Sin margen de acción, el Gobierno analiza modificar el Presupuesto para cumplir con el Financiamiento Universitario

Con el presidente Javier Milei de viaje en los Estados Unidos, el Gobierno atravesará este jueves una jornada de doble presión política y legislativa, marcada por una nueva movilización universitaria y por el intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una norma que la administración libertaria considera central.

El conflicto con las casas de estudio escaló luego de que el juez federal Martín Cormick impusiera una multa diaria de $ 100.000 a Diego Santilli, jefe de Gabinete, por incumplir una medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y no docentes y con el fondo de becas previsto en la ley de financiamiento del sector.

Ante está situación, el Poder Ejecutivo cuestionó duramente al magistrado e insinuó que la sanción que le aplicó al funcionario estaría relacionada a sus vínculos con el ala más dura del kirchnerismo.

“Con pasado y amigos en La Cámpora, Cormick anteriormente buscó declarar nulo el protocolo antipiquetes con el que el Gobierno logró liberar las calles después de años de acampes, manifestaciones y piquetes que hacían imposible el tránsito y la circulación”, recordaron cerca de “El Colo”.

Asimismo, las autoridades nacionales anticiparon que apelarán tanto esa multa como el fallo que ordenó implementar la ley con la que insistió el Congreso luego del veto de Milei.

En la Casa Rosada sostienen que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023, junto con la suba del 21,33% dispuesta en junio, llevaron la actualización acumulada al 226,80%, una cifra que consideran compatible con las exigencias judiciales.

En este marco, en Balcarce 50 ratificaban que no asumirían nuevas erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal, aunque en las últimas semanas comenzó a analizarse una alternativa para cerrar esa discusión.

Si bien todavía se están estudiando todos los caminos, en la Casa Rosada ya empezaron a pensar en la posibilidad de modificar el Presupuesto 2027 para que los $ 11 billones reclamados por las universidades salgan de otras partidas.

“Es una alternativa que se está barajando. Es algo que se conversó hace un par de semanas en mesa política”, revelaron en el entorno de uno de los funcionarios que están detrás de esta idea.

La opción no tiene el consenso de todos los miembros de la cúpula libertaria, pero volvió a estar en discusión a partir de los sucesivos fallos judiciales, impulsados y celebrados por los representantes de las universidades.

Tal como contó este medio, fue el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el que notificó al juez Cormick de que había vencido el plazo para cumplir con los pagos, y solicitó entonces la multa contra Santilli.

“No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente“, comentó Franco Bartolacci, titular del CIN.

En cuanto a la sesión en Diputados, Casa Rosada confiaban en que los bloques más duros no alcanzaran el número necesario para habilitar el inicio del debate, aunque admitían que el resultado se mantenía abierto hasta último momento.

“Aún no estamos seguros al 100% de que no vaya a haber quórum. Estamos trabajando hasta último momento para desactivarlo”, reconoció a Infobae uno de los integrantes de la mesa política.

La preocupación del oficialismo se concentraba en la posibilidad de que algunos sectores que en otras oportunidades acompañaron al Poder Ejecutivo optaran esta vez por sentarse en sus bancas, ante la presión social.

En Provincias Unidas, por ejemplo, los diputados misioneros tenían previsto participar del debate, mientras que los representantes salteños mantenían dudas y planeaban definir su posición después de consultar con el gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz.

El PRO, en cambio, ya tenía decidido que no va a bajar al recinto, en un momento en el que está volviendo a bajar la tensión con La Libertad Avanza, luego de las diferencias por las partidas destinadas a discapacidad y los desacuerdos en torno a las negociaciones electorales para 2027.

La sesión convocada por la oposición tenía como uno de sus principales objetivos dejar sin efecto el DNU 70/2023, firmado por Milei al comienzo de su gestión y cuestionado en las últimas semanas a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la venta de tierras rurales a extranjeros.

El decreto eliminó regulaciones en sectores como alquileres, salud, transporte, comercio, mercado financiero y actividad inmobiliaria. Por esa amplitud, en el oficialismo advertían que una derogación integral podría abrir discusiones administrativas y judiciales sobre medidas aplicadas desde diciembre de 2023.

Con ese riesgo en el horizonte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión para el 21 de octubre, con la idea de tratar una alternativa legislativa que restituya límites a la venta de tierras y ofrezca una salida a los bloques aliados que rechazan ese punto del decreto, pero no quieren acompañar la caída completa de la norma.

La iniciativa incorpora modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y propone reponer los topes fijados por la Ley de Tierras, aprobada en 2011, durante la gestión de Cristina Kirchner.

Entre otras disposiciones, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no podrán tener más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia o de cada departamento.

En Balcarce 50 consideraban que esa propuesta podía contribuir a desactivar la convocatoria opositora y cuidar el DNU 70, aunque el resultado dependía de los contactos que se mantenían con los bloques dialoguistas y los gobernadores.

“Estamos bien, pero vamos a llegar justitos. La situación en la que estamos es que sabemos que vamos a terminar ganando, pero primero vamos a sufrir”, resumió a este medio una persona al tanto de las conversaciones parlamentarias.

La habitual mesa de diálogo con el PRO, que desde agosto buscaba acercar posiciones cada dos jueves, continuaba postergada por el escenario complejo y la falta de definiciones en varios frentes.

Mientras el oficialismo negociaba votos en el Congreso, los gremios docentes y agrupaciones estudiantiles estarán afuera del recinto llevando adelante una nueva movilización en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha volverá a poner ese tema en el centro de la agenda, mientras el Gobierno busca sostener sus alianzas parlamentarias para impedir que prospere el intento opositor de derogar el DNU 70.