
La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) solicitó públicamente a las autoridades fiscales de República Dominicana la aplicación uniforme del Artículo 41 de la Ley 30-26 a toda la industria de bebidas alcohólicas y reiteró que la igualdad en el tratamiento tributario es un requisito para el desarrollo del sector y el fortalecimiento de la economía dominicana, tras la entrada en vigor de la nueva normativa promulgada por el presidente Luis Abinader. La Ley 30-26 establece un conjunto de medidas para el crecimiento económico y la estabilidad fiscal frente a un contexto internacional de incertidumbre.
Adopron, gremio empresario del sector, expresó su preocupación por la necesidad de que el Artículo 41 se aplique de manera equitativa a todos los agentes involucrados en la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas, sin distinción de rubro o tamaño. La organización argumentó que la uniformidad en el cumplimiento de la ley garantiza condiciones justas dentro del mercado y fortalece la recaudación fiscal.
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En un comunicado oficial, los productores de ron subrayan que históricamente han existido diferencias en la fiscalización entre productores locales y otras categorías dentro del sector de bebidas. A juicio de los empresarios, la correcta aplicación del marco legal favorecerá la transparencia y permitirá más eficacia en la lucha contra la evasión y el comercio ilícito.
“Resulta imprescindible que las autoridades tributarias apliquen la ley en igualdad de condiciones para evitar distorsiones competitivas”, manifestó el gremio en su declaración.
¿Qué establece la Ley 30-26?
El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26 el 19 de junio de 2026, tras su aprobación en el Congreso Nacional. De acuerdo con los datos oficiales, la norma busca “fortalecer la disciplina fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad en la gestión económica”. El Gobierno dominicano justificó la promulgación de la ley en el marco de la crisis internacional, argumentando la necesidad de proteger la estabilidad económica y social del país.
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El texto legal establece que solo los ciudadanos con ingresos superiores a 39,900 pesos mensuales (aproximadamente USD 678) pagarán el impuesto sobre la renta. Eleva la deducción de gastos educativos del 25% al 30% y restablece el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en la fabricación de medicamentos. La tasa del impuesto sobre la renta empresarial para grandes contribuyentes se incrementa hasta el 30%.
En relación con las microempresas, la ley elimina el pago de anticipos y crea una amnistía para deudas tributarias. La legislación reduce del 25% al 10% el impuesto sobre la renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles. El Ministerio de Hacienda y Economía declaró que el objetivo de la reforma es mantener la estabilidad y proteger a los sectores vulnerables y medios de la población, además de crear espacio fiscal para responder a la crisis atribuida a los conflictos en Medio Oriente.
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Adopron destacó que el sector de bebidas alcohólicas representa una fuente de recaudación tributaria y generación de empleos formales. La asociación recordó que el cumplimiento efectivo de la ley es fundamental para erradicar prácticas desleales y mejorar la fiscalización del mercado. En su comunicado, la entidad reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia, al tiempo que instó a las autoridades a fortalecer los mecanismos de control y supervisión.

De acuerdo con las autoridades, la Ley 30-26 no modifica el ITBIS ni la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes y cigarrillos. Además, excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuevas cargas tributarias y redefine el esquema de pagos para las pequeñas empresas. El Gobierno dominicano anunció que se implementarán nuevos mecanismos de acuerdos de pago y facilidades para la regularización de obligaciones pendientes con la Dirección General de Impuestos Internos.
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