Organizaciones piden a la CIDH medidas de protección por la desaparición de abogada en Nicaragua

Dos organizaciones humanitarias solicitaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para la abogada opositora nicaragüense Thelma Montenegro, de 54 años. Según denunciaron, la defensora permanece detenida y desaparecida desde fines de agosto, en un contexto que consideran de riesgo para su vida, integridad física y libertad personal.

El pedido fue presentado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que advirtieron que Montenegro está desaparecida desde fines de agosto y que su salud agrava el riesgo denunciado ante la CIDH.

Las organizaciones afirmaron que la mujer fue privada de la libertad el 19 de agosto, cuando acudió a una delegación policial de Santa María de Pantasma, en el departamento de Jinotega, para renovar su licencia de conducir. Allí, indicaron, agentes policiales le retuvieron el teléfono celular y documentos personales.

Según el comunicado difundido por Cejil y Nicaragua Nunca Más, Montenegro recuperó la libertad tres días después, el 22 de agosto. No obstante, al día siguiente recibió una nueva citación de las autoridades, bajo el argumento de que debía retirar las pertenencias confiscadas durante su primera detención.

Cuando se presentó nuevamente en la dependencia policial, fue detenida por segunda vez. Desde entonces, no se ha informado sobre su paradero ni sobre una comunicación oficial de las autoridades nicaragüenses que permita establecer su situación jurídica.

Las organizaciones alertaron por la salud y el paradero de la abogada

Cejil y el Colectivo Nicaragua Nunca Más sostuvieron que la segunda privación de libertad derivó en una desaparición forzada, al no existir información pública sobre el lugar donde permanece la abogada ni sobre las condiciones de su detención.

“Su detención arbitraria y posterior desaparición son un acto de represalia por la búsqueda incansable de justicia”, expusieron las entidades en su presentación ante la CIDH. También vincularon el caso con el hostigamiento que, según dijeron, enfrenta su familia desde hace años.

Montenegro integra la Asociación Madres de Abril, un grupo de familiares de víctimas de la represión que siguió a las protestas de 2018 en Nicaragua. La abogada ha cuestionado al régimen que encabezan los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las entidades solicitantes advirtieron que Montenegro requiere medicamentos cotidianos y seguimiento médico regular. Por ese motivo, pidieron que se garantice su acceso a tratamientos y controles sanitarios mientras se desconoce su ubicación.

“Es imprescindible que mantenga un acceso regular tanto a los controles de salud como a sus tratamientos farmacológicos”, señalaron las organizaciones.

La familia de Montenegro sufrió varios asesinatos desde 2019

El reclamo ante la CIDH también reconstruye una secuencia de hechos violentos que afectó a familiares de la defensora. Su hermano Oliver Montenegro fue asesinado en enero de 2019 en su finca, en el municipio de El Cuá, en el norte nicaragüense.

En junio de ese año, su hermano Edgar Montenegro y su hijo de crianza, Yalmar Zeledón, fueron asesinados en Honduras, país al que habían llegado en busca de refugio. Dos meses más tarde, en agosto de 2019, su esposo, Francisco Blandón Herrera, murió asesinado en la ciudad de Wiwilí, cerca de la frontera hondureña.

Para Cejil y Nicaragua Nunca Más, estos casos no constituyen hechos aislados. Las organizaciones sostuvieron que forman parte de “una serie de actos sistemáticos y continuados” contra Montenegro y su entorno familiar.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, tras las protestas contra Ortega. La tensión aumentó luego de las elecciones de noviembre de 2021, cuando fue reelegido para un quinto período, el cuarto consecutivo, con dirigentes opositores encarcelados antes de los comicios.

Los principales aspirantes opositores detenidos entonces fueron posteriormente expulsados del país, privados de la nacionalidad nicaragüense y de sus derechos políticos. El régimen los acusó de promover un golpe de Estado y de traición a la patria. La información fue difundida por la agencia EFE a partir de la declaración de las organizaciones que solicitaron las medidas de protección.