Pedido de renuncia a funcionarios de Córdoba y crítica al negacionismo: qué dice el documento leído en la marcha Ni Una Menos

El colectivo Ni Una Menos leyó este miércoles, ante la multitud reunida frente al Congreso de la Nación, un documento que exigió renuncias, condenas y la restitución de políticas públicas de género, a once años de la primera marcha originada por el femicidio de Chiara Páez en Rufino, Santa Fe.

El texto arranca con los tres femicidios que motivaron la convocatoria de este año. El más reciente, el de Agostina Vega, adolescente de 14 años de Córdoba, ocupa el centro de las demandas institucionales: el documento exige la renuncia del ministro de Seguridad cordobés Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes responsabiliza de “la desidia organizada del poder judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad”. A ese caso se suman el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones, y el de Noelia Romero, en Temperley, provincia de Buenos Aires.

Sobre el caso Agostina, el escrito apunta directamente a la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, a quien repudia por haber calificado ese crimen como “homicidio” en lugar de nombrar la figura de Femicidio, prevista en el Código Penal. Según el documento, esa decisión “no es meramente una cuestión de lenguaje: implica negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad”.

El texto también reclama justicia por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas, y exige una condena para Justo Fernando Barrientos con reconocimiento expreso del crimen como lesbicidio. Pide justicia y reparación para Sofía Castro Riglos, única sobreviviente de ese ataque. Además, reclama justicia por Mariel Jiménez, de Villa Lugano, y condena efectiva a su agresor. Pide la búsqueda activa de Camila Maidana, de Comodoro Rivadavia (Chubut), y de Delicia Mamani, desaparecida en Córdoba desde hace seis meses, oriunda de Jujuy. El escrito también menciona a Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y reclama justicia por Sofi Fernández y por Valeria Micaela Benítez.

Uno de los párrafos más contundentes del documento presenta la cifra acumulada desde la primera marcha: entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género, distribuidas en 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio. “No son números, son vidas arrancadas por la violencia machista”, afirma el texto.

Frente a esos datos, el documento denuncia que el gobierno de Javier Milei eliminó las políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género, y que la mayoría de los gobiernos provinciales retiraron o vaciaron sus propias políticas en la materia.

El escrito también denuncia la complicidad del Poder Judicial con las violencias de género, por la falta de respuestas, la revictimización y la demora en las investigaciones.

Otro bloque del texto se enfoca en la comunidad travesti y trans. El colectivo insiste en nombrar los travesticidios y transhomicidios, y reclama protocolos específicos para las desapariciones de personas trans y travestis, una demanda que el movimiento retoma desde el caso de Tehuel de la Torre. El documento pregunta: “¿Dónde está Tehuel?”. Reivindica la memoria de referentas como Diana Sacayán, Lohana Berkins, Claudia Pía Baudracco y Zoe López García.

El texto también se pronuncia contra el proyecto de la senadora Carolina Losada sobre las llamadas “falsas denuncias”, al que describe como un intento de “blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian”. Denuncia la separación de la niña Arcoiris de su entorno protegido por disposición del Poder Judicial de La Rioja, y la vinculación forzada con personas denunciadas por abuso sexual. Exige su restitución a su madre, y también la del niño M a su madre, Alexandra Sabio, de Neuquén, víctima de violencia vicaria según el documento.

En materia de derechos reproductivos, el escrito exige la plena implementación de la Ley de Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, el acceso a misoprostol, mifepristona y anticonceptivos, y el fin de las barreras que limitan la autonomía de las mujeres. “Desfinanciar la salud sexual y reproductiva, obstaculizar el aborto legal y forzar maternidades es violencia estatal”, señala el texto. Rechaza también el intento de eliminar la Educación Sexual Integral (ESI), y cita a las docentes de Vega: “la ESI salva vidas”.

El documento denuncia la deuda alimentaria de progenitores, que según el texto alcanza a 7 de cada 10 hogares monomarentales, y señala que las trabajadoras comunitarias de los barrios populares sostienen una triple jornada de trabajo —en el hogar, en el mercado laboral y en la comunidad— que llega a casi 14 horas diarias.

Frente a eso, el cierre del texto alerta sobre las amenazas de cierre del Programa Volver al Trabajo, que otorga 78.000 pesos mensuales a más de 900.000 familias en todo el país.