El oficialismo juega su última ficha para voltear las PASO, deja de lado su relato y expone a los gobernadores

La clave para encaminar el proyecto del Gobierno sería la vuelta del sistema de listas colectoras. Es una versión limitada del mecanismo eliminado por Macri hace siete años. Complica el discurso anticasta. Y también, para los jefes provinciales, el argumento de la economía electoral

Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week
Diego Santilli, junto a gobernadores. Larga negociación por las PASO.
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El oficialismo intentará este martes dar su primer paso en firme para avanzar con el proyecto de reforma electoral. Pasaron más de seis meses desde que el texto llegó al Senado y el último esfuerzo para coronar su iniciativa -con la intención de voltear las PASO, parte central del plan reeleccionista- gira como desde el primer día en torno a las tratativas con gobernadores. La oferta central, que circulaba como sondeo desde hace tiempo, recrea el mecanismo de las listas colectoras, eliminado hace siete años en épocas de disputa entre Mauricio Macri y el peronismo con sello de CFK. Es un espejo el que pocos y por distintas razones querrían mirarse: eso corre para libertarios, aliados y kirchneristas.

Los vaivenes con las normas electorales son un clásico de la política argentina. Y, también ahora, suelen poner en crisis el relato de los oficialismos. La vuelta de las colectoras –explicadas como una versión acotada de la versión derogada por decreto en 2019- no encaja con el discurso según el cual la propuesta del Ejecutivo buscaría mejorar la práctica electoral.

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Los trascendidos que circulan en medios de LLA y de la oposición indican que, finalmente, el reformulado texto incluye la suspensión de las primarias -reemplaza la eliminación- y la reinstalación de colectoras para que en las provincias puedan convivir dos listas de legisladores nacionales con un mismo candidato presidencial. Eso, en el orden nacional, daría margen para impulsar diputados y senadores que jueguen con los mandatarios locales y no como parte de los bloques violetas.

Es un interrogante a nivel provincial. Queda por verse el sentido amplio de los tratos para evitar la disputa de LLA con gobernadores amigos y los compromisos de fondos por distrito, desde deudas de sistemas previsionales hasta obras y giros discrecionales.

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El entendimiento debería ser sellado en el tratamiento en comisión del Senado, este martes, aunque queda la chance de dar las últimas puntadas en el camino al recinto: en el plan ideal del oficialismo, la sesión debería ser asegurada para el jueves de la próxima semana. Una alternativa no descartada es que, si la LLA no logra todas las firmas para acompañar sin vueltas el dictamen, pueda marchar con acompañamiento en disidencia de algunos dialoguistas, quizás de un espacio provincial y de filas del PRO y la UCR. En ese caso, sería necesario un esfuerzo adicional de Diego Santilli para llegar a la sesión con un paquete cerrado.

El jefe de Gabinete tiene a cargo esa tarea, en función de la línea marcada por Karina Milei. Y allí como en otros terrenos asoma la interna entre Olivos y Patricia Bullrich. La ex ministro y jefa del bloque de senadores oficialistas transmitió varias veces que puede operar para acordar con aliados y dialoguistas los ritmos del trámite legislativo -comisión y recinto-, pero el trabajo con los gobernadores, para alinear a los legisladores que les responden, corre por cuenta de Santilli. Y también, de Luis Caputo.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich, al frente del bloque en el Senado. Se mueve con juego propio.

“Finito”, resume un hombre que sigue de cerca las conversaciones y tiene diálogo con involucrados de un lado y otro en las negociaciones. Se refiere al recuento de votos para coronar el proyecto con los dos puntos referidos como eje. Destaca los pronunciamientos que en las últimas horas realizaron jefes provinciales de diálogo fluido con el Gobierno. Por supuesto, nadie arriesga si ya están realmente comprometidos los apoyos para sumar mayoría especial en el recinto, es decir, 37 legisladores.

El tema de las contraprestaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores para avanzar con la reforma electoral ya hacía difícil sostener el discurso anticasta, aunque era sostenido frente a la realidad legislativa del oficialismo, que no cuenta con mayoría propia en las dos Cámaras. En el primer tramo de mandato, Milei mantenía las cargas genéricas contra “la” política, con foco en el Congreso. Pero las leyes debieron recorrer el camino de las negociaciones y en muchos casos, con aceptación de cambios o poda de artículos.

El punto es que el reciclado de las listas que confluyen detrás de un candidato único, a nivel nacional, ya había expuesto bastante debate al final del gobierno de Macri, con fuertes cargas del PJ, especialmente en la provincia de Buenos Aires. El entonces presidente eliminó por decreto la posibilidad de instalar colectoras, un camino que había sido habilitado por Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Ahora, señalan como diferencia que la reposición del sistema es acotada, porque establece un máximo de dos listas y el uso de Boleta Unica de Papel, entre otras cuestiones, según trascendió.

Más complicada resulta la exposición de los gobernadores que dejan saber su intención de cerrar trato en esos términos con el oficialismo nacional. El argumento central para liquidar el sistema de primarias es el siguiente: eliminar gastos del Estado en un mecanismo previsto para resolver internas de los partidos o coaliciones políticas; evitar un test electoral prematuro, que puede afectar incluso a la economía muchos antes de la primera vuelta, y sacarle de encima al común de la gente una sobrecarga de votaciones.

Visto así, eso va a contramano de las señales de muchos jefes provinciales, dispuestos a adelantar las elecciones locales, es decir, desengancharlas del cronograma nacional. Eso depende políticamente de la voluntad de los oficialismos locales, salvo algún caso de obligación por razones constitucionales.

El Gobierno corre una carrera contra el tiempo para asegurar el trámite en el Senado y acelerar de inmediato en Diputados, con el objetivo de tener sancionada la ley antes de fin de año. El plazo tiene que ver con un señalamiento de la Cámara Electoral. Aún si todo funciona como apuesta el Gobierno, el inconveniente final podría ser la judicialización del punto de las colectoras. Es algo advertido en la oposición, aunque también sumaría señales desde el círculo de Patricia Bullrich.

La tensión libertaria asoma de diferente modo en el Congreso. En el mileismo no esconden fastidio por el mensaje con que la ex ministro expuso algo así como un contrapunto de agendas. Cuando desde el Gobierno volvían a difundir que la reforma electoral ocupa el primer renglón de prioridades, Bullrich destacaba que será sancionada este jueves la ley de discapacidad. Señales de la interna.

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