Este lunes al mediodía, referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito y miembros de organizaciones sociales y agrupaciones feministas se manifestaron frente a la Casa de Tucumán, para pedir que en esa provincia se le garantice la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña de 11 años que fue violada.
En la actividad simbólica realizada frente al edificio ubicado en la Suipacha 140, referentes de las organizaciones presentes leyeron las peticiones de la Campaña y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en torno al caso de la menor que cursa un embarazo en un hospital tucumano a raíz de haber sido abusada por un hombre de 65 años que era pareja de su abuela.
El agresor, que fue detenido, tenía junto con su mujer la guarda de la niña – luego de que su madre la perdiera cuando su pareja abusó de sus dos hijas mayores- y aprovechó un momento en que quedó solo con ella para abusarla sexualmente.
En la actividad también se exigió la destitución de la ministra de Salud provincial, Rossana Chahla, y el secretario de Salud Gustavo Vigliocco. A pesar de que trascendió oficialmente que la menor no manifestó su deseo de que se interrumpa el embarazo, fuentes judiciales señalaron a Página 12 que ella dijo a una psicóloga del hospital donde está internada una frase en ese sentido que consta en su historia clínica: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo".
"Dos fiscalías, dos defensorías de menores, un juzgado de familia, el sistema de salud público de Tucumán, el Estado y grupos de fundamentalistas anti-derechos ejercen presión para someter a la niña a una internación aislada innecesaria con el fin de obstaculizar su acceso al derecho de interrumpir la gestación", reza la petición. "Forzar a una niña a continuar con un embarazo resultado de un abuso sexual y someterla a prácticas médicas riesgosas como la cesárea es tortura".
"El ministerio de Salud dilata el aborto que debería ser ya realizado. A partir de que las ILE son legales en nuestro país desde 1921, y ratificadas luego en el fallo FAL en 2012, una persona gestante que esté embarazada producto de una violación o que tenga en riesgo su vida y su salud tiene derecho a un aborto legal en el sistema público de salud", expresó la activista feminista, docente e integrante de la Campaña Celeste Mac Dougall. "A esta niña, además de haber sido torturada por un familiar, otra vez el Estado la tortura día a día y hora a hora que pasa".
Durante la lectura de los documentos, Jenny Durán, referente de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, Nina Brugo, referente, cofundadora de la Campaña y parte de la redacción del proyecto de ley para la ILE y Martha Rosenberg, psicoanalista feminista e integrante de la Campaña, ingresaron al edificio y se entrevistaron con Guido Ferrari, secretario del director de la casa provincial, que firmó la petición.
"Le manifestamos el reclamo, lo recibió y reconoció ante nosotras que esta es una posibilidad de un aborto no punible, que se trata de un niña de 11 años a la que se le debería poder interrumpir el embarazo", indicó Brugo a Infobae a la salida de la reunión. "Nos firmó la petición y se comprometió a hacer llegar al Ministerio de Salud provincial y al gobernador esta nota donde exigimos que se termine esta tortura".
"Esperamos que en este año electoral el aborto legal sea ley. La Campaña va a volver a presentar el proyecto a fines de marzo o principios de abril. Estamos en proyecto de discusión y redacción y seguimos luchando porque no especulamos con los años electorales ni con la vida y la salud de niñas, adolescentes, mujeres y toda persona con capacidad de gestar", concluyó la actividad Mac Dougall.
Este fin de semana, las organizaciones Abogadas y Abogados del Noroeste argentino en Derechos Humano y Estudios Sociales (Andhes) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), dependiente de Naciones Unidas, pidieron a la jueza de Familia de la Quinta Nominación del Poder Judicial de Tucumán, Valeria Brand, que ordene al Estado que respete la voluntad de interrumpir el embarazo de la niña, a través de un amicus curiae.
La fiscal Adriana Giannoni, que decidió actuar de oficio, informó hace dos semanas que espera una confirmación oficial sobre el estado de salud de la niña y precisiones sobre el tiempo de gestación para decidir si se interrumpe el embarazo o no.
Fotos: Colin Boyle
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