Organización registra más de 60 alertas por amenazas contra periodistas y sus familias en Honduras

La libertad de expresión continúa enfrentando un escenario de preocupación en Honduras. A lo largo de 2026, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ha registrado alrededor de 60 alertas vinculadas con amenazas y otras formas de intimidación dirigidas contra periodistas y, en algunos casos, sus familiares.

El abogado y miembro de C-Libre, Saúl Bueso, explicó que la cifra no debe analizarse únicamente como un dato estadístico, sino como un indicador de la situación que atraviesan los trabajadores de los medios de comunicación en distintas zonas del país.

Bueso señaló que cada una de las alertas representa a periodistas y familias que han experimentado algún nivel de temor debido a amenazas o acciones destinadas a limitar el ejercicio de su profesión.

“En este año ya llevamos alrededor de más de 60 alertas”, manifestó el abogado, al tiempo que insistió en que lo importante es comprender lo que existe detrás de ese número.

Para C-Libre, la situación resulta preocupante porque el país registra de manera recurrente decenas de alertas relacionadas con agresiones, amenazas o intimidaciones contra comunicadores.

Bueso consideró que el hecho de que año tras año se superen las 40 alertas constituye una señal que debe llamar la atención tanto de la sociedad hondureña como de la comunidad internacional.

Alertas y monitoreos

La organización realiza un monitoreo permanente de los hechos que pueden afectar el derecho a informar y a expresarse libremente. A partir de ese seguimiento, documenta los casos y posteriormente los incorpora en sus informes sobre el estado de la libertad de expresión en Honduras.

Según el representante de C-Libre, los periodistas continúan recibiendo amenazas provenientes de personas anónimas y grupos de poder.

Esta situación puede generar un ambiente de presión para quienes ejercen labores periodísticas, especialmente cuando las amenazas tienen como consecuencia que los comunicadores deban modificar sus rutinas, limitar determinadas investigaciones o incluso considerar abandonar determinadas coberturas.

La preocupación no se limita a los periodistas directamente afectados. Bueso también hizo referencia a los familiares de los comunicadores, quienes pueden convertirse en parte del entorno de presión cuando las amenazas trascienden al ámbito laboral.

Por esa razón, C-Libre sostiene que las alertas deben ser observadas desde una perspectiva más amplia, debido a que cada caso puede tener consecuencias tanto profesionales como personales.

Y la libertad de expresión

Como parte de su labor de seguimiento, C-Libre tiene previsto presentar el próximo 19 de agosto su informe sobre la libertad de expresión correspondiente a 2025.

El documento recopilará los principales acontecimientos registrados durante ese período y permitirá conocer con mayor detalle las situaciones que enfrentaron periodistas, comunicadores y defensores relacionados con el ejercicio de derechos vinculados a la libertad de expresión.

Bueso explicó que estos informes buscan dejar documentado lo ocurrido durante cada año y evaluar también cuáles fueron las respuestas proporcionadas por las instituciones del Estado frente a las denuncias y alertas registradas.

La presentación del informe adquiere relevancia debido a que las amenazas y actos de intimidación continúan registrándose durante 2026, lo que, según la organización, evidencia que persisten desafíos para garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio periodístico.

Uno de los principales señalamientos de C-Libre está relacionado con la necesidad de que las instituciones encargadas de investigar y aplicar justicia actúen con mayor contundencia ante los ataques contra periodistas y defensores.

Esta perspectiva también coloca sobre la mesa la necesidad de que las medidas de protección contemplen no solamente al comunicador, sino las circunstancias particulares de cada caso y las posibles afectaciones a sus familiares.