La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo saber al canciller Pablo Quirno que avanza con la denuncia presentada hace más de una década y media por la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao contra el Estado argentino.
En una nota diplomática fechada el 13 de agosto y dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, el organismo trasladó las observaciones sobre el fondo del asunto presentadas por la parte peticionaria y fijó un plazo de cuatro meses —hasta el 13 de diciembre, prorrogable hasta un máximo improrrogable de seis meses (13 de febrero de 2027)— para que el Gobierno responda.
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De no haber respuesta en ese plazo, la CIDH advirtió que igual podrá pronunciarse sobre el caso con la información que ya tiene en el expediente.
Un conflicto con más de 15 años de historia
La comunidad Paichil Antriao ocupa distintos predios públicos y privados en la zona de Villa La Angostura, a orillas del lago Correntoso y en las inmediaciones del cerro Belvedere.
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Sus integrantes sostienen que un lote pastoril de 625 hectáreas —entregado en 1902 durante la presidencia de Julio Argentino Roca— fue progresivamente absorbido por el crecimiento de la ciudad, al punto de que hoy la comunidad conserva apenas una fracción de ese territorio original.
El eje central del reclamo es la paralización del relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160, que debería derivar en la entrega de un título de propiedad comunitaria. Según sus representantes, los estudios técnicos —trabajos de campo, informes antropológicos y planimetría— ya están terminados, pero la resolución administrativa sigue trabada en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
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La comunidad mantiene en paralelo al menos diez disputas de tierras en la zona, tanto con el municipio de Villa La Angostura como con privados. El caso más conocido es el del camping del Lago Correntoso, ocupado desde 2011.
El 7 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la comunidad, recurriendo al artículo 280 del Código Procesal —una vía que permite desestimar un caso sin fundamentar la decisión en profundidad—. El abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez, cuestionó ese mecanismo y adelantó en ese momento que la disputa continuaría “en el plano internacional”.
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La nota de la CIDH a Cancillería llega en ese contexto. El organismo interamericano había reactivado el expediente en abril, advirtiendo que podía archivarlo si no recibía respuesta, y en mayo decidió resolver de manera conjunta la admisibilidad y el fondo del caso —una decisión poco frecuente que, según los abogados de la comunidad, podría anticipar un pronunciamiento desfavorable para el Estado argentino.
Si la CIDH concluye que hubo violaciones a los derechos humanos, el organismo emite un Informe de Fondo con recomendaciones al Estado. El paso previo habitual es explorar una solución amistosa entre las partes, algo que el municipio y la comunidad ya intentaron en el pasado sin éxito.
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El abogado insistió en la creación de una instancia de diálogo entre las partes, aunque el municipio cree que la misma podría fracasar nuevamente, debido a que existen otros antecedentes inmediatos que no tuvieron resultados.
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