El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez afirmó este lunes en La Habana que “no habrá una crisis humanitaria en Cuba”, aunque reconoció el deterioro de servicios básicos y un aumento de la mortalidad infantil, al presentar el informe anual contra el embargo de Estados Unidos.
Rodríguez vinculó esos problemas con las sanciones que, según su exposición, afectan los vínculos de Cuba con compañías y gobiernos extranjeros. También indicó que el documento solo incorpora las consecuencias del primer mes de las restricciones energéticas que atribuyó a Estados Unidos.
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La mortalidad infantil pasó de cuatro a nueve coma nueve por cada 1,000 nacidos
Entre los datos presentados, Rodríguez señaló que la mortalidad infantil aumentó de cuatro por cada 1,000 nacidos vivos en 2018 a 9.9 en 2025. “Son niños, no números. Muertes que no debieron ocurrir”, expresó durante la conferencia de prensa.
El informe oficial calculó en USD 8,083.3 millones el costo del embargo estadounidense para Cuba entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026. Según el Gobierno cubano, se trata del mayor perjuicio anual desde que comenzaron sus estimaciones.
La cifra acumulada de daños económicos desde el inicio del embargo asciende a USD 178,700.5 millones a precios corrientes, de acuerdo con los cálculos incluidos en el documento.
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El ministro subrayó que el balance no incorpora el impacto completo de los meses posteriores. “Los daños en estos meses multiplican los daños que se produjeron en el período tratado”, afirmó.
Cuba señala a Estados Unidos por la crisis energética
Rodríguez sostuvo que las medidas adoptadas durante los últimos meses constituyen un “bloqueo naval”, una definición que, según dijo, equivale a un acto de guerra en el derecho internacional.
De acuerdo con su exposición, la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor durante las últimas décadas, después de la aplicación de esas medidas. Añadió que Cuba solo recibió un cargamento procedente de Rusia, con 100,000 toneladas de crudo, el 30 de marzo.
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El canciller describió las sanciones como un “cruel castigo colectivo” y afirmó que buscan provocar una crisis humanitaria. También comparó sus efectos con la situación en Gaza, al señalar que en Cuba el daño ocurre “sin bombas”, aunque “también mata”.
La presentación coincidió con un aumento de las tensiones entre La Habana y Washington. Rodríguez afirmó que existen conversaciones entre ambas partes, pero acusó a Estados Unidos de carecer de voluntad para avanzar en ese diálogo.
El funcionario dijo que Cuba percibe una “amenaza existencial” y advirtió que una eventual intervención militar derivaría en “un verdadero baño de sangre”, con víctimas cubanas y estadounidenses.
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La Asamblea Nacional aprobó 176 cambios económicos y sociales
Más allá de las sanciones externas, el régimen cubano reconoce que el país atraviesa desde hace seis años una crisis marcada por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y por fallas en el diseño y la aplicación de políticas monetarias y económicas.
En junio, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó 176 transformaciones económicas y sociales. El paquete habilitó normas para crear empresas privadas con más de 100 trabajadores, permitir la contratación directa, facilitar inversiones de cubanos residentes en el exterior, otorgar tierras en usufructo por tiempo indeterminado y ampliar la apertura en el comercio y el turismo.
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El economista Omar Everleny consideró, en declaraciones a EFE, que las medidas muestran que “Cuba va hacia el mercado”. Rodríguez afirmó que esperan resultados “a corto plazo” y negó que haya mantenido contactos con Estados Unidos sobre las reformas.
El canciller añadió que cubanos residentes en Estados Unidos y empresas de ese país consultaron por las posibilidades de inversión. También aseguró que hay 7,000 contenedores detenidos en puertos cercanos a Cuba, muchos de ellos contratados por firmas privadas de la isla.
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