El Gobierno inició sumarios a La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir las conciliaciones obligatorias dictadas según la normativa vigente durante el último paro de la CGT.
Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que indicó que la decisión fue instrumentada a través de la Secretaría de Trabajo luego de que la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria por parte de cada sindicato fue “verificada y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes conforme a la fecha en la que se detectó el incumplimiento”.
A partir de los sumarios, a los dos gremios se les aplicarían fuertes multas, mientras que las sanciones previstas por la ley llegan al quite de la personería.
En el comunicado de Capital Humano, se afirma que “en función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".
“El Ministerio de Capital Humano contempla dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, concluye el comunicado oficial.
De esta forma, el Gobierno avanza con una medida que causará rechazo en todo el espectro del sindicalismo y que servirá como precedente para futuros incumplimientos de la conciliación obligatoria.
La Fraternidad, que lidera Omar Maturano y agrupa a los conductores de locomotoras, adhirió al paro de la CGT del 19 de febrero pasado aunque estaba dentro del período de la conciliación obligatoria, pero el gremio argumentó que esa medida no podía aplicarse a una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.
En el caso de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, el argumento por el cual adhirió al paro de la CGT es que la conciliación obligatoria había sido dispuesta para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los que trabajaban en el AMBA.
La conciliación obligatoria implica que empresarios y sindicalistas deben iniciar 15 días de negociaciones en audiencias en la Secretaría de Trabajo, prorrogables por otros 5, período en el cual las dos partes deben retrotraer la situación al momento previo al conflicto, lo cual implica no tomar medidas de acción directa o suspenderlas. El no acatamiento de esta obligación expone a las partes a fuertes sanciones.
El último antecedente de multas aplicadas por Trabajo por este motivo fue durante el gobierno de Mauricio Macri y afectó al Sindicato de Camioneros, que dirige Hugo Moyano. La sanción fue aplicada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca el 19 de julio de 2018, a través de la Resolución N° 27.768, porque verificó que el gremio violó la conciliación obligatoria dictada en un conflicto por un bono de fin de año, en diciembre de 2017.
La multa aplicada a Camioneros fue de 809.790.710 pesos, calculada sobre el total de 182.797 trabajadores de la actividad. Sin embargo, el sindicato de Moyano impugnó la sanción y se negó a pagarla hasta que el gobierno de Alberto Fernández, a través del ministro de Trabajo Claudio Moroni, declaró en 2020 la “nulidad” del proceso administrativo que dio lugar a la sanción por considerar que “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.
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