(Gustavo Gavotti)
(Gustavo Gavotti)

Quizá alguien lo pensó, o se dio por casualidad cósmica: desde hace más de diez años en Argentina se activan dos marchas por la marihuana, una en mayo y la otra en noviembre. Podrían interpretarse como celebraciones tradicionales, como hacían las antiguas comunidades, la primera, durante la época de la cosecha, para agradecer, y la segunda, en la etapa de la siembra, para rogar.

Algo de eso hay en estas mega reuniones que arrancan en Plaza de Mayo y terminan en el Congreso. No sólo una especie de fiesta pagana donde en el trayecto de un lado al otro la gente consume como si estuviera permitido, se disfraza de planta, canta canciones y camina por la calle. También hay un reclamo, más terrenal, y que lleva muchos años, durante los cuales, cientos de personas fueron presas sólo por tener para consumir o cultivar para uso privado.

En la segunda marcha por la regulación del cannabis de 2019, miles de personas se juntaron para exigirles al Estado, al gobierno, a los legisladores, que cambien el paradigma y los usuarios dejen de ser perseguidos y estigmatizados y criminalizados: “Basta de presos por cultivar, basta de perseguir al consumidor”, fueron las consignas, que evacuaron durante la marcha y luego en un escenario montado bajo la cúpula del Palacio Legislativo, sobre el acoplado de un camión.

(Gustavo Gavotti)
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No sólo fueron los consumidores sueltos, especialmente jóvenes y de los barrios periféricos al centro porteño, también -o especialmente- lo hicieron las decenas de agrupaciones cannábicas que trabajan de manera colectiva para lograr una nueva regulación, entre las que están incluidas las de familiares de usuarios para uso medicinal y parientes de personas que están presas por tener plantas para uso privado.

Analia Angelicola y Karina Prieto llegaron desde Rosario. Son dos de las seis madres que gracias a un recurso de amparo consiguieron que la Justicia les permita tener plantas para fabricar el aceite para sus hijos. Su caso llegará la Corte Suprema. “Vinimos para que se identifique la lucha colectiva. Que el mismo derecho que tiene mi hijo lo tiene que tener otra persona. Tengo la suerte de estar tranquila hasta que resuelva la Corte. Pero mi hijo no está preso porque planto yo y él es menor", comentó Prieto a Infobae.

Y agregó: "Pedimos una legislación igualitaria a lo largo y ancho del país. La lucha no es solo una mamá que se planta. Es la liberación de la planta y exigir protocolos médicos que incluyan (la molécula) THC para otras patologías”. Lo dijo en referencia a que la legislación actual sólo permite el uso a pacientes con epilepsia refractaria y con aceites que sólo tengan el componente CBD, ya que el THC está prohibido por generar psicoactividad (embriaguez).

Rossana Zappia (centro) y Diego Ramallo (derecha, atrás), activistas de Buenos Aires y Pigüé (Gustavo Gavotti)
Rossana Zappia (centro) y Diego Ramallo (derecha, atrás), activistas de Buenos Aires y Pigüé (Gustavo Gavotti)

Actualmente hay dos grandes grupos dentro del universo cannábico en busca de, a grandes rasgos, el mismo fin. Unas son las organizaciones nucleadas en el Acuerdo por la Regulación del Cannabis y otras las que integran el Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA), desde donde se activó la “Campaña Cannabis al Congreso”.

Facundo De Luca, psicólogo e integrante de este colectivo, comentó: “En el marco de la Campaña buscamos llevar a esta Casa (por el Congreso) los proyectos para cultivar cannabis seguros. Es un recurso para nuestra salud, es económico, de trabajo e industrial. Es importante que la regulación llegue”.

La marcha contó con el apoyo de algunas agrupaciones políticas de las juventudes de la izquierda, el radicalismo y el kirchnerismo, médicos como Carlos Magdalena, de Neurología infantil del Hospital Gutiérrez, y la presencia especialmente de dos “celebridades”, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y el senador nacional y cineasta Fernando “Pino” Solanas.

En una nota con Infobae Cortiñas reveló que usa la crema para calmar sus dolores. “El cannabis me sacó el dolor, gracias a la planta puedo seguir caminando en las marchas", comentó la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que padece dificultades en sus rodillas y espalda. Y repitió un deseo: “Me gustaría ir a la farmacia y poder comprar las cremas ahí, necesitamos la regulación”.

Nora Cortiñas acompaño un tramo de la marcha (Gustavo Gavotti)
Nora Cortiñas acompaño un tramo de la marcha (Gustavo Gavotti)

Los cultivadores que fabrican aceites o hacen las cremas que luego usa Cortiñas son quienes arriesgan su libertad en el proceso solidario. Uno de los testimonios que pasó por el escenario de la marcha fue el de Diego Mariano Ramallo, un activista del pueblo bonaerense de Pigüé que, junto a un amigo conocido como “Pigu”, fueron allanados por la Policía y tienen una causa abierta.

“Nos allanaron y nos robaron todo. Nos llamaron delincuentes y narcotraficantes por ayudar a todo el pueblo. El dolor no puede esperar. Nos tenemos que unir para una nueva regulación”.

También llegó desde San Nicolás, al norte bonaerense Analía Carrazzana, novia de Roberto Basso quien está con prisión domiciliaria desde abril porque la jueza María Eugenia Maiztegui considera que es un narcotraficante.

(Gustavo Gavotti)
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“Pero no hay una sola prueba de comercialización”, protesta Analía, y agrega: “Somos consumidores y yo había empezado a fabricar aceite porque tengo un problema en la columna, no molestamos a nadie”. Basso pasó 45 días en prisión y espera el juicio con la tobillera electrónica.

Basso es un cultivador y cultivador, uno de los tantos que están presos y son acusados de narcos. “Pedimos una regulación integral con acceso para todos. El aceite que anda buscando todo el mundo, el precio de ese aceite es nuestra libertad. La planta es una. Y vamos por una regulación para que todo el mundo pueda usarla como quiera”, remarcó Rossana Zappia, una histórica activista porteña.

El neurólogo infantil del Hospital Ricardo Gutiérrez, Carlos Magdalena, participó activamente de la marcha (Gustavo Gavotti)
El neurólogo infantil del Hospital Ricardo Gutiérrez, Carlos Magdalena, participó activamente de la marcha (Gustavo Gavotti)

Mientras en Jujuy el Estado formó una empresa para cultivar cannabis en sociedad con una compañía de Estados Unidos, en la misma provincia los cultivadores Esteban Gago y Rodolfo López esperan para los próximos días la sentencia en un juicio en su contra, tras ser hallados en su casa en Humahuaca con unas 50 plantas que, según cuentan, usaban para fabricar aceites para seis familiares.

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Jujuy, conformado por Héctor Juárez Almaraz, Abel Fleming y Alejandra Cataldi, deberá condenar o absolver a estos jóvenes, en una causa que carece de pruebas de comercialización.

La fiscal Julieta Soullie pidió cinco años de prisión para ambos por el delito de “siembra”, a pesar de la defensa de los imputados, que demostró que sembraban para fabricar aceite para sus novias, madres y hermanos, con diversas patologías (incluso López, con un fuerte dolor en una pierna tras un accidente de moto consume aceite).

(Gustavo Gavotti)
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Gago y López, de hecho, ya pasaron un año entero presos en penales federales sólo por cultivar para consumo personal.

En el contexto de un nuevo gobierno, muchos en la marcha tenían esperanza de que cambie la legislación y no se repitan casos como el de Gago y López y tantos otros. De la marcha participó Mamá Cultiva Argentina, que el miércoles difundió una carta dirigida a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner para que regulen los usos de la planta. Frente al Congreso, algunos hasta se atrevieron a reclamar que Fernández firme un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y otros comentaban que, a partir de las declaraciones que hizo el Presidente electo, pueda cambiar el paradigma: “Pedimos un debate serio que contemple la salud pública y la libertad del cuerpo", sintetizó De Luca.

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