
El Gobierno sigue con los avances en la construcción de la Base Naval Integrada que estará en Ushuaia y anunció que se priorizarán los fondos en el Presupuesto 2027 a fin de comenzar a desarrollar el proyecto. El presidente Javier Milei anunció la semana pasada que avanzará con la iniciativa en medio de la tensión por la soberanía de las Islas Malvinas.
En un nuevo comunicado de la Oficina del Presidente, se anunció que denunciará a cinco empresas que buscan extraer petróleo en el archipiélago disputado entre la Argentina y el Reino Unido. En esa línea, informaron de una instrucción para el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que en la presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional para el año que viene se tenga como prioridad los fondos para iniciar con el proyecto.
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“El Presidente de la Nación firmó en el día de la fecha una instrucción presidencial dirigida al señor Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, a fin de que se priorice, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, que deberá ser remitido al Honorable Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”, señaló el comunicado.
Y añadieron: “Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”.
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Así, instrucción presupuestaria firmada por Milei coloca a la Base Naval Integrada de Ushuaia en el centro de la estrategia de defensa del Gobierno. Concebido hace más de una década, el complejo tiene dos objetivos estratégicos que están estrechamente relacionados: aumentar la capacidad de presencia y control argentino en el Atlántico Sur y transformar a Ushuaia en una gran plataforma logística para proyectarse hacia la Antártida.
Ese segundo objetivo adquirió una importancia especial en la definición que hizo el Presidente durante su mensaje por cadena nacional. Milei planteó que el mundo atraviesa una acelerada reconfiguración geopolítica, advirtió que las grandes potencias competirán cada vez más por recursos estratégicos y sostuvo que “la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia”. Inmediatamente después, vinculó esa perspectiva con la necesidad de aumentar la capacidad de proyección argentina sobre el Atlántico Sur.
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El Gobierno denuncia penalmente a cinco empresas por operar en Malvinas sin autorización nacional
La acción judicial estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Las firmas involucradas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según el texto oficial, tres de ellas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en la zona, lo que, para la administración nacional, constituiría una violación de la normativa argentina vigente.

La acusación alcanza también a las personas físicas vinculadas a esas sociedades. El comunicado oficial precisó que la presentación incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación. La Ley 26.659 es el instrumento jurídico central: esa norma establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales competentes.
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La denuncia penal se enmarca en una medida más amplia que el Gobierno había anunciado días antes. El viernes previo, la Cancillería informó que abriría procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.
Esa decisión busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones consideradas ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía. La administración libertaria indicó que el procedimiento no se limitará a las empresas con actividad directa en la zona, sino que también alcanzará a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios.
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