El Ministerio Público (MP) de la República Dominicana informó, este domingo, sobre el arresto de un inspector de control migratorio que presuntamente exigió un soborno de RD$100 mil (USD 1,700) a una mujer para permitirle salir hacia España desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Según una publicación de la Procuraduría General de la República Dominicana, la detención de Carlos Javier S. ocurrió durante una entrega controlada de dinero, acción que fue autorizada judicialmente y ejecutada con la coordinación de varias instancias estatales.
De acuerdo con la nota oficial del MP, la investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Fiscalía de La Altagracia. De igual manera, en este proceso participaron equipos operativos de la Dirección General de Migración (DGM), quienes colaboraron en las labores de vigilancia y seguimiento.
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Autoridades precisaron que Carlos Javier S. fue sorprendido fuera de un establecimiento comercial en el momento exacto en que iba a recibir el dinero exigido a la víctima. Esta acción se enmarca en las estrategias proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para combatir la corrupción y el crimen organizado en las instituciones públicas del país.
Detención coordinada del inspector y próximas acciones judiciales
La Procuraduría General de la República Dominicana señaló que la detención del inspector se produjo gracias a la coordinación interinstitucional y a la utilización de herramientas judiciales como la entrega controlada, que permitió documentar en tiempo real el acto ilícito. El caso resalta la colaboración entre la Pepca, la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de La Altagracia, así como el respaldo operativo de la DGM.
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El Ministerio Público anunció que en las próximas horas someterá al imputado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, donde se solicitarán medidas de coerción conforme a los procedimientos establecidos por la ley dominicana. La Procuraduría enfatizó que este tipo de acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar la transparencia en los procesos migratorios.
“La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público”, señaló la institución en su informe oficial, reiterando que todas las actuaciones se realizaron conforme a los protocolos legales y judiciales vigentes.
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Las autoridades recordaron que la persecución de la corrupción administrativa constituye una prioridad para el Estado dominicano. El Ministerio Público reafirmó su compromiso de actuar con firmeza frente a cualquier acto de corrupción o abuso de poder en el ejercicio de funciones públicas.
Según la Procuraduría, la coordinación con la jueza Reyes Diloné y los equipos de investigación permitió asegurar la legalidad y transparencia del procedimiento.
El caso pasará ahora a la fase judicial, donde se determinarán las responsabilidades penales correspondientes. La Procuraduría General de la República Dominicana reiteró que este tipo de investigaciones continuarán con el objetivo de erradicar prácticas ilícitas y proteger los derechos de los ciudadanos en el contexto migratorio.
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