El Ministerio de Seguridad bonaerense intervino una comisaría de la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, y desplazó a su titular del cargo luego de una denuncia hecha por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo autárquico que promueve políticas públicas de derechos humanos, sobre presuntas violaciones y torturas de mujeres que están detenidas en esa dependencia.
De acuerdo con lo que informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias Télam, las autoridades de la Auditoria General de Asuntos Internos allanó la seccional tercera de la citada localidad y secuestró documentación que podría servir para la investigación. Además, de forma preventiva se clausuraron los calabozos del lugar y se está evaluando al personal que estuvo involucrado en los presuntos abusos para que posteriormente sea desafectado de sus funciones.
Según la denuncia de la CPM, las presas que estaban en esta comisaría, ubicada en Alberti al 702, fueron sometidas a “requisas vejatorias, que constituyen abuso sexual y que fueron provocadas por agentes policiales mujeres y varones del Grupo de Apoyo Departamental (GAD)". Según el relato de las víctimas, los ataques se agudizaron desde la asunción del subcomisario Leonel Gómez, hasta llegar a las violaciones que habrían sido perpetradas el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020.
El organismo aseguró que “durante el primer hecho se alojaban catorce detenidas en el lugar, durante el segundo quince, y cuatro de ellas estuvieron presentes en ambos”, y resaltó que “a los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, se suman el aislamiento extremo y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior que les provocaba desubicación temporal, cuadros depresivos y de angustia”.
Además, la CPM explicó que “las golpizas eran recurrentes así como las amenazas y humillaciones por cuestiones de género”. “Luego de padecer los episodios de abusos y torturas descriptas, las detenidas fueron disciplinadas, castigadas y amenazadas. Los oficiales policiales desplegaron un dispositivo para garantizar su impunidad y silenciar a las víctimas, para así evitar que narren las violencias padecidas”, agregaron los autores de la denuncia.
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