El Gobierno anunció medidas para sancionar a empresas vinculadas con la exploración petrolera en las Malvinas, una decisión orientada a reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas bajo control británico y a cuestionar la explotación de recursos naturales en un área cuya disputa fue reconocida por las Naciones Unidas.
El alcance práctico de esa ofensiva tiene un límite central. Según explicó Fernando Tarapow, especialista en Derecho Internacional y profesor de Atlántico Sur y Antártida en Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, el Estado argentino solo puede actuar sobre compañías que tengan activos, oficinas o negocios en el país. La restricción deja fuera de su alcance directo a firmas que operen cerca de las islas pero carezcan de presencia económica local.
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Ese punto define a quiénes podrían afectar las sanciones. La medida apunta sobre todo a proveedores de logística, servicios, abastecimiento, transporte, equipos, insumos y asistencia técnica que trabajen en Argentina y al mismo tiempo participen en proyectos de exploración asociados con Malvinas.
Si una empresa desarrolla actividad petrolera o de servicios en el mercado argentino y además colabora con iniciativas en la zona disputada, el Estado puede sancionar su operación local, indicó Tarapow en diálogo con Infobae Al Mediodía. Si no tiene bienes ni actividad económica en territorio nacional, “no lo va a poder hacer”, sostuvo el especialista al describir el límite jurídico de la iniciativa.
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El foco argentino está en los proveedores con negocios locales
La distinción entre operadoras principales y empresas auxiliares aparece como uno de los ejes de la estrategia oficial. Tarapow señaló que Argentina podría intervenir sobre firmas logísticas o de servicios que operen en Vaca Muerta, Mar del Plata o Chubut, aunque no tenga la misma capacidad para actuar contra el proyecto petrolero principal.
La consecuencia inmediata no recaería solo sobre las compañías operadoras. También alcanzaría a quienes evalúan prestar apoyo comercial o técnico, porque una firma con presencia en Argentina debería decidir si mantiene sus negocios locales o si participa en actividades petroleras próximas a las islas.
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Tarapow vinculó esa respuesta con el marco normativo e internacional que invoca Argentina. Sostuvo que el discurso presidencial reafirmó la posición del país sobre la soberanía de las Islas Malvinas y volvió a instalar la cuestión como un asunto prioritario para la República Argentina.
El profesor citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa entre Argentina y Reino Unido. Añadió que referentes británicos rechazan la existencia de ese conflicto de soberanía.
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Las resoluciones de la ONU y un decreto vigente
Al mismo tiempo, el especialista mencionó la Resolución 37/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa norma plantea que los gobiernos deben abstenerse de realizar actos unilaterales que dificulten una futura negociación mientras la disputa siga abierta.
Sobre esa base consideró que Argentina debe protestar frente a las acciones británicas ligadas a la exploración petrolera. A su juicio, esas actividades contradicen el criterio de abstención fijado por la resolución internacional.
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El profesor recordó además un decreto firmado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner sobre el apoyo logístico desde puertos argentinos. La norma exigió autorización del Gobierno nacional para actividades que conectaran puertos del país con las Islas Malvinas.
Según Tarapow, ese decreto continúa vigente. Su objetivo fue impedir que empresas argentinas aportaran logística a actividades petroleras relacionadas con las islas.
La discusión sobre las sanciones se cruza con un problema de infraestructura y rutas marítimas. Durante la conversación se planteó que los proyectos petroleros requieren una estructura logística amplia y que el traslado de materiales, equipos y personal puede definir costos, tiempos y recorridos en la cuenca marítima.
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En ese punto apareció una ruta hacia Punta Arenas, en Chile, impulsada a partir de una iniciativa del municipio local. Los participantes señalaron que esa conexión reduce la distancia para transportar materiales hacia las islas y puede modificar el esquema de abastecimiento.
El reclamo argentino abarca más de 200 islas y sus espacios marítimos
Tarapow sostuvo que la cuestión Malvinas no se limita a las dos islas principales. Explicó que el reclamo argentino incluye un archipiélago de más de 200 islas, además de las islas Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
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Esos espacios, indicó, alcanzan las 200 millas y forman parte de la proyección argentina en el Atlántico Sur. Para el especialista, la discusión involucra al mismo tiempo soberanía territorial y control sobre los recursos naturales ubicados en esa área marítima.
El especialista valoró la coordinación entre ministerios y destacó el trabajo de la Cancillería Argentina. Señaló que sus funcionarios analizan las respuestas que debe dar el Estado como sujeto de derecho internacional público.
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