La Justicia comenzó a citar a los padres de alumnos que tomaron colegios porteños

La Justicia porteña comenzó a citar a declarar a los 43 padres imputados por las tomas de colegios ocurridas el año pasado, en el marco de las protestas realizadas en seis establecimientos educativos que protagonizaron los alumnos en la vigilia del debate por el proyecto de legalización del aborto.

El caso es inédito en la Ciudad y busca determinar la figura de "comisión por omisión", es decir, la responsabilidad parental de los mayores frente a sus hijos frente a circunstancias que afectan el derecho de terceros, por ejemplo, como el bloqueo del funcionamiento de las clases.

En alusión a la "toma" del colegio secundario N°3 Mariano Moreno, ayer se presentó a declaración indagatoria el primero de los adultos involucrados en la denuncia a cargo del fiscal Carlos Rolero, de la Fiscalía Penal Nº 31 de la Ciudad. Se trata de un padre que se negó a hablar con el letrado, pero expresó un descargo por escrito, donde rechazó que la acusación pueda ser encuadrada en una contravención.

Según Rolero, lo que está en juego es si la "omisión" de los padres sobre sus hijos en relación a las tomas es pasible de ser sancionada en los términos de una contravención, o si bien si las ocupaciones se tratan de una conducta "atípica" realizada por menores de edad.

Esa definición quedará en manos de la magistrada del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, Carla Cavaliere, que seguirá en ese puesto hasta el 31 de julio y que tendrá que fijar una audiencia oral para fijar una posición.

Para el fiscal, los padres son responsables de que sus hijos impidan el ingreso y salida de personas a un espacio público sin una causa que lo justifique. Además, asegura que los adultos mantenían un contacto formal con el colegio y decidieron no intervenir. Por lo tanto, serían pasibles de una sanción.

"No sé en las tomas de las otras escuelas, pero en este caso en particular está acreditado que se impidió el desarrollo de las clases a un alumnado de 945 personas, que los padres tenían conocimiento de la medida que se desarrollaba", apuntó el fiscal.

El año pasado, los alumnos secundarios ocuparon varios colegios en señal de protesta: la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Rogelio Yrurtia", en la N° 1 "Presidente Roque Sáenz Peña", en la Normal N° 6 "Vicente López y Planes", en el Mariano Moreno, en la Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken y en la N° 5 "Martín Miguel de Güemes".

A raíz de esas medidas estudiantiles, se imputó penalmente -y por primera vez- a los padres por el comportamiento de sus hijos. La figura a la que echa mano el fiscal está prevista en el artículo 57 del Código Contravencional porteño, que no tiene pena de arresto pero sí una multa o sanción de trabajo con "utilidad comunitaria".

La Fiscalía destacó la falta de jurisprudencia sobre este tema y señaló que "ningún derecho es absoluto". "Los derechos están sujetos a una reglamentación: hay que hacer un aviso previo, no se puede cortar una avenida sino que hay que dar vías alternativas… con las usurpaciones masivas pasó algo similar", afirmó Rolero. En tanto, la visión más flexible de algunos expertos resalta el elemental derecho de los chicos y adolescentes a manifestarse.

La denuncia cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad. Cuando se impulsó la acción judicial, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sostuvo: "La toma de escuela es una medida extrema que perjudica el acceso a la educación a cientos de chicos. En democracia no debemos perder el espacio de la palabra y el diálogo. Tiene que quedar en claro que los actos tienen consecuencias: esto es también educar en valores".

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