La organización Poder Ciudadano Guatemala entregará al Congreso una reforma constitucional sobre justicia

Poder Ciudadano Guatemala entregará al Congreso su propuesta de reforma constitucional del sector justicia el lunes 28 de septiembre, tras una campaña que superó las 14 mil firmas y busca que el eventual cambio sea ratificado mediante una consulta popular junto con las elecciones generales de 2027.

La recolección presencial concluirá el 19 de septiembre, después de haber comenzado el 4 de julio. Hasta el 10 de septiembre, la iniciativa reunía más de 14 mil adhesiones ciudadanas, por encima de las cinco mil que exige la Constitución para que un grupo de ciudadanos presente una propuesta de reforma ante el Legislativo.

El artículo 277, literal D, de la Constitución establece ese requisito de respaldo ciudadano. La cantidad alcanzada permite a la organización avanzar hacia la presentación formal de su planteamiento, aunque el recorrido institucional todavía dependerá de decisiones posteriores de los diputados.

La jornada de entrega comenzará a las 09:00 en la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona uno de la Ciudad de Guatemala. Desde ese punto, los voluntarios marcharán hasta el Palacio Legislativo para entregar las firmas y la iniciativa.

Edgar Ortiz, director de Poder Ciudadano Guatemala, confirmó el calendario durante una entrevista radial y sostuvo que la convocatoria para el acto será abierta a quienes participaron en la campaña. Reconoció, sin embargo, que la fecha coincide con un día laboral y que parte de los colaboradores no podrá asistir.

Varios voluntarios viajarán desde departamentos del interior para sumarse a la concentración. La organización espera que la movilización refleje el alcance territorial que tuvo la búsqueda de apoyos para modificar las normas constitucionales vinculadas con la justicia.

Una red de 512 voluntarios y liderazgos departamentales

La recolección movilizó a 512 voluntarios, de los cuales entre 25 y 30 asumieron funciones de liderazgo en distintos departamentos. Cada uno organizó jornadas en su comunidad, mientras Poder Ciudadano aportó capacitación y materiales como chalecos y carpetas.

La mayoría de quienes participaron no son abogados, sino ciudadanos de profesiones diversas que se incorporaron a partir de las actividades educativas que la organización desarrollaba en redes sociales. El modelo descentralizado permitió que las firmas fueran reunidas por personas vinculadas con sus propias localidades.

Ortiz atribuyó el resultado al trabajo de esa red ciudadana: “Creo que es un esfuerzo muy exitoso, no por mí, sino exitoso por los voluntarios, porque haber convencido a quinientas doce personas de regalar su tiempo por una propuesta de reforma a la justicia, creo que si usted lo cuenta en otro país se reirían”.

La propuesta no cuenta todavía con contactos formales con partidos políticos ni legisladores. El director explicó que esa etapa comenzará cuando la iniciativa reciba un número y quede oficialmente ingresada al Congreso de la República.

Para ser aprobada por los diputados, la reforma requerirá 107 votos de los 160 integrantes del Congreso. Poder Ciudadano prevé realizar acercamientos plurales con las distintas bancadas y mantener una posición equidistante frente a todas ellas para reunir la mayoría necesaria.

La consulta popular proyectada para las elecciones de 2027

Si el Congreso aprueba la reforma con la mayoría requerida, la organización pretende que el texto sea sometido a consulta popular durante las elecciones generales de 2027. En ese escenario, la decisión podría incorporarse como una sexta papeleta para que la ciudadanía ratifique o rechace la modificación constitucional.

Ortiz considera que el principal obstáculo no es reunir firmas, sino la resistencia de la clase política, que, según afirmó, “se ha atrincherado” en los últimos años. Si los diputados no aprueban el cambio antes del proceso electoral, la organización buscará que los partidos expresen públicamente su posición sobre el tema cuando se convoque a elecciones.

El director planteó que los votantes deben conocer la postura de los legisladores: “Que sepan también en las urnas cómo premiar o cómo castigar a aquellos diputados que quieren o no quieren reformar la justicia”. Esa estrategia trasladaría el debate al período electoral si el trámite parlamentario no prospera antes.

Cuando la iniciativa ingrese al Congreso, Poder Ciudadano habilitará una adhesión digital simbólica para quienes no pudieron firmar durante la etapa presencial. El mecanismo no sustituirá las rúbricas entregadas, pero permitirá ampliar el acompañamiento ciudadano a la propuesta.

La organización también mantiene herramientas de observación sobre la actividad legislativa, la elección del contralor general de Cuentas y la Corte de Constitucionalidad. El monitor previsto para esta última institución será activado en octubre.