Más de tres décadas después, la ciencia devuelve identidad a dos víctimas de la invasión estadounidense a Panamá

Treinta y seis años después de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, dos familias podrán finalmente dar sepultura a sus seres queridos. La Procuraduría General de la Nación entregó los restos óseos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, identificados mediante pruebas de ADN procesadas en Panamá y Guatemala como parte de las investigaciones sobre las víctimas del 20 de diciembre de 1989.

La entrega se realizó en el cementerio Jardín de Paz, con la presencia de familiares de ambas víctimas, quienes expresaron su satisfacción por el trabajo desarrollado para recuperar sus identidades.

Los estudios fueron efectuados por el Laboratorio de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Genética Forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

La identificación constituye un nuevo avance en un proceso que permanece abierto más de tres décadas después de la operación militar estadounidense. Los restos forman parte de los sumarios que tramita la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana para esclarecer las muertes, ubicar a los desaparecidos y determinar la identidad de cuerpos enterrados sin información suficiente tras los combates.

La invasión comenzó durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando fuerzas estadounidenses ejecutaron la denominada Operación Causa Justa. El ataque fue desplegado por aire, tierra y mar contra 27 objetivos militares de manera simultánea, con la participación de aproximadamente 24,000 soldados, además de las tropas que Estados Unidos mantenía en territorio panameño.

El objetivo declarado era capturar al general Manuel Antonio Noriega, proteger a ciudadanos estadounidenses, defender el funcionamiento del Canal y respaldar la instalación del gobierno encabezado por Guillermo Endara.

Los ataques alcanzaron zonas densamente pobladas, entre ellas El Chorrillo, donde estaba ubicada la Comandancia de las Fuerzas de Defensa, además de San Miguelito, Río Hato y sectores de Colón.

El Chorrillo quedó marcado por los bombardeos y los incendios que destruyeron viviendas, comercios, una escuela, estaciones de autobuses y otras estructuras. Según los alegatos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miles de residentes fueron desplazados y unas 18,000 personas quedaron sin hogar, mientras el acceso a algunas áreas permaneció restringido durante días.

Treinta y seis años después de la invasión, Panamá continúa exhumando restos humanos para esclarecer uno de los capítulos más dolorosos de su historia.

El número de muertos continúa siendo uno de los puntos más controvertidos de la invasión. Estados Unidos reportó 202 civiles y 314 militares panameños fallecidos, para un total de 516 personas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y fuentes independientes estimaron que las víctimas civiles pudieron superar las 2,000, una diferencia que nunca ha sido aclarada definitivamente.

La ausencia de un conteo definitivo estuvo vinculada, entre otros factores, con entierros realizados sin registros completos, cuerpos no identificados y denuncias sobre fosas comunes. La CIDH también recogió cuestionamientos sobre la falta de preparación para identificar, registrar y disponer de los restos humanos con el detalle necesario, situación que prolongó durante décadas la incertidumbre de numerosas familias.

El Registro de Víctimas de la Comisión 20 de Diciembre, actualizado hasta marzo de 2026, contiene 443 nombres en distintas etapas de verificación. Los primeros 238 corresponden a fallecidos y desaparecidos confirmados, mientras que otros 205 nombres permanecen bajo investigación, a partir de información aportada por familiares, organizaciones de derechos humanos y fuentes documentales.

La Comisión advierte que el registro es un documento abierto y puede modificarse conforme se validen los datos con el Tribunal Electoral y otras instituciones. Además, algunas entradas en investigación coinciden con víctimas ya incorporadas en el listado confirmado, por lo que los 443 registros no representan necesariamente esa misma cantidad de personas distintas.

La lista reúne víctimas nacidas en diferentes provincias, panameños nacidos en el extranjero y ciudadanos de otras nacionalidades. Sus edades abarcan desde un recién nacido hasta personas mayores de 80 años, evidencia de que el impacto de la operación alcanzó a niños, jóvenes, adultos y ancianos, tanto civiles como integrantes de las fuerzas panameñas.

Durante los últimos años, las investigaciones recibieron un nuevo impulso mediante la exhumación de restos, la recuperación de cuerpos trasladados entre cementerios y el análisis de perfiles genéticos. Especialistas del Instituto de Medicina Legal y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala han comparado muestras óseas con el ADN aportado por familiares de personas desaparecidas.

Ese trabajo permitió previamente a víctimas como Ricardo Aurelio Arana Riquelme, mediante estudios genéticos realizados durante 2024, y a Eric Abdiel Bonilla Terrero, cuyos restos fueron ubicados en el antiguo cementerio de Cerro Batea y trasladados posteriormente al Jardín de Paz.

La entrega de Coulthrust Quiñones y Carol Ojo permite cerrar parcialmente dos historias familiares, pero también confirma que el proceso de identificación está lejos de concluir. Todavía existen restos pendientes de análisis, casos de desaparición sin resolver y familias que esperan una respuesta oficial sobre lo ocurrido con sus parientes durante y después de la invasión.

Cada identificación representa más que un resultado forense: restituye un nombre, permite completar un duelo y recupera una parte de la memoria histórica. Mientras continúen las exhumaciones y las pruebas genéticas, Panamá seguirá intentando esclarecer una tragedia cuyo número real de víctimas, 36 años después, permanece sin una respuesta definitiva.