El Gobierno enfría la aprobación del Tratado de Patentes en Diputados a la espera de señales de Estados Unidos

Tras enviar una andanada de proyectos de ley al Congreso durante las últimas semanas, el oficialismo comenzó a dar señales de cuáles serán sus prioridades y qué iniciativas quedarán para más adelante. Mientras aceleran con el tratamiento del denominado Super RIGI y la eliminación de las PASO, La Libertad Avanza decidió posponer el debate del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) que, llamativamente, es una de las pocas iniciativas que ya tiene dictámen.

El PCT obtuvo dictamen de mayoría y quedó listo para ir al recinto hace dos semanas gracias a que los libertarios cedieron a la presión de los laboratorios nacionales y aceptaron dejar “en reserva” el Capítulo II del Tratado.

El Tratado de Patentes permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

Pero los laboratorios nacionales habían planteado su rechazo al Capítulo II bajo el argumento de que facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país. Particularmente advirtieron sobre la proliferación del “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional para patentar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender artificialmente los monopolios por 20 años y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perderá soberanía porque los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad. También plantearon que la implementación del tratado podría llevar a la destrucción del mercado de genéricos y biosimilares dado que la industria farmacéutica argentina basa gran parte de su negocio en la réplica legítima y producción de genéricos competitivos.

El objetivo inicial del Gobierno era ratificar el tratado antes del 30 de abril, que era la fecha límite acordada con la administración republicana en el marco del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.

La Casa Rosada no pudo cumplir con ese plazo pero luego del dictamen tampoco buscó acelerar los tiempos. Según explicaron fuentes oficiales, desde Cancillería pidieron enfriar el trámite legislativo a la espera de algunas señales de Estados Unidos.

“El gobierno de Donald Trump ya tuvo dos reveses judiciales respecto al cuadro arancelario y todavía tiene que implementar el cuadro arancelario del acuerdo con Argentina”, señaló un funcionario al tanto de la negociación.

En febrero, la Corte Suprema anuló la suba de aranceles recíprocos que Trump impuso al resto del mundo como metodo de negociación. La Casa Blanca argumentó que una ley de 1977 le permitía al presidente regular la importación durante emergencias y también establecer aranceles. Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles.

En ese sentido, desde el oficialismo explicaron que probablemente entre finales de junio y mediados de julio la administración republicana publicará los nuevos aranceles y ahí quedará en claro que se cumplieron los compromisos mutuos.

Una vez lograda la media sanción, el texto deberá volver al Senado ya que fue modificado (la reserva del Capítulo II).

La semana que viene el oficialismo dará el puntapié inicial al debate en comisión del Super RIGI, esperando poder avanzar con este proyecto y con la reforma política para eliminar las PASO antes de que comience el Mundial. Ese cronograma obedece al miedo de la Casa Rosada a que los gobernadores aliados comiencen a tomar distancia de cara a la pelea electoral del año que viene.