
El Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana ha revelado la existencia de una investigación en curso tras identificar la presunta participación de bandas criminales en invasiones dentro de la zona de las Dunas de Baní, ubicada en las cercanías del poblado de Las Calderas, provincia Peravia.
Así lo informó el ministro Paíno Henríquez, quien atribuyó también a estas estructuras delictivas la quema intencional de una caseta de vigilancia ocurrida el pasado fin de semana en el área protegida, según publicó Diario Libre.
De acuerdo con Henríquez, citado por el medio dominicano, la investigación surgió ante denuncias de organizaciones sociales y comunitarias, que solicitaron atención urgente frente a ocupaciones que, según sus reportes, se producen rápidamente en este frágil ecosistema.
El funcionario aseguró que, tras una inspección reciente realizada por técnicos del ministerio junto a miembros de la Armada, se comprobó que las ocupaciones denunciadas se encuentran fuera de los límites protegidos de las Dunas.
No obstante, reconoció que la situación requiere de acciones adicionales, ya que algunas de las áreas invadidas corresponden a terrenos estatales o parcelas no saneadas fuera de la zona de amortiguamiento del monumento natural.

Desde octubre de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene un acuerdo de colaboración con la Armada de la República Dominicana para reforzar la vigilancia permanente en el área protegida. Esta colaboración, según explicó Henríquez en el evento Climate Connect 2026, ha permitido reducir “casi a cero” las extracciones ilegales de arena y prevenir nuevas ocupaciones o construcciones dentro de la zona núcleo y la zona de amortiguamiento de las Dunas de Baní.
De acuerdo con Diario Libre, el ministro enfatizó que, pese a que la vigilancia ha sido reforzada y no se han registrado nuevas ocupaciones dentro de los límites protegidos, el ministerio trabaja de manera coordinada con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía para ejecutar procesos de recuperación de espacios en terrenos estatales invadidos fuera de la zona oficialmente protegida.
Henríquez también explicó que algunas de las ocupaciones más antiguas dentro de áreas protegidas tienen entre 10 y 20 años de existencia, por lo que requerirán procesos de diálogo y negociación con las familias asentadas.
El Ministerio de Medio Ambiente ha reiterado que continuará la vigilancia conjunta con la Armada y otras instituciones, mientras se avanza en procesos de diálogo con las comunidades en ocupaciones antiguas y se ejecutan medidas de recuperación en terrenos estatales afectados por invasiones recientes.
Las autoridades insisten en que la protección de las Dunas de Baní es una prioridad nacional, tanto para preservar la biodiversidad como para asegurar el equilibrio ambiental de la región sur del país.
Qué son las Dunas de Baní y su importancia para República Dominicana

Las Dunas de Baní constituyen uno de los monumentos naturales más emblemáticos y delicados de República Dominicana. Ubicadas en la provincia Peravia, estas formaciones de arena se extienden a lo largo de varios kilómetros y albergan una biodiversidad única, con especies de flora y fauna adaptadas a condiciones extremas de sequedad y altas temperaturas.
El área protegida funciona como barrera natural contra el avance del mar y la erosión, además de servir como hábitat para aves migratorias y endémicas.
El valor ecológico de las Dunas de Baní radica en su papel en la regulación ambiental de la región y en la protección de suelos y acuíferos.
Además, el sitio tiene importancia histórica y turística, pues atrae a investigadores, naturalistas y visitantes interesados en los paisajes singulares de dunas móviles y vegetación xerófila. La protección de este entorno es crucial para la conservación de la biodiversidad y para la adaptación al cambio climático, pues actúa como amortiguador natural frente a fenómenos extremos, como tormentas y huracanes.
El aumento de las ocupaciones ilegales, la extracción de arena y la expansión de actividades humanas no reguladas representan una amenaza directa para la integridad del ecosistema. Por ello, la vigilancia permanente y la colaboración entre instituciones estatales y la sociedad civil resultan fundamentales para garantizar la preservación de este patrimonio natural de República Dominicana.
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