La millonaria fortuna y los bienes del poderoso clan acusado de secuestrar a Marita Verón

Comenzó en Tucumán el juicio contra Rubén “La Chancha” Alé, su hermano Adolfo y otros 14 miembros de su organización por delitos como lavado, extorsión y narcotráfico: la instrucción de la causa reveló una millonaria red de casas, autos y testaferros. Los vínculos oscuros con policías y la trama que llega hasta la presidencia del club San Martín

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Rubén y Adolfo Alé, a juicio por lavado y otros delitos.
Rubén y Adolfo Alé, a juicio por lavado y otros delitos.

El tucumano Rubén Eduardo Alé, apodado "La Chancha", llegó lejos en la vida, por así decirlo. Primero tuvo un pequeño puesto de feria en el Mercado del Abasto, luego tuvo una remisería a mediado de los años 90. En poco más de quince años, Alé amasó un pequeño imperio que incluyó sociedades, campos y vehículos a nombre de supuestos testaferros. Era una operación familiar: todo su clan estaba junto a él, con figuras como su hermano mayor Adolfo Ángel, "El Mono", su ex pareja María Jesús Rivero entre otros personajes, para una larga lista de parientes, amigos y esposas.

"La Chancha", registrado en la AFIP como un simple monotributista categoría G en diversos rubros de transporte, se convirtió a fines de la década pasada en el presidente del Club Atlético San Martín, la mayor institución del fútbol tucumano; varios miembros del clan integraron el directorio para hacer jugosos negocios. Los buenos contactos parecían evidentes: una vieja foto muestra a Alé en un enérgico apretón de manos con el ex gobernador José Alperovich. Mientras tanto, el origen de los millones de "La Chancha" era el principal problema.

Durante años, Alé fue acusado de ser uno de los mayores señores del crimen en el interior del país, un esclavizador, la cabeza de una red que raptaba mujeres para obligarlas a prostituirse tras transportarlas en autos y camiones a provincias como Misiones y La Rioja.

Susana Trimarco lo señaló como el máximo responsable del secuestro y desaparición de su hija, Marita Verón, uno de los mayores enigmas de la historia policial argentina. Sin embargo, Alé nunca fue condenado por este crimen, por el cual también estuvo imputada su ex pareja, María Jesús Rivero. En 2012, la absolución masiva de 13 imputados tras el juicio por la desaparición de Verón devino en un escándalo nacional. Dos años después, Trimarco acusó a los jueces responsables del fallo de haber recibido 6 millones de dólares del clan, una denuncia que ratificó en la Justicia.

Así, el jefe de la familia Alé permaneció relativamente impune durante años. Sin embargo, no pudo evitar la cárcel para siempre; "La Chancha" está preso hace más de dos años por delitos como lavado de activos, narcotráfico, extorsión y evasión de impuestos. Pasó por el penal de Ezeiza para volver a un arresto domiciliario, de cara a problemas cardíacos, junto a una obesidad mórbida y signos de Mal de Parkinson. Hoy, "La Chancha", su hermano mayor, su ex y otros trece miembros de su organización enfrentan el fin de su historia.

Ayer por la tarde en San Miguel de Tucumán comenzó el juicio en su contra por la misma causa que lo llevó a la cárcel, celebrado en el Tribunal Oral Federal de la provincia. "La Chancha" llegó en silla de ruedas a la sala. Pidió irse por supuestos motivos de salud. "18 de presión", dijo su defensa. El Tribunal rechazó el pedido.

La investigación, a cargo del juez Fernando Poviña, alcanzó 60 cuerpos de expediente, con las declaraciones de más de 400 testigos. La Unidad de Información Financiera es querellante en el juicio; Mariano Federici y María Eugenia Talerico, presidente y vicepresidente del organismo respectivamente, viajaron a San Miguel para asistir al proceso. El aporte de la UIF en la causa fue clave, con un extenso informe que reveló la dimensión de la fortuna y el patrimonio de los Alé. El número final es sorprendente: casi 40 millones de pesos en maniobras financieras, con una larga lista de propiedades inmuebles, más de 100 vehículos entre autos y camiones y 72 armas de fuego. Martín Olari Ugrotte, abogado de la Unidad, asegura: "Considero que tenemos pruebas contundentes para lograr una condena histórica contra este grupo criminal".

“La Chancha” junto a José Alperovich.
“La Chancha” junto a José Alperovich.

Infobae accedió al informe completo de la UIF. La lista de delitos que menciona es incendiaria: junto a los que llegaron a la imputación final, hay referencias a prostitución, lesiones y homicidios. La remisería de Rubén Alé, Cinco Estrellas, que existió desde 1995 y con su correspondiente SRL del mismo nombre cuyo titular es Adolfo Alé, fue el punto de partida, "una pantalla para la inyección de los fondos generados por las actividades ilícitas", la define el documento. María Jesús Rivero, tal como "La Chancha", se encuentra registrada en la AFIP en el rubro de taxis y remises.

Un allanamiento a la remisería reveló una serie de cheques por 1,4 millones de pesos, sin ninguna relación con la actividad de Cinco Estrellas. En el lugar también se encontraron presupuestos y recibos varios, documentación referente a otro de los grandes negocios de los Alé: el club San Martín. En la remisería, determinó la UIF, hasta se vendían entradas para partidos. Hoy, la Unidad de Información Financiera cree que el club fue el objeto de una gran defraudación a manos del clan, "una enorme oportunidad de negocios para la asociación ilícita mencionada".

Abran cancha

Los Alé habían conformado una sociedad para este fin, llamada Gerenciadora Deportiva del NOA, controlada en los hechos por "La Chancha" y María Jesús Rivero, que figura como empleada de la firma. El socio mayoritario era Oscar Dilascio, actual pareja de Rivero y también imputado en el juicio. Rivero, por su parte, fue vicepresidenta del club mismo. Fabián González y Víctor Suárez, también imputados y acusados en el juicio, procesados por lavado, eran vicepresidente segundo y vocal titular respectivamente. Para la UIF, estos dos últimos se encuentran entre los principales testaferros del clan.

Gerenciadora Deportiva tenía balances curiosos: todos negativos, de acuerdo a declaraciones juradas. Es decir, siempre fue a pérdida, al menos en los papeles. Sin embargo, en la sede del club San Martín se encontró un contrato firmado con Gerenciadora Deportiva para la temporada 2008-2009: el club, en la letra del texto, le cedía prácticamente todos sus ingresos a la empresa de "La Chancha". En ese período, se acreditó que San Martín de Tucumán recibió 1,2 millones de pesos en concepto de subsidios del gobierno.

Otra pareja de Rubén Alé, Valeria Fernanda Bestán, también imputada, tuvo un local en las instalaciones del club, con un contrato firmado entre ambos. Otro miembro del clan se hizo cargo de la cantina. La compraventa de jugadores también está bajo sospecha. Una carta de Rivero mencionaba a "los 11 jugadores que eran de la gerenciadora que en definitiva es tuya".

Adolfo Alé, "El Mono", tiene su parte en la imputación por narcotráfico. Una testigo reservada que trabajó para él señaló oírlo hablar de droga y lugartenientes en villas y barrios carenciados en varias ocasiones. Tres imputados en el juicio vinculados a Adolfo fueron detenidos por la PSA con droga en sus vehículos. El teléfono de ellos fue intervenido, con frases como "un kilo de torta", "compra poco", "400 gramos".

Los amigos de siempre

Más allá de la acusación de Susana Trimarco, la UIF dedica en su informe un capítulo especial a los vínculos de Rubén Alé con estructuras corruptas del Estado, puntualmente con miembros de la Policía de Tucumán -hay un efectivo enjuiciado-, de Gendarmería y del Ministerio Público Fiscal tucumano.

Esto último surge de una causa por usurpación de 2011, en la cual "La Chancha" fue detenido por poco tiempo. Una carta encontrada en un allanamiento hecho por la PSA en casa de Alé comenzaba con el epíteto "Querido Rubén", con frases como "voy a seguir luchando para que se haga justicia con vos". Según uno de los fiscales de la causa por usurpación, el autor de esta misiva no sería otro que un prominente fiscal de cámara de la provincia.

María Jesús Rivero.
María Jesús Rivero.

Notas encontradas en la remisería Cinco Estrellas revelan pedidos de colaboración para materiales de construcción en comisarías. En una concesionaria cuyo dueño sospechado sería "La Chancha" se encontró una credencial, según el informe de la UIF, emitida por la División Trata de la Policía de Tucumán en 2010. La tarjeta pedía a cualquier efectivo policial "brindar deferente atención" a su portador. Con respecto a Gendarmería, un testigo de identidad reservada reveló que un funcionario de esa fuerza vinculado familiarmente a Fabián González le alertó a "La Chancha" de varios allanamientos antes de que ocurran en diciembre de 2013.

Las cuentas claras

Las acusaciones de lavado hechas por la UIF se vuelven la pieza central de la acusación contra Rubén Alé. El ajedrez de testaferros es la clave.

En el caso del jefe de clan, la Unidad detectó que, a partir de julio de 2011, "La Chancha" efectuó maniobras de lavado por 10 millones de pesos. Administró bienes a su nombre por casi 2 millones, con once propiedades, la mayoría terrenos en la zona de Los Pereyra, departamento de Cruz Alta, más una Toyota Land Cruiser a su nombre valuada en 492 mil pesos. Sin embargo, de acuerdo al informe, disimuló 8,7 millones de pesos en cuentas de firmas ligadas al clan como Transportadora Leonel SRL. Hay al menos 75 autos más un semirremoleque y un acoplado valuados en más de 5 millones de pesos, ligados a firmas y presuntos testaferros: figuran nombres como María Florencia Cuño y Valeria Bestán, también imputadas en el juicio y Cinco Estrellas SRL.

En cuanto a Adolfo Alé, sus operaciones de lavado exceden a las de su hermano en los cálculos de la UIF: 12,4 millones. Según el Registro de la Propiedad Automotor, "El Mono" tiene treinta camiones pickups y semirremolques a su nombre por 5,9 millones de pesos, incluidos nueve chásis con cabina Mercedes Benz con un valor de 26 mil pesos cada uno. Todos los dominios de patente son recientes, con las letras H, I, L y M. Además, registra 19 inmuebles de acuerdo a datos de la AFIP, por tres millones de pesos.

Pero lo más llamativo es su arsenal, registrado a su propio nombre en el ex RENAR: 36 escopetas, carabinas y pistolas por un valor de 299 mil pesos. En su domicilio tenía otras 14 armas registradas a nombre de terceros.