En menos de tres meses, el Gobierno de Panamá adjudicó la construcción y equipamiento de dos nuevos centros penitenciarios, que representarán una inversión conjunta de $267,100,631 y permitirán incorporar 5,500 plazas.
Ambas licitaciones fueron ganadas por Constructora Rigaservices, S.A., después de recibir solamente dos ofertas en cada proceso.
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El proyecto más costoso corresponde al Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, conocido como la cárcel de Divisa, que será levantado en Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera.
El Ministerio de Gobierno adjudicó la obra por $181,1, pese al rechazo expresado por residentes, autoridades locales y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue publicada en PanamáCompra el 8 de junio de 2026 y la adjudicación se emitió el 1 de septiembre, mediante la Resolución RA-031. Entre ambas fechas transcurrieron 85 días calendario, periodo durante el cual se efectuó la homologación, se modificó el pliego, se recibieron las propuestas y se completó su evaluación
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Aunque 18 empresas participaron en las etapas preliminares, solo dos entregaron propuestas cuando venció el plazo el 13 de agosto. Rigaservices ofertó $181,188,813, mientras que el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos propuso $181,629,000. La diferencia entre ambas ofertas fue de apenas $440,187, equivalente a 0.24%.
La propuesta ganadora superó en aproximadamente $3.99 millones el precio de referencia de $177.2 millones, pero permaneció por debajo del límite establecido para considerarla onerosa.
La comisión verificadora concluyó que Rigaservices cumplió los requisitos del pliego y presentó el precio más bajo, sin que se registraran observaciones o reclamos contra su informe.
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El complejo de Los Canelos tendrá capacidad para 3,000 personas privadas de libertad y alojamiento para unos 450 custodios. Sus pabellones estarán diferenciados para internos de mínima, mediana y alta seguridad; los dos primeros grupos ocuparán dormitorios colectivos, mientras que las personas consideradas de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales.
La infraestructura contará con áreas administrativas, educativas, médicas, industriales y de custodia, además de tres anillos de seguridad.
También incorporará videovigilancia, controles biométricos y sistemas de inspección, destinados a controlar los accesos y la circulación interna. El plazo estimado de ejecución será de 36 meses desde la orden de proceder.
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La adjudicación se produjo pese a que residentes de Santa María y Divisa han rechazado la ubicación del proyecto. Las comunidades sostienen que una inversión de esa magnitud debería atender primero las necesidades de agua potable, carreteras, escuelas, alcantarillados, instalaciones deportivas y actividades productivas de la región.
También han advertido sobre el posible impacto de la cárcel en la identidad agrícola y comercial de la zona. Miembros de la Asociación Nacional de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura han señalado que unas 35 de las 45 hectáreas destinadas al proyecto presentarían condiciones de inundabilidad, situación que podría elevar su complejidad y costo.
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La segunda adjudicación corresponde al Centro de Resarcimiento y Rehabilitación de Las Garzas, ubicado frente a La Joya, La Joyita y La Nueva Joya.
La convocatoria se publicó el 29 de junio y la resolución de adjudicación fue emitida el 21 de agosto, por lo que el procedimiento tomó 53 días calendario.
Rigaservices obtuvo este contrato por $85,911,818, frente a los $88,301,155.66 ofrecidos por el Consorcio de Infraestructura Social Las Garzas. La diferencia alcanzó $2,389,337.66. El precio de referencia era de $85 millones, de manera que la oferta adjudicada lo superó en $911,818, cerca de 1.1%.
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Este centro albergará a 2,500 personas preliberadas o sometidas a un régimen diferenciado de confianza, además de 160 custodios. Los dormitorios serán diseñados para un máximo de seis internos e incluirán baños individuales, espacios de estudio y áreas de convivencia, con un modelo orientado hacia la preparación para recuperar la libertad.
El proyecto incorporará seis aulas, dos salones multipropósito, laboratorio de informática, biblioteca y espacios de apoyo académico.
También tendrá consultorios médicos y psicológicos, áreas de terapia grupal y talleres de herrería, soldadura, carpintería, ebanistería, panadería y fabricación de estructuras prefabricadas de concreto.
Las instalaciones incluirán dos canchas multiuso techadas, una cancha sintética de fútbol rápido y un gimnasio, junto con espacios para ajedrez, juegos de mesa, actividades culturales, atención familiar y oración.
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Para los custodios se construirán dormitorios, áreas de descanso, servicios sanitarios, vestidores e instalaciones deportivas propias.
Los dos proyectos buscan responder a la sobrepoblación que durante años ha presionado el sistema penitenciario panameño. Las cifras oficiales registraban 24,553 personas privadas de libertad al cierre de julio de 2026, mientras que la capacidad instalada se estimaba en aproximadamente 14,700 plazas a comienzos del año.
Esa diferencia representa unas 9,853 personas por encima de la capacidad disponible y una ocupación cercana al 167%. Si las 5,500 nuevas plazas entraran en funcionamiento y la población penitenciaria permaneciera en el nivel actual, la capacidad nacional aumentaría a aproximadamente 20,200 cupos.
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Aun así, persistiría un déficit superior a 4,300 espacios, lo que evidencia que construir cárceles aliviaría la presión, pero no eliminaría por sí solo el hacinamiento.
¿Quién es Constructora Rigaservices?
Las dos adjudicaciones penitenciarias se suman a una cartera de obras públicas obtenida por Constructora Rigaservices, fundada en 1995 y presidida por Ricardo Gardellini Escobar.
Una parte importante de esa contratación corresponde a proyectos de la Caja de Seguro Social, entre ellos la Ciudad de la Salud y las policlínicas de Aguadulce, Penonomé, David y San Antonio. También figuran el Hospital de Almirante y el Instituto de Salud de los Trabajadores, además de obras de adecuación y equipamiento médico.
La empresa también ha obtenido contratos para instalaciones deportivas, mercados y proyectos de infraestructura en diferentes provincias. Entre ellos aparecen la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro, el estadio Mariano Rivera, las villas deportivas de Changuinola y el Mercado Periférico de Alcalde Díaz. Ahora, las dos cárceles agregan $267.1 millones a su cartera de adjudicaciones estatales.
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