El negocio verde que puede dejar hasta US$3.900 millones por año en Argentina

Argentina tiene frente a sí una oportunidad económica que, de concretarse, podría transformar al carbono en una nueva fuente de inversiones y divisas, aseguran desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Y por ello, reclaman al Senado de la Nación que avance con urgencia en una ley que establezca reglas para el funcionamiento del mercado de créditos de carbono.

El proyecto de ley marco para regular los mercados de carbono en Argentina se encuentra actualmente con dictamen de comisión aprobado en la Cámara Alta, listo para ser tratado y votado en el recinto tras una reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la que los legisladores unificaron y pasaron a la firma el dictamen. En ese contexto, el CAA reclama que el Senado le otorgue la media sanción definitiva para que el proyecto pueda ser girado a la Cámara de Diputados.

Desde la entidad estiman que un marco regulatorio claro permitiría captar entre US$1.400 millones y US$3.900 millones anuales, además de impulsar inversiones territoriales por más de US$2.000 millones en el mediano plazo. La apuesta está puesta especialmente en el potencial ambiental de la producción agroindustrial argentina.

El escenario actual, sin embargo, dista de estar consolidado. El país cuenta con más de 40 proyectos de carbono en ejecución, pero la mayoría se encuentra limitada al mercado voluntario. Según el sector, una legislación que permita vincular esos desarrollos con mercados internacionales podría multiplicar las oportunidades.

Para el CAA, el atractivo argentino reside en actividades capaces de generar reducciones o capturas de emisiones: manejo de suelos, ganadería regenerativa, forestación, bioenergía y producción de biocarbón aparecen entre las principales alternativas. Sin embargo, “para transformar esa ventaja competitiva en inversión y empleo genuino necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria”, advirtió Gustavo Idígoras, presidente de la entidad.

Qué propone la ley

Entre los puntos valorados por el CAA se encuentra el reconocimiento de la propiedad de los créditos de carbono en favor de los titulares de los proyectos. También destaca la posibilidad de comercializar libremente los aportes destinados a mercados voluntarios, sin autorizaciones administrativas previas que, a su criterio, podrían convertirse en trabas burocráticas; la estabilidad fiscal durante diez años, la exención de derechos de exportación y la creación de un Registro Nacional de carácter ágil, gratuito y declarativo. El objetivo sería evitar la doble contabilización sin transformar al Estado en una barrera para el desarrollo de nuevos proyectos.

Tres claves para atraer inversiones

En tanto, la Mesa Argentina de Carbono (MAC), que reúne a más de 50 empresas y organizaciones vinculadas con la actividad, también expuso ante el Senado su planteo parte de una premisa similar: Argentina tiene recursos naturales y capacidad técnica, pero necesita reglas que le permitan competir con otros países de la región.

La organización identificó tres definiciones que considera fundamentales.

1. Determinar con precisión quién es el titular del crédito generado por un proyecto. Su propuesta es que corresponda al propietario del bien sobre el cual se desarrolla la iniciativa o a quien este le haya cedido los derechos mediante un acuerdo.
2. Establecer qué naturaleza jurídica tiene el crédito de carbono. La MAC propone reconocerlo como un bien inmaterial de carácter patrimonial, una definición que permitiría aportar mayor claridad a cuestiones impositivas y administrativas.
3. Contar con un mecanismo gubernamental que permita autorizar y ajustar las transferencias internacionales mediante un esquema competitivo, incluyendo porcentajes mínimos de autorización.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) coloca en el centro del debate la propiedad de los créditos, la reducción de la burocracia y el destino de los beneficios generados por el mercado de carbono. Al mismo tiempo, considera que el desarrollo de los bonos de carbono puede convertirse en una herramienta para movilizar inversiones y generar empleo en distintas regiones del país, especialmente en zonas con potencial forestal y de conservación como el NEA, el NOA y la Patagonia.

La discusión no ocurre en un vacío. Mientras Argentina define cómo ordenar su mercado, otros países latinoamericanos ya avanzaron en la construcción de marcos regulatorios para captar inversiones vinculadas con el carbono. Paraguay, Chile, Perú, Brasil, Colombia y México aparecen entre los países señalados como competidores.

Qué son y cómo funcionan los mercados de carbono

Los mercados de carbono son herramientas económicas que buscan ponerle un valor a la reducción o captura de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono (CO₂). A través de estos mecanismos, esas reducciones pueden convertirse en créditos de carbono, activos que luego pueden ser comercializados. En términos generales, cada crédito representa una tonelada adicional de CO₂ que fue evitada o capturada respecto de una situación de referencia, mediante iniciativas como la conservación de bosques, proyectos de energías renovables, mejoras en eficiencia energética u otras acciones de mitigación. De esta manera, una actividad que contribuye a reducir emisiones puede generar un activo susceptible de ser colocado en el mercado.

Existen, fundamentalmente, dos grandes modalidades: los mercados regulados, que surgen a partir de normas estatales o acuerdos supranacionales y establecen obligaciones para determinados gobiernos, empresas o sectores respecto de sus emisiones; y los mercados voluntarios, que funcionan sobre la base de decisiones de empresas, organizaciones o particulares que compran créditos sin que exista necesariamente una obligación legal.

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, incorporó expresamente mecanismos de mercado a través de su Artículo 6 para que los países puedan cooperar en el cumplimiento de sus compromisos climáticos. Bajo este esquema, una reducción de emisiones generada en un país puede ser transferida internacionalmente para contribuir al cumplimiento de los objetivos de otro, siempre bajo reglas de transparencia y contabilidad.