Por ley, el sistema de 2.500 bicicletas públicas en la Ciudad de Buenos Aires será gestionado por una empresa privada. Así lo resolvió ayer la Legislatura porteña, al aprobar por 49 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones la concesión de esta forma de movilidad.

El pase de manos se verá reflejado a través de un llamado de licitación pública. El futuro prestatario de la "Ecobici" se hará cargo del servicio por un plazo máximo de 10 años, junto a su modernización, operación, mantenimiento y explotación.

Con el cambio de la modalidad de gestión, la red de bicicletas continuará siendo gratuita.

"Con esta nueva forma, el Estado se hace cargo de aproximadamente el 22% del costo total del servicio que está directamente relacionado con la gratuidad del servicio para el usuario", afirmó la legisladora Cristina García, presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte e integrante del bloque oficialista.

El nuevo concesionario podrá cubrir el resto de los costos mediante sponsoreo y publicidad.

Prometen una ampliación de la red

El "bicing" porteño cuenta en la actualidad con unas 200 estaciones, una flota de 2.500 rodados con anclajes reforzados y registra cerca de 8.000 viajes diarios.

Según García, la aprobación de la ley en la Legislatura porteña representará un "cambio significativo en el servicio" y permitirá una ampliación a 400 estaciones y 4.000 nuevas bicicletas. "Va a llegar a más barrios, donde hoy al sistema no acceden muchos vecinos", agregó.

La norma también dispone que las nuevas y futuras estaciones deberán repartirse equitativamente en todas las Comunas y determina específicamente "un mínimo del 10% de las estaciones en la zona Sur de la Ciudad".

Hasta ahora, la explotación del sistema vigente estaba a cargo de la empresa Serttel, pero su control y financiamiento dependía directamente del gobierno porteño. El contrato del Gobierno porteño con la compañía vence este año, por lo cual el proyecto aprobado ayer establece los alcances de la próxima concesión, que podrá prorrogarse el contrato hasta siete años más.

Aunque estará concesionado por un tercero, los recursos para afrontar los gastos que demande el Sistema de Transporte Público en Bicicleta, indica el proyecto, podrán provenir de "los créditos presupuestarios asignados para cada ejercicio, que garantizan las obras y el mantenimiento del servicio", "los aportes provenientes del Gobierno Nacional", "préstamos o aportes internacionales", entre otros.

Posturas encontradas en la oposición

La diputada de PTS en el Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, votó en contra de la iniciativa porque apunta a "ser parte de un sistema privatizador del servicio público".

"Me llama la atención que nos digan que 'es bueno que el servicio lo maneje un tercero', todo lo que pueda ser un negocio, lo convierten en eso", señaló la legisladora del FIT.

La peronista Silvia Gottero afirmó que "tenemos dudas sobre cuál será el beneficio real que va a tener la empresa que gane la licitación, porque los millones que hemos puesto en el servicio de bicicletas serán muy difíciles de recuperar para el Estado".

El presidente del bloque Unidad Ciudadana Carlos Tomada destacó positivamente el uso creciente de la bicicleta. "El Ejecutivo nos plantea que hay que darle un nuevo impulso a este sistema y que es necesario hacerlo de un nuevo estándar, pero nosotros no coincidimos en que los servicios tengan que ser privatizados", afirmó.

Qué pasará con las bicicletas

La ley prevé una cláusula transitoria en la que indica que las bicicletas que actualmente están en uso y quedarán desafectadas del servicio cuando empiece a operar el concesionario podrán ser distribuidas a estudiantes de secundarias porteñas. Se calcula que al menos son unas 2.500 unidades.

Además, se establece la obligatoriedad del concesionario de contratar al "personal técnico (…) que se encuentre prestando servicios exclusivamente para el sistema de transporte público en bicicleta al momento de iniciarse la concesión", lo que implica que se prevé una continuidad del personal contratado en el sistema.

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