¿Cuál es el futuro de la ley nacional de Etiquetado Frontal? Qué dicen los expertos en nutrición infantil

El debate profundo y lleno de vaivenes sobre el futuro de la Ley de etiquetado frontal de los alimentos implica revisar la legislación vigente, bajo la letra 27.642, en pos de lograr lo que aún no ha conseguido: mejorar y ampliar la información nutricional clara y veraz de los productos que la población elige para alimentarse. Además, se busca que esa información de calidad ayude a tomar las mejores decisiones para la salud.

Un reconocido consenso de expertos, agrupados en el colectivo científico PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil), sostuvo que la discusión sobre el futuro del etiquetado frontal debe centrarse en construir un sistema de información nutricional más preciso, basado en evidencia científica reciente y orientado a mejorar las decisiones alimentarias de los consumidores.

Actualizar el etiquetado frontal de alimentos representa, para integrantes de PROFENI, una oportunidad para revisar la Ley 27.642 sin eliminar la información al consumidor. El planteo, difundido el 30 de julio de 2026, propone ajustar criterios técnicos del sistema vigente para distinguir mejor entre productos y reducir mensajes confusos.

Con más de seis de cada 10 argentinos con sobrepeso u obesidad y déficits nutricionales de hierro, calcio, vitamina D y fibra, la entidad profesional consideró necesario continuar el trabajo entre los distintos actores involucrados para mejorar los patrones alimentarios e impactar en la salud de la población.

Mejorar las asimetrías de la información de los alimentos

Los especialistas remarcaron que toda política pública sobre alimentación debe garantizar información nutricional clara, visible y comprensible. En ese marco, definieron al etiquetado frontal como una herramienta valiosa de salud pública, aunque señalaron que puede incorporar mejoras para minimizar mensajes erróneos o confusos y favorecer políticas alimentarias más eficaces.

La doctora en nutrición e integrante de PROFENI, María Elena Torresani, precisó: “La discusión no debería plantearse como una elección entre mantener o eliminar los octógonos. El verdadero desafío consiste en construir un sistema que preserve el derecho de las personas a recibir información nutricional sencilla, pero que, al mismo tiempo, refleje con mayor precisión las diferencias entre los alimentos”.

La Ley Nacional Nº 27.642 incorporó el modelo de perfil de nutrientes desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud, que establece umbrales móviles para identificar excesos de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales. Según PROFENI, ese modelo fue diseñado originalmente para evaluar la calidad nutricional de la dieta en su conjunto y no para aplicarlo a alimentos individuales.

Desde la entidad sostuvieron que el criterio de umbrales móviles pudo haber privilegiado la presencia de octógonos en alimentos envasados por encima de la función de brindar información clara para diferenciar productos.

Para los expertos, la experiencia acumulada desde la implementación de la ley permite detectar aspectos a revisar. Uno de ellos es que los criterios actuales pueden generar situaciones en las que alimentos con perfiles nutricionales diferentes reciban advertencias similares, mientras otros productos con mayor densidad energética o mayor contenido de nutrientes críticos exhiban menos sellos.

“El sistema que se utilice debe permitir a las personas distinguir claramente entre alimentos y comprender mejor las diferencias que existen entre ellos”, explicó Mónica Katz, médica especialista en Nutrición, expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición y miembro de PROFENI.

Reformulación y alimentos no envasados

PROFENI también advirtió que los criterios actuales pueden limitar los incentivos para la reformulación de alimentos. En algunos casos, cuando una empresa disminuye el contenido de azúcares agregados, sodio o grasas saturadas, también baja el aporte calórico y, al mantenerse la misma proporción, el producto sigue mostrando la misma cantidad de sellos de advertencia por la forma en que se calculan los umbrales de la norma.

En esa línea, recordaron que la implementación del sistema ya incorporó ajustes. La Disposición ANMAT 11362/2024 introdujo modificaciones para diferenciar nutrientes naturalmente presentes en los alimentos de aquellos incorporados durante los procesos de elaboración, en particular en el caso de los azúcares añadidos.

Los especialistas señalaron además que, ante el objetivo de mejorar la nutrición poblacional, importan los nutrientes críticos tanto en alimentos envasados como a granel. Indicaron que la ley argentina, al igual que otros sistemas de etiquetado frontal y como establece el CODEX Alimentarius (FAO), solo se aplica a alimentos envasados.

Por ese motivo, plantearon que otro instrumento debería atender la situación de los consumidores que no acceden a información nutricional sobre alimentos adquiridos en panaderías, carnicerías, heladerías o restaurantes. Según advirtieron, gran parte de esos alimentos presenta excesos de nutrientes críticos y esa situación podría resolverse poniendo a disposición la información nutricional, por ejemplo, a través de un código QR.

La propuesta de una “segunda generación”

Para PROFENI, la evolución del sistema podría apoyarse en cuatro consensos. El primero es preservar el derecho de los consumidores a recibir información nutricional frontal clara y visible.

El segundo es adoptar criterios técnicos expresados en valores absolutos por cada 100 gramos o 100 mililitros, una metodología utilizada en Brasil, Chile, Uruguay y otros países, que facilita la comparación entre alimentos y favorece una mayor armonización regulatoria.

El tercer punto es distinguir con mayor claridad los nutrientes intrínsecos propios de cada alimento de aquellos agregados durante su elaboración, especialmente en el caso de los azúcares, para evitar penalizar matrices alimentarias naturalmente nutritivas.

El cuarto es generar incentivos regulatorios que estimulen la reformulación progresiva de alimentos mediante reglas claras, metas alcanzables y reconocimiento de las mejoras.

Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Nutrición (CEPEA) e integrante de PROFENI, señaló a Infobae: “La evidencia científica demuestra que ningún sistema de etiquetado, por sí solo, modifica los hábitos alimentarios. La alimentación saludable depende también de la educación nutricional, del acceso a alimentos de calidad y del desarrollo de hábitos sostenidos dentro del hogar, en la escuela y en la comunidad”.

“El etiquetado debe entenderse como una herramienta dentro de una estrategia mucho más amplia, pero, aun así, desarrollar científicamente criterios fijos de perfil de nutrientes es una urgente necesidad para perfeccionar la ley que ya tenemos”.

La industria habla

Durante el mes de julio, el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, tal su nombre formal, con la firma del presidente Javier Milei, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones. La iniciativa se suma a un proyecto previo del oficialismo en Diputados que recorre el mismo camino. Ambos textos coinciden en señalar “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” del sistema vigente y apuntan a una convergencia normativa con los países vecinos.

La ley no contempla solo el etiquetado con octógonos; también incluye “leyendas precautorias” (como destacar si los alimentos contienen edulcorante o cafeína), restricciones en la comercialización en entornos escolares y prohibición de publicidad dirigida a las infancias (el uso de personajes infantiles, dibujos animados y otros en los envases).

Como publicó Infobae, la industria alimenticia local respalda el fin de los octógonos, al menos en su formato actual, y aseguran que prefieren un sistema regulatorio armonizado con el Mercosur. La postura del sector está encabezada por la Confederación de Asociaciones de la Industria Alimenticia Argentina (Copal), donde participan grandes empresas como Arcor, Coca Cola, Quilmes, Danone, Molinos y Unilever, entre muchas otras.

Según Copal, el eje central de lo que consideran un problema es la fórmula con la que la ley evalúa los nutrientes críticos como azúcar, grasas, sodio y calorías. El esquema vigente no mide el contenido de cada nutriente en términos absolutos, sino en relación con la densidad calórica del producto.

Eso genera, de acuerdo con la entidad, distorsiones que imposibilitan diferenciar alimentos con perfiles nutricionales sustancialmente distintos. Dos productos con una diferencia del 40% en el contenido de sodio pueden llevar el mismo octógono negro, sin que el consumidor tenga forma de advertirlo.