Contraofensiva de Furlán contra el interventor de la UOM: qué dijo sobre la militante que compró el departamento de abajo de CFK

La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de su obra social, OSUOMRA, hizo un balance demoledor sobre el estado en que el sindicato y la entidad de salud de los metalúrgicos fueron recibidas de la gestión de Abel Furlán: en sus 57 páginas se habla de una estructura administrativa casi inexistente, documentos esenciales ausentes, circuitos opacos de pago y procedimientos internos al borde de la anomia.

Además, se pone bajo la lupa el polémico contrato de la UOM con la empresa USEM, vinculada con La Cámpora, a partir de una auditoría realizada por la consultora BDO: allí se afirma que la compañía fue constituida el 7 de diciembre de 2022 y apenas 82 días después, el 27 de febrero de 2023, fue contratada por la UOM y OSUOMRA para intervenir en procesos críticos vinculados con la administración de cuentas y la ejecución de pagos.

Se menciona también que “el hallazgo institucional más relevante es la superposición objetivamente documentada entre contratante y proveedor: María Soledad Calle mantuvo una relación laboral con UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM”.

“En términos concretos -añade-, UOM y OSUOMRA contrataron para intervenir en la administración de fondos y ejecución de pagos a una sociedad constituida apenas 82 días antes y cuya mitad del capital pertenecía a una dependiente de la propia UOM”.

Así lo detalla el primer informe trimestral auditado y elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por el interventor Alberto Biglieri, quien asumió la gestión el 2 de junio pasado y ahora, como anticipó Infobae, compartirá sus tareas en un triunvirato con los abogados Pablo Daniel Iglesias y Ariel Martín Alonso.

Además del cambio en la estructura de la intervención, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe de presentado por Biglieri, al considerar que se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.

La contraofensiva de Furlán no se hizo esperar: sus abogados presentaron sendas denuncias en el fuero penal y en el laboral en las que apuntan contra las acusaciones del informe de Biglieri y, a la vez, advierten que, a más de 90 días de iniciada su gestión, la intervención del gremio aún no definió la fecha de los comicios en la Seccional Zárate-Campana, mientras se ampliaron sus facultades sobre la UOM, la obra social, la negociación colectiva y la administración de recursos.

Al mismo tiempo, los escritos cuestionan la decisión del interventor judicial de otorgar poderes bancarios a Betiana Gorosito para operar ante el Banco Nación respecto de UOM y OSUOMRA porque en 2022 fue designada presidenta y directora titular de Donington S.A, “firma que integró durante más de 2 décadas un esquema fiduciario de administración de recursos sindicales que luego fue sustituido por decisión de los órganos de conducción” del sindicato metalúrgico.

“La intervención judicial no recibió mandato para determinar qué modelo de administración financiera debía prevalecer dentro de la organización”, se afirma en una de las presentaciones, que comparten ese argumento.

Por un lado, el abogado Alejandro Rúa reclamó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.

El escrito sostiene que la intervención no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas desmienten todas las sospechas.

La presentación rechaza que la intervención judicial haya encontrado la UOM en una situación crítica, sin registros ni controles confiables, y asegura que existen balances aprobados por el propio Congreso Nacional de Delegados que demuestran “el ordenamiento y la solvencia” logrados tras los últimos cuatro años de gestión, con resultados positivos reconocidos año a año en las Memorias y Balances sindicales, incluso durante el ciclo económico adverso de la industria metalúrgica.

Como dato central, la defensa subraya que en el último ejercicio auditado (2025) la organización sindical tuvo “una ganancia de más de 10.700 millones de pesos”, logrando además acumulaciones de ahorro por USD 16.529.427 a lo largo de cuatro años.

Esta acumulación —sumada a “la millonada recuperada de la administradora anterior”— es para la defensa la prueba clave de la “calidad certificada” en la gestión del Secretariado Nacional que lideraba Furlán, no sólo reconocida internamente -remarca- sino también refrendada por la obtención de la certificación ISO 9001:2015, un estándar internacional de control y calidad en los procesos administrativos y financieros.

Las imputaciones más severas del informe de Biglieri giran en torno de eventuales irregularidades en la contratación de USEM, presunto epicentro de un “conflicto de intereses” por la simultánea participación de María Soledad Calle como empleada de la UOM y accionista de la empresa. Sin embargo, la defensa de Furlán señaló que la contratación respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de USEM 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.

El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.

Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto. Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para la organización sindical: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos, aseguran, quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.

La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.

Además, los abogados Álvaro Daniel Ruiz, Matías Cremonte y Carlos Zamboni Siri hicieron una presentación ante la Corte Suprema, en el marco de una queja por recurso extraordinario federal denegado, en la que se cuestiona el informe de gestión de Biglieri.

En el escrito se pone en conocimiento de “la gravedad de la extensión de una intervención que, además de injusta, ha transformado su objeto principal de normalizar por vía de nuevas elecciones en a Seccional Zárate-Campana, que fue la excusa de la intervención nacional, y se ha dedicado a reponer la administración de los recursos de la UOM al Grupo Olmos, entre otras cosas”.

En este último sentido, apuntan contra la decisión de Biglieri de sumar a su gabinete de asesores al médico Ariel Raúl Sosa, ya que “existirían publicaciones oficiales e institucionales que lo identifican como director médico o director sanatorial de BASA S.A./Red BASA, además de antecedentes como presidente de Policlínico Regional Avellaneda S.A. y Administración Salud S.A.”,

La presentación vincula esas designaciones con “estructuras empresariales relacionadas con servicios de salud y con el denominado Grupo Olmos”, que estuvo vinculado durante mucho tiempo con la UOM hasta que cuando asumió Furlán como secretario general, en marzo de 2022, disolvió ese vínculo y luego impulsó la contratación de USEM para el gremio y la obra social.

El escrito reclama un tratamiento urgente y reitera el pedido de suspensión de los efectos de la sentencia del 22 de mayo de 2026, que dispuso la intervención judicial de la UOM y el desplazamiento de Furlán, y de los actos dictados como consecuencia de esa resolución.