El Poder Ejecutivo de República Dominicana dispuso la extradición a España del ciudadano español Jonathan Vera Pozo, requerido por presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal, según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.
La medida quedó formalizada mediante el decreto 795-26, firmado por la vicepresidenta Raquel Peña en funciones de Poder Ejecutivo. El texto ordena la entrega del requerido al Reino de España, donde deberá responder ante la Justicia por las imputaciones formuladas en una investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.
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Pesqueira explicó que la decisión responde a una solicitud de extradición presentada por las autoridades españolas, originada en las diligencias previas número 7/2026. El expediente atribuye al ciudadano español presuntas vulneraciones de varios artículos del Código Penal de ese país.
Vera Pozo había sido detenido el 2 de octubre en el distrito municipal de Punta Cana, provincia La Altagracia, en el marco de la operación internacional Fast Lap. La captura estuvo a cargo del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con respaldo de organismos de seguridad de Estados Unidos y Europa.
Las autoridades dominicanas ejecutaron el arresto tras un requerimiento de la Suprema Corte de Justicia, que había autorizado su captura con fines de extradición. Desde entonces, el detenido ha permanecido bajo custodia local mientras se completaban las evaluaciones y los procedimientos legales necesarios para definir su entrega.
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De acuerdo con la investigación divulgada en octubre, el ciudadano español, de 41 años, era requerido por su presunta relación con una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos. Las autoridades españolas lo señalaron como uno de los presuntos responsables de la organización.
La investigación vinculó a la red con más de 1,500 kilos de cocaína
Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2023, a partir del análisis de comunicaciones a través de plataformas de mensajería cifrada. La organización quedó relacionada con cuatro decomisos de cocaína en Panamá que, en conjunto, superaron los 1,500 kilogramos de droga.
Según las autoridades españolas, la estructura habría utilizado contenedores marítimos para trasladar cargamentos desde Colombia y Panamá hacia Europa. Los investigadores indagan el uso de métodos conocidos como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado”, que consisten en ocultar la droga en envíos comerciales sin conocimiento de los propietarios de la mercancía.
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La operación Fast Lap incluyó 38 allanamientos simultáneos en distintos países y concluyó con 27 detenidos: 26 en España y uno en República Dominicana. En las acciones participaron la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de España, la Guardia Civil, Europol y otros organismos de cooperación internacional.
Las autoridades ocuparon criptomonedas, relojes y dinero en efectivo
Durante el allanamiento en Punta Cana, las autoridades ocuparon teléfonos, computadoras, tabletas y tres billeteras frías de criptomonedas Ledger. También incautaron siete relojes de alta gama, joyas, tarjetas bancarias, contratos de préstamos e inmuebles, documentos y un vehículo Mercedes-Benz GLS 580 4Matic.
En el operativo fueron hallados USD 11,500 y 79,815 pesos dominicanos (USD 1,314.18) en efectivo. Las pruebas quedaron bajo resguardo para incorporarlas a las investigaciones que desarrollan República Dominicana y España.
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Las autoridades españolas sostienen que la red habría desarrollado un sistema para introducir recursos ilícitos en la economía formal mediante sociedades vinculadas al sector inmobiliario. Las pesquisas detectaron inversiones relacionadas con los investigados en República Dominicana, Dubái, Ibiza, Marbella y Madrid.
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