La mesa política se reunió en Casa Rosada y acordó enviar al Congreso la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La mesa política, la cumbre de los más importantes dirigentes políticos del Gobierno, se reunió durante dos horas este viernes en Casa Rosada con el objetivo de ordenar la gestión política y alinear las prioridades legislativas para las próximas semanas. Se trata de un encuentro en el que todos sus integrantes pondrán en común su agenda de reformas y, con eso, la forma de coordinar cada una de esas prioridades. Y es que hay funcionarios que difieren en el timing o de la manera en la que sus pares pretenden presentar determinados proyectos.

El encuentro fue convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hace casi una semana y busca que la agenda política del oficialismo adquiera una impronta más propositiva. El alfil mileista considera que el tema de su situación patrimonial y de las causas judiciales que tiene en Comodoro Py ya no son atractivas para el público general y ve en la dinámica del Congreso una oportunidad para meter cuña en la discusión pública.

“Los medios ya pasaron del lado del ridículo total”, le dijo Adorni a un interlocutor habitual en la jornada de ayer. La opinión de sus compañeros de mesa es variable: hay quienes no coinciden. De cualquier manera, el ministro coordinador ya tenía la intención de hacer un anuncio de nuevas iniciativas que se van a enviar al Congreso.

Al finalizar el encuentro, el Gobierno anunció que durante el viernes serán remitidas la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

Fuentes gubernamentales reconocieron que esta última modifica la actual Ley de Emergencia en Discapacidad que la oposición logró sancionar y voltear el veto presidencial el año pasado. El proyecto prorrogó la emergencia hasta 2027 y regulariza pagos a prestadores, la actualización de aranceles y la reforma de pensiones no contributivas, entre otras cosas. La idea es bajar el costo fiscal que esta acarrea para las arcas del Estado.

El elenco del encuentro de este viernes estuvo compuesto por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem. No estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo, porque se encuentra en Estados Unidos por haber ido a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Los otros proyectos que se trataron en la reunión

Uno de los temas más interesantes que se van abordaron en la reunión es la manera en la que tratar la reforma del Código Penal, ya que existe una diferencia de ideas entre dos alas del Gobierno.

Por un lado, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llegó a su cargo con la intención de darle su propia impronta a la extensa iniciativa reformista de 912 artículos que habían formulado sus predecesores. Mientras se aboca a eso, el funcionario acordó con Martín Menem la presentación de una suerte de reforma preliminar que solo creara nuevos tipos de delitos e incrementara ciertas penas para, en meses posteriores, tratar la más importante.

“Yo necesito proyectos que no sean tan extensos”, le habría dicho el presidente de la Cámara de Diputados a varios de sus pares. Esto se funda en una percepción de que el oficialismo busca trabajar en diversas iniciativas al mismo tiempo y que no existe una facilidad absoluta para poder avanzar con un debate profundo sobre la reforma del Código Penal.

Esto colisiona con la estrategia que ponderan desde el ala de Santiago Caputo. Según los especialistas jurídicos que se desempeñan en ese entorno, la reforma no puede no tratarse de manera integral. Uno de ellos explicó a Infobae: “Podés generar un desfasaje entre ciertas tipificaciones que quieras hacer con respecto a todo el resto del Código, que va a ser más viejo. Corrés el riesgo de tener una nueva Ley Blumberg”.

Hacia el final del encuentro, tanto desde el entorno de Santiago Caputo como en el de Martín Menem reconocieron que no hubo acuerdo sobre como presentar esta reforma.

La agenda de la mesa política fue más extensa. Quienes siguen el temario legislativo afirman que se analizó el estatus del proyecto de ley Hojarasca, una iniciativa con el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para derogar cerca de 70 leyes y decretos considerados obsoletos. Cabe la posibilidad de que se incluya en una próxima sesión en la Cámara de Diputados.

Durante la reunión se discutieron la aprobación de acuerdos internacionales varios y definir cuándo dictaminar y mandar a recinto el proyecto de ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. Este último también fue enviado por el ministerio dirigido por Sturzenegger e importa mucho en las consideraciones del Presidente.

El proyecto propone habilitar desalojos exprés, modificar requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado, eliminar límites para el uso agrícola de terrenos incendiados y descentralizar el programa de regularización dominial de barrios populares. Aun así, varios de sus apartados resultan altamente controvertidos para la oposición (algo que se vio en el debate en comisiones en el Senado) y podría ser una iniciativa de difícil movilización parlamentaria.

En el temario también figuró el análisis del estatus de la Reforma Política. Esta contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. El karinismo no quiere incluir en la reforma la circuncripción uninominal de los distritos, algo que es visto con ambición desde el caputismo, donde reconocen que es una propuesta complicada para que prospere con la situación legislativa actual.

Aunque el listado de proyectos es extenso, se buscó acercar posiciones para avanzar con el tratamiento del proyecto alternativo de Financiamiento Universitario que el Gobierno había anunciado que iba a presentar y movilizar en el Congreso. El Poder Ejecutivo presentó esta madrugada un recurso extraordinario federal ante la Cámara para que no comience a aplicar la ley y tener que financiar los $ 2,5 billones que dispone la iniciativa. En la Casa Rosada admiten que hacer eso hará volver el déficit fiscal, pero tampoco se apuraron en movilizar su proyecto universitario, lo cual da cuenta de las falencias de la gestión que acusan varios integrantes libertarios.