento. “Ni el fallo de la Corte sobre Glaciares ni al del Atuel se los clasifica como litigio climático, sin embargo, ambos mencionan la cuestión climática y que incide en cuestiones que terminan vulnerando derechos. El fallo británico permite observar cómo se vinculan los derechos de las personas y los planes que los gobiernos que presentan. Por eso es muy importante revisar los planes que se presentan”, agrega Nápoli.

El experto recuerda que el cambio climático es un problema de los países, pero también de los ciudadanos. “Una de las formas en las que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos es teniendo más acceso a la información, que es lo que promueve, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú que espera ser ratificado por el Congreso de la Nación”, agrega.

Javier Dávalos González, coordinador del programa de cambio climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), indica a Infobae: “Es una demostración para gobiernos, empresas e inversionistas que el Acuerdo de París establece unos límites que los tribunales están dispuestos a tener en cuenta. Este fallo tiene un impacto global y demuestra que cuando existe un trabajo en coalición entre la sociedad civil y los gobiernos locales se puede llegar a resultados muy importantes para la protección de los ecosistemas y de los derechos humanos. Algo que pasa muy seguido es que los gobiernos planifican desde las oficinas y no se tienen en cuenta lo que pasa con las grandes obras de infraestructura y su impacto”.

La historia de la ampliación

El aeropuerto de Heathrow en Londres es el segundo más concurrido del mundo y ha habido planes para añadir una tercera pista durante años. Es la mayor fuente de emisiones del Reino Unido y actualmente, alrededor de 1300 aviones aterrizan cada día y una tercera pista significaría unos 700 aviones más, arrojando 300 millones de toneladas adicionales de CO2 a la atmósfera.

La primera etapa del desarrollo de la expansión del aeropuerto de Heathrow fue una declaración de política nacional votada por el Parlamento, como exige la ley de planificación de 2008. Fue preparada por el entonces Secretario de Estado de Transporte, Chris Grayling, y el Parlamento votó a favor de la declaración el 26 de junio de 2018.

En mayo de 2019 se presentaron ante el Tribunal Superior cinco revisiones judiciales separadas de la decisión del Gobierno, que fueron desestimadas. Fueron presentados por el alcalde de Londres, Heathrow Hub Limited, varios distritos de Londres (incluidos Wandsworth y Richmond), Greenpeace, Amigos de la Tierra y la organización benéfica especializada en litigios sobre el clima, Plan B.

En junio de 2019, se les dio el visto bueno para impugnar la decisión en el Tribunal de Apelación. La audiencia comenzó en octubre de 2019 y concluyó con esta nueva sentencia. Sadiq Khan, el alcalde de Londres, celebró el fallo: “¡Hemos ganado! Hoy hemos bloqueado los planes del Gobierno conservador de construir una tercera pista de aterrizaje en el aeropuerto de Heathrow”, señaló en las redes sociales.

Para Khan, el fallo es un “victoria para todos los londinenses que se sienten comprometidos con la lucha por la emergencia climática y la limpieza de nuestro aire”.

En una audiencia previa celebrada el pasado octubre, los abogados de los activistas argumentaron que cuando el Ejecutivo dio el visto bueno al proyecto, el entonces ministro de transporte no tuvo en cuenta la legislación medioambiental o los problemas que plantea el cambio climático. Cuando era alcalde de Londres, el actual primer ministro británico, Boris Johnson, se opuso a los planes de ampliación y prometió que llegaría a "tumbarse frente a las excavadoras" a fin de impedir que el proyecto prosperara.

Otro litigio climático

En 2017, la Corte austríaca determina que los compromisos de mitigación del cambio climático la obligan a anular la aprobación que una dependencia gubernamental había hecho de un proyecto de infraestructura. Varias ONG y personas a título individual persuadieron a un panel de la Corte Federal Administrativa de Austria de anular la aprobación que el gobierno de Baja Austria emitiera para la construcción de una tercera pista en el principal aeropuerto de Viena. “La razón: autorizar la pista de aterrizaje ocasionaría mayor daño que beneficio al interés público, principalmente porque sería contrario a las obligaciones nacionales e internacionales de Austria para mitigar las causas del cambio climático. De las fuentes de autoridad que citó la Corte, la más importante fue la Ley de Protección Climática de Austria (2011) que establece objetivos de reducción de emisiones para varios sectores, incluido el de transporte. Debido a que era de esperar que una tercera pista incrementara las emisiones anuales de CO2 de Austria, la Corte concluyó que iría en contraposición con las disposiciones de la Ley de 2011, lo mismo que con la Constitución del país y sus compromisos internacionales en el marco de la legislación de la UE y el Acuerdo de París”, según compila el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en un compendio sobre litigio climático.