
El Senado de la República Dominicana aprobó este miércoles, en dos sesiones consecutivas con carácter de urgencia, la reforma del Código Penal y remitió el proyecto al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
La pieza legislativa, que modifica la Ley 74-25, recibió 25 votos a favor y tres en contra, tras el rechazo de nuevas enmiendas por parte de la Cámara Alta. Según reportó Acento, el proceso se completó después de que la Cámara de Diputados introdujera cambios en 40 artículos del texto, lo que marcó otro capítulo en el prolongado debate sobre la actualización del marco jurídico penal en el país.
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Durante la sesión, el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, presentó varias mociones dirigidas a modificar aspectos vinculados a la libertad de expresión, el hostigamiento cibernético y la regulación de los disparos al aire. Una de sus propuestas apuntaba a modificar el artículo 123 sobre hostigamiento cibernético, debido a preocupaciones sobre posibles restricciones al ejercicio periodístico y ciudadano, especialmente en la difusión de hechos de interés público.
Fernández también solicitó la eliminación de ciertas disposiciones del artículo 211, al considerar que podrían establecer límites previos al derecho constitucional a la libertad de expresión. Además, propuso diferenciar las sanciones para los disparos al aire según la gravedad de las consecuencias, desde lesiones leves hasta muertes.
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Estas tres mociones, según recogió Acento, fueron rechazadas en bloque por la mayoría de los senadores, que votaron con 22 votos en contra y seis a favor.
Fernández recordó durante el debate que el nuevo Código Penal requiere ajustes antes de su entrada en vigor y resaltó la necesidad de un debate público más amplio, señalando que “era bueno que la gente fuera escuchada, no solo mediante propuestas escritas”.

El senador por San Juan, Félix Bautista, solicitó que 84 artículos del Código Penal no entren en vigor el próximo 3 de agosto, fecha prevista para su aplicación. Bautista argumentó que varias de esas disposiciones están bajo revisión en el Tribunal Constitucional y sugirió otorgar un plazo adicional de tres meses para que el Congreso pudiera revisar esos artículos. El Senado rechazó la solicitud con 24 votos en contra y cuatro favorables.
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Por su parte, Antonio Taveras Guzmán, senador por la provincia Santo Domingo, presentó nueve mociones durante el debate, entre ellas la inclusión de las “tres causales” para permitir la interrupción del embarazo en circunstancias específicas. Esta propuesta fue rechazada con 24 votos en contra y tres a favor.
Taveras Guzmán también propuso eliminar el delito de bancarrota simple, argumentando que los errores de gestión empresarial sin intención fraudulenta no deberían tener consecuencias penales, así como eliminar el delito de ultraje por el posible impacto en la crítica ciudadana hacia funcionarios públicos.
Además, pidió precisar la sanción por certificación falsa del estado de salud para evitar castigar errores involuntarios.
El portavoz de la bancada de la Fuerza del Pueblo, Eduardo Espiritusanto, expresó que su organización votaría en contra del proyecto, al considerar que algunas de sus disposiciones no corresponden a la realidad social dominicana. Otros legisladores oficialistas, como Ginnette Bournigal y Cristóbal Venerado Castillo, manifestaron reservas respecto a la rapidez con la que se tramitó la aprobación, aunque respaldaron la sanción definitiva del Código Penal.
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En contraste, el senador Ramón Rogelio Genao defendió la aprobación, recordando que el texto recibió respaldo unánime al ser aprobado inicialmente en 2025. Según Acento, la reforma aprobada representa un avance en algunos aspectos, pero persisten cuestionamientos sobre la amplitud de ciertos artículos y la inclusión de temas sensibles como la libertad de expresión y el derecho a la crítica.
El proyecto ahora queda en manos del Poder Ejecutivo, que podrá promulgarlo o devolverlo al Congreso con observaciones. El calendario legislativo establece el 3 de agosto como fecha para la entrada en vigor de la nueva normativa, salvo que se produzca una revisión adicional. El debate sobre el Código Penal dominicano ha abierto espacio para discusiones sobre garantías constitucionales, derechos civiles y el proceso legislativo en la República Dominicana, según el análisis de Acento.
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