
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) abrió una investigación sobre la posible ejecución de más de 306 prisioneros de guerra ucranianos a manos de militares del Ejército ruso desde el inicio de la invasión en 2022.
El jefe del Departamento de Investigación del organismo, Andri Shvets, explicó que desde febrero de aquel año hasta abril de 2026 se han abierto 116 procedimientos vinculados con estas ejecuciones.
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Las pesquisas se centran en hechos ocurridos principalmente en la región de Donetsk y en la zona rusa de Kursk, lugares donde se han documentado métodos de ejecución extrema, como decapitaciones, asesinatos masivos y desmembramientos.

Tras una operación militar ucraniana en Kursk en 2024, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó a los combatientes del bando de Kiev como “terroristas que podían ser aniquilados”, frase que Shvets relacionó directamente con los crímenes investigados.
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En el marco de estas investigaciones, nueve militares rusos figuran entre los principales sospechosos, mientras otros siete permanecen bajo la lupa de los servicios de inteligencia y cinco ya han recibido condenas judiciales por estos hechos.
El SBU sostiene que existen pruebas de que oficiales de alto rango del Ejército ruso han instado a sus subordinados a cometer crímenes de guerra en el campo de batalla.
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Paralelamente, Ucrania enfrenta amenazas adicionales en su territorio, entre ellas la intensificación de ataques rusos cerca de instalaciones nucleares clave.
El fiscal general Ruslan Kravchenko denunció que Rusia ha lanzado drones y misiles, incluidos los hipersónicos Kinzhal, siguiendo trayectorias próximas a la planta nuclear de Chernobyl y a la central de Khmelnytskyi.
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Bajo este contexto, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, instó a las partes involucradas a “la máxima prudencia cerca de instalaciones nucleares para evitar el peligro de un accidente nuclear”.
En paralelo a la investigación sobre la ejecución de prisioneros, las autoridades ucranianas confirmaron la repatriación de más de 2.100 menores que fueron deportados a Rusia tras la invasión de 2022.
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La iniciativa Bring Kids Back UA permitió que, solo en los primeros meses de este año, 150 niños regresaran con sus familias.
Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, destacó la importancia de este proceso, remarcando que la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, calificó la deportación y el desplazamiento forzoso de menores como un crimen contra la humanidad.
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Los representantes de la iniciativa, Oleksandr Bevz y Maksim Maksimov, explicaron que una comisión especial del Ministerio de Justicia de Ucrania trabaja en la verificación de los casos de secuestro de niños.

La orden de detención internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin, emitida por el Tribunal Penal Internacional, incluye entre sus cargos la deportación forzada de menores ucranianos desde territorios ocupados.
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(Con información de Europa Press y Reuters)
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