Senadores del PJ presentaron un proyecto para proteger el sistema nuclear argentino y blindarlo ante posibles cambios

Los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio y Wado de Pedro, presentaron este domingo 31 de mayo, en el marco del Día Nacional de la Energía Atómica, dos proyectos de ley orientados a darle continuidad a las políticas de desarrollo nuclear argentino frente a lo que la posibilidad de cambios estructurales impulsados por el gobierno actual.

La primera iniciativa, firmada por ambos senadores, apunta a proteger la continuidad del reactor CAREM, el primer reactor nuclear de potencia diseñado íntegramente en la Argentina y uno de los desarrollos tecnológicos más novedosos del mundo en materia de reactores modulares pequeños.

El proyecto establece que cualquier decisión que implique la cancelación del CAREM, la transferencia de la tecnología generada en su marco o su desvinculación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) deberá contar con una mayoría agravada de dos tercios del Congreso nacional. La exigencia apunta a blindar institucionalmente un proyecto que concentra décadas de inversión pública y formación de recursos humanos especializados.

La segunda iniciativa, impulsada por Di Tullio, extiende esa lógica de protección al conjunto de las políticas estratégicas del sector nuclear. La propuesta alcanza a los programas de investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología, los acuerdos internacionales de cooperación y otras decisiones estructurales para el sistema nuclear argentino.

Al igual que en el caso del CAREM, la propuesta fija la necesidad de amplios consensos institucionales para avanzar en esas materias. El objetivo declarado es consolidar la energía nuclear como una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno.

“No podemos permitir que una política transversal como ésta quede a merced de las decisiones arbitrarias de los gobiernos de turno. Los argentinos y argentinas nos merecemos diseñar y sostener estrategias a largo plazo”, sostuvo Di Tullio al presentar el proyecto.

La senadora también denunció que “todas las propuestas de desarrollo de este gobierno están orientadas a la extracción indiscriminada de nuestros recursos, a la entrega de nuestro patrimonio”, y advirtió: “No podemos permitir que además destruya el sistema de ciencia y tecnología”.

De Pedro, por su parte, puso el acento en la singularidad de la posición argentina a nivel global. “Somos uno de los pocos países del mundo que desarrolló el ciclo completo de la tecnología nuclear con fines pacíficos. Ahí hay décadas de inversión pública, trabajo argentino, formación de recursos humanos y desarrollo científico que forman parte del patrimonio estratégico de la Nación”, afirmó el senador.

Sobre el reactor en cuestión, fue directo: “El CAREM es una muestra de la capacidad que tiene la Argentina para generar tecnología de punta, agregar valor al conocimiento y construir soberanía tecnológica“, y lo definió como “una herramienta clave para el desarrollo autónomo del país”.

Esas definiciones retoman una posición que De Pedro ha sostenido durante años en defensa de la CNEA, INVAP, Nucleoeléctrica Argentina y el propio proyecto CAREM.

En los fundamentos de ambas iniciativas, los legisladores advierten que el sistema nuclear argentino constituye un activo estratégico para el desarrollo nacional, la soberanía energética, la producción de conocimiento y la inserción internacional del país.

También señalan que la paralización de proyectos, la pérdida de capacidades tecnológicas o la discontinuidad de políticas de largo plazo generan daños difíciles de revertir.

La elección de la fecha no fue casual. El 31 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Energía Atómica en la Argentina, una efeméride que recuerda los hitos de un sector que posicionó al país como referencia mundial.

Ante lo que los senadores describen como los desaciertos del gobierno de Javier Milei y el interés oficial en avanzar hacia la privatización de los activos más relevantes del complejo nuclear, las propuestas buscan dotar al sector de mayores resguardos institucionales y garantizar que las decisiones de mayor impacto cuenten con consensos políticos amplios y duraderos.