El Gobierno informó los motivos de las desvinculaciones en la Comisión Nacional de Energía Atómica

El Gobierno nacional brindó explicaciones a cerca de las recientes bajas en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), aclarando que no constituyen despidos sino la no renovación de 61 contratos de plazo fijo, suscritos en su totalidad durante 2023 bajo la administración de Adriana Serquis. La aclaración llegó en medio de una protesta encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que tomó este martes la sede central del organismo en el barrio porteño de Núñez.

Luego de las protestas en el edificio central, el Ejecutivo confirmó que 61 contratos no serán renovados. Corresponden en su mayoría a asistentes administrativos sin estudios terciarios, explicaron.

De acuerdo con la información que proporcionó el Gobierno, el perfil del personal desvinculado contradice la versión sindical: 42 de los 61 contratos corresponden a trabajadores con nivel educativo primario o secundario, sin formación terciaria ni universitaria. Según la información oficial, no hubo bajas entre ingenieros nucleares ni entre el plantel técnico-especializado que sostiene las operaciones del organismo.

El vocero presidencial Adrián Ravier había adelantado, horas antes de que comenzara la ocupación, que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos. Esa cifra engloba el conjunto de ajustes en la dotación del organismo, dentro de un programa más amplio de reducción del empleo en la Administración Pública Nacional.

Ravier precisó que en los últimos dos meses el ritmo de egresos de la administración central retomó un promedio de unas 3.000 bajas mensuales, producto de revisiones de estructuras y dotaciones. A ese proceso se suman retiros voluntarios en organismos como Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), Radio y Televisión Argentina (RTA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). En total, 3.983 personas se acogieron a esos planes de retiro voluntario.

El vocero también detalló que las autoridades superiores del Estado se redujeron un 36% respecto de la gestión anterior, con una disminución del 50% en ministerios, 39% en secretarías, 32% en subsecretarías y 45% en cargos de asesores.

La protesta en Av. Libertador 8250 derivó en incidentes. Fuentes de las fuerzas de seguridad informaron que el personal desvinculado ingresó al edificio de manera irregular, lo que obligó a la Gendarmería Nacional —que custodia la sede por tratarse de una institución estratégica— a solicitar refuerzos, incluidos vehículos blindados. Durante los disturbios, un efectivo resultó lesionado en la boca con heridas leves y se produjeron la rotura de dos escudos. El cordón de seguridad permitió retirar a las autoridades que se encontraban en el segundo piso bajo acción hostil de los manifestantes.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió la medida de fuerza a través de sus redes sociales y anunció una permanencia en el lugar hasta obtener respuestas. El gremio señaló que el presidente de la CNEA, Martín Porro, no se presentó ante los trabajadores, aunque aclaró que esa fue una “decisión propia” de la autoridad. ATE calificó las bajas como una “canallada” e invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad laboral en el Estado.

La organización sindical sostuvo que las desvinculaciones afectan a “profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, según el comunicado del gremio. Esa caracterización choca con los datos oficiales, que circunscriben las bajas al segmento administrativo y sin formación especializada.