El Ministerio de Seguridad bonaerense intervino una comisaría de la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, y desplazó a su titular del cargo luego de una denuncia hecha por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo autárquico que promueve políticas públicas de derechos humanos, sobre presuntas violaciones y torturas de mujeres que están detenidas en esa dependencia.
De acuerdo con lo que informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias Télam, las autoridades de la Auditoria General de Asuntos Internos allanó la seccional tercera de la citada localidad y secuestró documentación que podría servir para la investigación. Además, de forma preventiva se clausuraron los calabozos del lugar y se está evaluando al personal que estuvo involucrado en los presuntos abusos para que posteriormente sea desafectado de sus funciones.
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Según la denuncia de la CPM, las presas que estaban en esta comisaría, ubicada en Alberti al 702, fueron sometidas a “requisas vejatorias, que constituyen abuso sexual y que fueron provocadas por agentes policiales mujeres y varones del Grupo de Apoyo Departamental (GAD)". Según el relato de las víctimas, los ataques se agudizaron desde la asunción del subcomisario Leonel Gómez, hasta llegar a las violaciones que habrían sido perpetradas el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020.
El organismo aseguró que “durante el primer hecho se alojaban catorce detenidas en el lugar, durante el segundo quince, y cuatro de ellas estuvieron presentes en ambos”, y resaltó que “a los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, se suman el aislamiento extremo y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior que les provocaba desubicación temporal, cuadros depresivos y de angustia”.
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Además, la CPM explicó que “las golpizas eran recurrentes así como las amenazas y humillaciones por cuestiones de género”. “Luego de padecer los episodios de abusos y torturas descriptas, las detenidas fueron disciplinadas, castigadas y amenazadas. Los oficiales policiales desplegaron un dispositivo para garantizar su impunidad y silenciar a las víctimas, para así evitar que narren las violencias padecidas”, agregaron los autores de la denuncia.
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