El Gobierno acordó con los aliados restituir los límites a la venta de tierras para blindar el DNU 70/23

Buscan envitar que la oposición llegue al quórum mañana en la sesión donde buscarán derogar el mega decreto de Milei. Los libertarios introdujeron un nuevo capítulo al proyecto de Inviolabilidad de Propiedad Privada. Volverá a regir el tope del 15% de la norma aprobada por el kirchnerismo en diciembre de 2011. El proyecto se debatirá en el recinto el 21 de octubre

Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales
Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales
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El oficialismo acordó con sus aliados en la Cámara de Diputados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros y logró dictaminar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en el recinto en la sesión del 21 de octubre. La decisión va en la misma dirección que el último fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar interina, repuso temporalmente la vigencia de la ley de tierras que había sido derogada por el mega DNU 70/23.

El plenario de Legislación general y Asuntos Constitucionales tuvo lugar apenas 24 horas antes de la sesión convocada por la oposición para derogar el mega decreto desregulador que el presidente Milei firmó al inicio de su gestión. El objetivo de La Libertad Avanza fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.

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El mega decreto 70/23 eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.

“Los límites a la venta de tierra podría haber juntado cierto consenso, pero eliminar por completo el DNU 70 tendría un costo terrible por la incertidumbre que generaría”, explicó un referente de La Libertad Avanza.

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Diógenes González, del bloque UCR
Diógenes González, del bloque UCR

El inicio de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes Gonzáles propuso formalmente incluir en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.

La diputada peronista Paula Penacca, señaló el cambio de posición del oficialismo, que en el Senado impulsó la eliminación de los límites para la venta de tierras y ahora da marcha atrás: “Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado. Me sorprende que los libertarios firme un dictamen que va en contra de lo que piensa el Presidente, porque le puso la firma al DNU 70. Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda). En caso de ser aprobado con la reciente modificación por Diputados, el texto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.

La ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedó vigente tras el último fallo de la Corte, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

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