Nicaragua recordó este 15 de agosto los 3 años de la confiscación de la Universidad Centroamericana, ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2023. Según reseña Centroamérica 360, el caso se inscribió en una ofensiva que, desde 2018, cerró 27 universidades y afectó a cerca de 40,000 estudiantes.
La Universidad Centroamericana, conocida como UCA, fue despojada de sus bienes por una resolución notificada el 15 de agosto de 2023. El oficio fue emitido por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales.
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La orden dispuso la incautación de todos los bienes inmuebles y muebles de la universidad, además de sus cuentas bancarias y productos financieros, a favor del Estado de Nicaragua.
Pero esa orden no llegó de manera aislada. El régimen ya había congelado las cuentas bancarias de la universidad a través de la Superintendencia de Bancos, inmovilizado todas sus propiedades a petición de la Procuraduría General de la República e inhabilitado el Centro de Mediación de justicia de esa casa de estudios por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Además, antes de eso, la Universidad Centroamericana había sido excluida del 6% del presupuesto estatal destinado por la Constitución a las universidades. También se le negó la acreditación que otorgan el Consejo Nacional de Universidades, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y el Ministerio de Gobernación.
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La resolución judicial ordenó ejecutar la incautación total de bienes de la UCA
Por ello, el documento también instruyó al Registro Público de la Propiedad, la Superintendencia de Bancos, la Dirección Nacional de Registros, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República a aplicar las acciones necesarias para concretar la confiscación.
La intervención no se limitó al campus universitario. La Policía desalojó también la residencia de los sacerdotes jesuitas, propiedad de la Compañía de Jesús, y no les permitió retirar sus pertenencias.
Después de ese operativo, los religiosos abandonaron el país en medio de amenazas de captura y de un aumento del hostigamiento contra la Iglesia católica.
En su último comunicado oficial, la UCA rechazó los señalamientos del Gobierno, que la acusó de operar como un supuesto centro de terrorismo. La institución sostuvo: “Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.
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La universidad reafirmó además su compromiso con la educación superior y agradeció el respaldo de estudiantes, docentes, personal administrativo y de la sociedad nicaragüense. Al mismo tiempo, anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas hasta que existieran condiciones para retomarlas.
Un día después, el Estado canceló la autorización de funcionamiento y creó otra universidad
Al día siguiente de la confiscación, el Consejo Nacional de Universidades canceló oficialmente la autorización de funcionamiento de la UCA. En paralelo, creó la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro para asumir la continuidad académica de los estudiantes.
El régimen nombró como nuevas autoridades de esa institución a Alejandro Enrique Genet Cruz, rector; a Luz Marina Ortiz Narváez, vicerrectora, y a Moisés Ignacio Palacios, secretario general.
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Con este caso de la UCA, ya sumaban 27 las universidades a las que el régimen canceló y confiscó sus bienes desde diciembre de 2021, incluidas siete de origen extranjero. La ofensiva contra la Universidad Centroamericana también anticipaba su transformación forzada.
La publicación centroamericana ubicó la confiscación en el deterioro de las relaciones entre el régimen de Ortega y la Iglesia católica tras las protestas de abril de 2018. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos denunciaron detenciones de sacerdotes, expulsiones, congelamiento de cuentas bancarias y confiscación de bienes e instituciones religiosas.
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