Se incumplieron la mitad de las medidas de protección para mujeres que denunciaron violencia de género

Mariana sufrió la violencia de su marido durante ocho años. Quiso ponerle fin a esa pesadilla y se animó a denunciarlo. La justicia ordenó una prohibición de acercamiento. Pero a pesar de esa medida, hace dos meses él fue hasta la casa de Mariana y delante de sus hijos le apoyó una pistola en la frente y gatilló dos veces. Las balas no salieron.

El caso de Mariana no es una excepción. Según datos de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), el año pasado se incumplieron en la ciudad de Buenos Aires la mitad de las medidas de protección sobre mujeres que denunciaron violencia de género. Sus victimarios tenían prohibido acercarse y sin embargo lo hicieron.

"Con esto se demuestra los límites que tienen los procedimientos para una efectiva protección. Sirve para medidas urgentes, rápidas para hacer cesar la violencia pero no para una protección definitiva de la mujer", le dijo a Infobae Gimol Pinto, coordinadora del "Proyecto Piloto de Asesoramiento y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género" de la Comisión sobre Temáticas de Género de la DGN.

Pero el estudio de la Comisión arrojó otro dato grave: una de cada tres mujeres volvió a ser agredida después de la denuncia. La Comisión trabaja en el patrocinio y asesoramiento gratuito a mujeres víctimas de violencia de género.

El 2017 fue el cuarto año consecutivo en el que aumentaron las violaciones a las restricciones. El año pasado, sobre 1062 casos que llevó la Comisión en el 52 por ciento se incumplieron las medidas de protección y en el 24 por ciento se repitieron hechos de violencia a pesar que estaban bajo la tutela del Estado. En el 2016, fue el 42 por ciento de incumplimiento y 32 por ciento de nuevos hechos; en 2015 el 34 y el 24 por ciento; y en 2014 el 29 y el 25 por ciento, respectivamente.

En el país rige desde 2009 la ley 26.485 de protección integral a las mujeres. La norma prevé los mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos de relaciones personales.

Mariana –no es su nombre verdadero porque su abogada pidió resguardar todo dato personal– tiene 32 años y se presentó en noviembre del año pasado en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El diagnóstico de los profesionales fue que era una mujer con un alto riesgo por el perfil de su pareja, de 36 años: la gravedad de los episodios de violencia, que también había agredido a sus hijos y que era adicto a los drogas.

La denuncia se convirtió en una causa judicial y un juez civil ordenó la prohibición de acercamiento. Pero en febrero pasado el hombre fue con un amigo hasta la casa de Mariana. En el lugar estaban sus hijos y le puso la pistola en la frente. Disparó dos veces y las balas no salieron. "Anda, si, mirá", le dijo el amigo y disparó al aire.

Mariana fue al juzgado civil a denunciar lo ocurrido pero le dijeron que no podían hacer nada porque para ellos no había cometido ninguna irregularidad en ese expediente: ¿Por qué? El hombre nunca había sido notificado formalmente de la prohibición de acercamiento porque no se sabía dónde estaba viviendo. Más allá que la mujer se lo había dicho. Mariana fue a un juzgado penal donde tomaron el caso y le pusieron custodia.

"Estas causas no tienen un fuero especial sino que se tramitan en la justicia civil, donde el proceso es privado. Si no lo impulsa la víctima, el Estado no lo hace. En los casos de violencia de género las notificaciones de los juzgados las tienen que hacer las víctimas que tiene que llevarle a su ex pareja la prohibición de acercamiento", explica Daniela Fagioli, abogada de Mariana y del proyecto piloto de la Comisión.

Fagioli agrega que eso se hace mucho más difícil en lugares como las villas, donde el entramado social es complejo con problemas de viviendas y económicos para las mujeres. Allí suelen convivir a diario con sus ex parejas y son espacios a los que la policía no llega y donde el estado está ausente para garantizar la protección de las víctimas de violencia.

La ley establece varias medidas para proteger a la víctima. Van desde la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, suspender el régimen de visitas, el cese de hostigamiento, la prohibición de comprar armas, la restitución de pertenencias, entre otras.

"Son medidas ordenadas por un juez de familia que no restringe la movilidad y no son delitos. Son situaciones que no están en el Código Penal pero interfieren en la vida de relaciones. Cuando es una orden judicial que está notificada y se vulnera sí es un delito y la ley prevé sanciones que no son penales", explica Pinto. Esas sanciones son, por ejemplo, la obligación a asistir a programas para modificar la conducta violenta, notificar al trabajo del agresor y llamados de atención.

Pero no suelen aplicarse. "Los jueces son reacios. Hay cuestiones procesales de si estuvo bien notificado o de probar el incumplimiento de la restricción. Lo que pudimos ver es que con esto se demuestra los límites que tienen los procedimientos para una efectiva protección. Sirve para medidas urgentes, rápidas para hacer cesar la violencia pero no para una protección definitiva de la mujer", señala la coordinadora del Proyecto Piloto.

Tanto Pinto como Fagioli coinciden en que hay un trabajo automatizado sobre las causas: no se vuelve a escuchar a las víctimas y las resoluciones son iguales y estandarizadas.

También agregan que en muchos casos se incumple un aspecto central para la vida de las mujeres, el económico. Sus ex parejas no pagan la cuota alimentaria que un juez les impuso.

Patricia vivía en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires con su marido y sus cuatro hijos, todos menores de edad. Su pareja le pegaba y en una oportunidad la ahorcó. Una mañana de junio del año pasado se fue a la casa de su hermana, en la ciudad de Buenos Aires, con sus dos hijos más chicos. No se pudo llevar a los mayores porque estaban en el colegio. Denunció a su marido y logró una prohibición de acercamiento. Pero quería recuperar a sus hijos mayores que quedaron con el padre. Pidió la restitución y medidas para saber cómo estaban. Pero nunca le resolvieron los planteos.

"El servicio local de donde ella vivía acordó que el hombre llevara a los dos hijos mayores para que vieran a sus hermanos. Lo que pasó fue que se llevó a los cuatro hijos. Hicimos la denuncia y pedimos la restitución de los chicos y que se obligara al hombre a presentarse ante el juez para que explicara cómo están los chicos. El juzgado lo rechazó y pidió que la mujer fuera a hacer el reclamo a la justicia de la ciudad donde están los chicos", relata Fagioli.

Muchas mujeres cuentan con botones antipánicos y en los casos de riesgo con custodia policial. "Pero los recursos son insuficientes. La ley prevé un seguimiento de las medidas adoptadas y si fueron suficientes para cada caso. En muchos casos la violencia aumenta cuando se hace la denuncia. Nunca se denuncia por el primer episodio. El momento de la denuncia marca un quiebre importante en la comunicación de la pareja y lejos de ser una advertencia aumenta la violencia. El seguimiento es muy errático porque el sistema está colapsado", describe Pinto.

Por eso plantea una nueva mirada: "Hay que dejar de considerar que todas las medidas de protección deben recaer en la víctima, sino también pensar en un modelo de intervención que genere una protección desde otros ámbitos, como los mecanismos de control estatales, por ejemplo", señala Pinto.

-¿Qué le pasa a la mujer que se animó a denunciar, con lo que eso cuesta, cuando con la intervención del Estado la violencia sigue?

-En algunos casos hay una sensación de desazón y soledad porque decidió poner fin a la violencia comunicándolo y eso tampoco se logra. Es un nuevo desamparo. Con el acompañamiento del patrocinio esa brecha se intenta achicar.

PARA CONSULTAR A LA COMISION SOBRE TEMATICAS DE GENERO DE LA DGN COMUNICARSE DE LUNES A VIERNES DE 8 A 17 HORAS AL 4370-6761 O CONCURRIR A LA CALLE PARANA 426 PRIMER PISO