República Dominicana deportó a más de 250,000 haitianos en los primeros siete meses de 2026, un ritmo que equivale a cerca de mil expulsiones diarias, según cifras de la Dirección General de Migración difundidas este viernes y citados por EFE.
El dato representa un alza del 16.2% frente al mismo período del año anterior y se produce mientras Haití atraviesa lo que Naciones Unidas califica como una de las peores crisis humanitarias del hemisferio occidental.
De los 250.429 deportados entre enero y julio, 143,182 son hombres (76.92%) y 42,957 son mujeres (23.08%). La cifra supera los 215,463 registrados en igual período de 2025.
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Quiénes son los deportados y a qué regresan
El destino de cada deportación es un país donde las pandillas controlan entre el 80% y el 90% de la capital, Puerto Príncipe, según datos de la ONU actualizados a julio de 2026.
Solo el 10% de los centros médicos con capacidad de hospitalización funciona a nivel nacional, y más de 6.4 millones de personas, más de la mitad de la población, necesitan asistencia humanitaria urgente.
Entre el 6 de marzo y el 31 de julio, al menos 613 personas fueron asesinadas y otras 375 resultaron heridas en los barrios de Cité Soleil y La Plaine du Cul-de-Sac, en Puerto Príncipe, según un informe de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH). Más de 18,000 personas debieron abandonar sus hogares en ese lapso.
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La organización estadounidense Refugees International advirtió que más de 68,000 haitianos fueron deportados en el primer trimestre de 2026, cifra que ya superaba los 55,000 del mismo período de 2025. La mayoría provenía de República Dominicana.
La infraestructura de la expulsión
El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, anunció además la instalación de una oficina permanente en el cruce fronterizo de Dajabón, en el noroeste dominicano.
La estructura reforzará el control durante el mercado binacional que se celebra los lunes y los viernes, con sistemas de reconocimiento facial para identificar a los nacionales haitianos autorizados a ingresar.
La DGM también mantiene operativos coordinados con autoridades civiles y militares en las rutas alternas utilizadas por redes de tráfico de personas para evadir los controles fronterizos.
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Esta política de deportación masiva se consolidó en octubre de 2024, cuando el presidente Luis Abinader ordenó la expulsión de todos los haitianos indocumentados del país, al sostener que representaban una “carga” económica para las comunidades dominicanas.
Las críticas de organismos internacionales
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha documentado un aumento de casos de personas vulnerables entre los deportados: embarazadas, madres lactantes y menores de edad devueltos a un territorio sin servicios básicos.
Solo en febrero de 2026, entre los más de 22,000 deportados ese mes, figuraban 103 mujeres embarazadas, 254 madres en período de lactancia y 57 menores no acompañados, según el Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR).
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El experto en derechos humanos de la ONU William O’Neill fue categórico al hablar con El País: “Nadie debería ser deportado ni forzado a regresar a Haití. La situación de derechos humanos es catastrófica y no hay forma de que ninguna repatriación forzada en este momento pueda ser segura, digna y duradera”.
Amnistía Internacional, por su parte, señaló que las políticas migratorias dominicanas están arraigadas en el racismo y se traducen en perfilamiento racial y negación de servicios básicos, incluida la atención médica, que queda condicionada al estatus migratorio del paciente.
Un país que no puede recibir a sus deportados
Los puntos de cruce de Ouanaminthe y Belladère, en la frontera haitiana, registran entre 600 y 700 retornos forzados por día solo por Ouanaminthe, según organizaciones humanitarias citadas por la ONU.
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Muchos de los que llegan ya habían huido de la violencia interna antes de ser deportados desde República Dominicana.
La crisis de desplazamiento interno supera 1.5 millones de personas, el nivel más alto registrado en Haití por este motivo. Más de la mitad del país, 5.83 millones de personas, enfrenta inseguridad alimentaria aguda, de acuerdo con la clasificación IPC del período marzo-junio de 2026.
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